Envían a prisión a una mujer investigada por abusos a menores en Buenaventura

La Fiscalía presentó dos casos graves que avanzan en la justicia penal: una mujer fue enviada a prisión en Buenaventura por presuntos abusos contra dos menores, y otra enfrenta cargos por trata de personas en Villavicencio. En ambos expedientes, las autoridades describen mecanismos de captación, control y explotación particularmente alarmantes.

“En delitos contra niños, la cercanía y la confianza suelen convertirse en el primer mecanismo de abuso”, es una de las advertencias más repetidas por especialistas en protección infantil, y ese patrón aparece con crudeza en el caso que ahora investiga la Fiscalía en Buenaventura.

Una mujer identificada como Sharon Hasbleidy Alomía Angulo fue enviada a prisión por los delitos de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años y actos sexuales agravados contra menores de esa edad.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la procesada habría aprovechado su cercanía con la familia de dos hermanos, de 8 y 11 años, para someterlos a agresiones sexuales. Los hechos habrían ocurrido entre abril y septiembre de 2026 en Buenaventura, departamento de Valle del Cauca.

De acuerdo con los elementos recopilados por el ente acusador, Alomía Angulo presuntamente trasladaba a los niños a inmuebles ubicados en los barrios Centenario y San Francisco del puerto en el Pacífico colombiano. En esos lugares, según la hipótesis de la Fiscalía, se habrían cometido los abusos.

Las autoridades también indagan si la mujer registró parte de los hechos con su teléfono celular. La información entregada por los investigadores indica que habría tomado fotografías y grabado videos de los menores, material que presuntamente destinaba a la circulación como contenido para adultos.

El caso quedó bajo conocimiento de la justicia penal, que deberá establecer la responsabilidad de la imputada a partir de las pruebas recaudadas durante la investigación. La Fiscalía sostuvo que los delitos atribuidos tienen circunstancias de agravación por la edad de las víctimas.

En contextos de explotación sexual infantil, la evidencia digital suele convertirse en un elemento decisivo: teléfonos, registros de imágenes y videos pueden fortalecer la acusación y, al mismo tiempo, ampliar el alcance del daño sobre las víctimas, una tendencia que las autoridades han señalado como creciente en América Latina durante los últimos años.

Detalles de la captura

La detención de la mujer fue ejecutada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el barrio San Francisco de Buenaventura. En el video del procedimiento, un agente le informó a la mujer sobre el motivo de su aprehensión y le leyó los derechos que le asisten como persona detenida.

“Le voy a leer los derechos que le asisten”, se escucha decir al funcionario. Luego le explicó que podía indicar a quién debía comunicarse su detención. Ante la consulta, la mujer respondió: “Ahí está mi mamá”.

Durante la diligencia, el investigador también le informó sobre su derecho a guardar silencio y le advirtió que cualquier manifestación podía ser usada dentro del proceso. “No está obligada a declarar”, señaló el agente, de acuerdo con el registro audiovisual.

En las audiencias preliminares, la mujer no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Pese a esa decisión, un juez ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad, por lo que permanecerá en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

Este tipo de decisiones judiciales se inscriben en una línea de actuación cada vez más firme frente a delitos sexuales contra menores: en los últimos años, la respuesta institucional ha tendido a priorizar medidas restrictivas de libertad cuando existen riesgos de obstrucción, reiteración o afectación grave a las víctimas.

Imputaron a mujer por presunta trata de personas en Villavicencio

Por otra parte, una oferta laboral para trabajar como “meseras” en Villavicencio terminó en un caso de trata de personas agravado que afectó a cuatro mujeres, entre ellas varias adolescentes procedentes de Medellín, según la Fiscalía General de la Nación.

La señalada es María Ofelia Ortiz Gil, a quien un fiscal de la Seccional Meta imputó por su presunta participación en los hechos. La procesada no aceptó el cargo y una juez de control de garantías ordenó que permanezca privada de la libertad en su residencia mientras continúa la investigación.

Los hechos investigados ocurrieron entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2024. De acuerdo con el ente acusador, las cuatro mujeres llegaron a la capital del Meta tras recibir una propuesta para desempeñarse como meseras.

Al arribar a Villavicencio, habrían sido trasladadas a un establecimiento comercial que sería propiedad de Ortiz Gil. Allí, según la investigación, les comunicaron que debían sostener encuentros sexuales con clientes y permanecer en el lugar hasta que se fuera la última persona atendida.

La Fiscalía indicó que las víctimas permanecían encerradas y bajo vigilancia mediante cámaras de seguridad. La mujer investigada también habría controlado sus desplazamientos, ofrecido alojamiento y fijado los cobros por bebidas alcohólicas y servicios sexuales.

El caso salió a la luz después de que la madre de una de las adolescentes alertara sobre su paradero. Esa información permitió a las autoridades localizar el sitio y ejecutar un procedimiento de rescate para poner a salvo a las cuatro afectadas.

En perspectiva, ambos expedientes reflejan una evolución clara en la respuesta penal frente a la explotación sexual y la trata: mayor énfasis en la trazabilidad de la prueba, uso de evidencia tecnológica y coordinación entre unidades investigativas para rescatar víctimas y judicializar a los presuntos responsables. Si los jueces confirman las hipótesis de la Fiscalía, los casos podrían consolidar criterios más severos sobre captación, retención y aprovechamiento de menores y mujeres vulnerables.

También muestran un cambio en la forma de operar de estas redes o conductas abusivas: ya no dependen únicamente de la coerción física, sino de engaños laborales, vínculos de confianza y dispositivos móviles para registrar o controlar. Esa combinación hace que la prevención requiera no solo persecución penal, sino alertas comunitarias, protección familiar y detección temprana de señales de riesgo.