La JEP imputó a exFARC por torturas y violencias contra menores reclutados

La Jurisdicción Especial para la Paz avanzó en el Caso 07 con imputaciones a nueve exintegrantes de las FARC-EP por su presunta máxima responsabilidad regional en crímenes cometidos contra niños y niñas reclutados. La investigación documenta malos tratos, ejecuciones, torturas y violencias reproductivas en medio de un régimen interno de coerción permanente.

“La guerra no solo mata en el campo de batalla: también disciplina, castiga y destruye la infancia”, resume uno de los grandes dilemas que dejó el conflicto armado colombiano. En esa línea, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a imputación a nueve antiguos integrantes de las extintas FARC-EP por su presunta máxima responsabilidad regional en malos tratos, torturas, ejecuciones y violencias reproductivas contra niños y niñas reclutados.

Las decisiones se concentran en dos patrones de violencia dentro del Caso 07: por un lado, las agresiones asociadas al régimen interno de la guerrilla; por el otro, las violencias reproductivas sufridas por las niñas que permanecieron en sus filas. La JEP reconstruyó estos hechos a partir de entrevistas con 214 víctimas, cuyos relatos dieron cuenta de castigos, tareas incompatibles con la edad y el desarrollo físico, restricciones de comida y sueño, entrenamientos sin preparación adecuada y exposición directa a combates. También se identificaron anticoncepción y abortos forzados contra las niñas reclutadas.

La magistrada Lily Rueda explicó que los menores fueron sometidos a labores cotidianas como transportar leña, abrir trincheras, cocinar y realizar tareas de aseo. En el contexto de las guerrillas colombianas, la utilización de menores no solo implicó combate, sino también una lógica de sometimiento integral de la vida cotidiana, algo que ha sido ampliamente señalado por organismos de justicia transicional y derechos humanos en distintos procesos de desmovilización y esclarecimiento.

Las sanciones también alcanzaban acciones que podían parecer menores, como intentar contactar a la familia, comer un trozo de panela sin autorización o negarse a participar en torturas. Rueda sostuvo que la Sala de Reconocimiento identificó un régimen que regulaba cada aspecto de la vida de los niños y niñas dentro de la organización armada.

La magistrada describió ese sistema como un “entorno de coacción permanente”, marcado por vigilancia constante y obediencia impuesta para anular la autonomía de las víctimas. Según explicó, esa dinámica garantizaba que los menores cumplieran las tareas ordenadas por la guerrilla sin que su edad fuera una consideración para quienes ejercían el control.

La funcionaria afirmó que esos hechos no correspondieron a episodios desconectados. “Estos no fueron hechos aislados”, dijo al referirse a conductas que la Sala considera sistemáticas. Las víctimas relataron que los castigos incluían trabajos obligados, aislamiento, agresiones físicas, humillaciones y fusilamientos.

La magistrada señaló que los procedimientos disciplinarios y los llamados consejos revolucionarios de guerra no respetaban garantías básicas, entre ellas el derecho de defensa, la legalidad y la independencia. En términos jurídicos, la JEP viene insistiendo en que la estructura de mando y disciplina de la exguerrilla no operaba como un simple esquema interno, sino como un sistema capaz de producir responsabilidad penal por patrones de violencia reiterados.

Análisis y proyecciones: el avance de este expediente refuerza una tendencia central de la justicia transicional colombiana: pasar de la identificación de hechos aislados a la reconstrucción de patrones criminales y cadenas de mando. Ese enfoque suele ser clave para establecer responsabilidades de máximos responsables y para construir verdad judicial sobre el reclutamiento de menores, uno de los episodios más traumáticos del conflicto. A mediano plazo, decisiones de este tipo pueden ampliar el impacto simbólico y judicial de la JEP, pero también tensionar el debate público entre quienes reclaman sanciones más severas y quienes priorizan la búsqueda de verdad, reparación y no repetición.

La JEP documentó torturas, tratos crueles y ejecuciones sin garantías

Dentro del patrón relacionado con malos tratos y violencia extrema, la Jurisdicción registró 104 víctimas sometidas a tortura. Otras 28 personas fueron sometidas a tratos crueles, de acuerdo con la información presentada por la magistrada.

A su vez, 208 víctimas fueron objeto de condenas y ejecuciones sin juicio previo o sin las garantías indispensables. Rueda señaló que las imputaciones comprenden “malos tratos, torturas, sentencias, ejecuciones, condenas y juicios sin garantías”.

La Sala vinculó esos patrones con la estructura jerárquica de las extintas FARC-EP y con el control que sus mandos regionales ejercían sobre la vida intrafilas. La investigación apunta a quienes, desde esas instancias, implementaron, desarrollaron y controlaron las expresiones regionales de patrones que ya habían sido identificados a escala nacional.

En noviembre de 2024, la Sala de Reconocimiento hizo pública una imputación contra seis antiguos integrantes del Secretariado por su presunta máxima responsabilidad en el nivel nacional.

Esa decisión incluyó cinco patrones: reclutamiento y utilización de niños y niñas, malos tratos y homicidios, juicios sin garantías, violencias reproductivas, violencias sexuales y agresiones basadas en prejuicios contra menores de orientación sexual diversa.

En perspectiva histórica, la posición de la JEP ha evolucionado desde la apertura de macrocasos centrados en patrones amplios hasta una individualización más fina de responsabilidades regionales y nacionales. Ese recorrido muestra un cambio importante: ya no se examinan solo los hechos, sino también la arquitectura que los sostuvo, desde la cadena de mando hasta los mecanismos disciplinarios y de control sobre las víctimas.

Los entrenamientos expusieron a menores a armas, explosivos y combates

Un grupo de 68 víctimas describió abusos durante los entrenamientos militares. Los menores eran obligados a cargar armamento pesado, recorrer largas distancias y manipular explosivos y minas antipersonal sin la preparación necesaria.

Otros 81 testimonios señalaron que los reclutados fueron llevados a operaciones militares y quedaron expuestos al fuego enemigo pese a que no tenían experiencia suficiente para afrontar combates.

Entre las prácticas de castigo figuraban la privación de alimento y sueño cuando los menores fallaban en ejercicios de manejo de armas o explosivos.

La magistrada Rueda indicó que la obediencia operó como un mecanismo de control sobre las víctimas, en un contexto donde la organización imponía tareas y sanciones sin distinguir entre adultos y menores de edad.

La funcionaria también reveló que la Jurisdicción documentó casos de suicidio de menores como consecuencia de los malos tratos sufridos durante su permanencia en las filas.

En términos de evolución del conflicto y de la respuesta institucional, el foco sobre el reclutamiento infantil se ha ido ampliando desde la sola denuncia humanitaria hacia una lectura jurídica más completa: violencia sexual, violencia reproductiva, disciplina coercitiva y homicidios pasan a ser parte de un mismo entramado. Esa ampliación no altera los hechos ya conocidos, pero sí cambia la manera en que el Estado y la sociedad los interpretan, los prueban y eventualmente los sancionan.