Aceleración política, economía frágil y la pulseada por 2027
La política y la economía volvieron a quedar entrelazadas en un clima de incertidumbre que anticipa la disputa de 2027. Mientras el Gobierno insiste en que el plan no cambiará, la oposición busca capitalizar las señales de fragilidad y ordenar su propio tablero.“La Argentina suele vivir al ritmo de sus elecciones de medio término y presidenciales”, una constante histórica que vuelve a aparecer cuando el calendario político se acelera y la economía deja de dar margen para la tregua. Con ese telón de fondo, el escenario nacional empieza a girar, otra vez, alrededor de 2027, mientras crece la pulseada entre el oficialismo y la oposición.
Falta todavía un año para octubre de 2027 y, en términos estrictamente electorales, recién entre mayo y junio debería quedar despejado el mapa de candidatos y la foto de la relación de fuerzas. Sin embargo, la dinámica se adelantó. Aunque en la Casa Rosada aseguran que no hay apuro por cerrar alianzas, Javier Milei rompe con frecuencia ese libreto cuando apunta contra Axel Kicillof, a quien califica de “enano soviético”. En ese marco, la oposición encuentra en esa confrontación un eje para aglutinarse y acelerar sus definiciones.
Los motivos de esa premura son varios. El primero, y quizás el más sensible, está en la economía. La oposición interpreta que hay señales de fragilidad: subió la desocupación, la informalidad laboral sigue alta y el trabajo en negro alcanza el 45 por ciento. La pobreza trepó al 32 por ciento, incluso entre quienes tienen empleo. En construcción, el empleo cayó 1,1 por ciento por primera vez en 15 meses; la industria acumula una baja interanual del 5,7 por ciento, aunque entre julio y agosto se estabilizó; y el consumo masivo retrocedió 1,1 por ciento.
La inflación de septiembre cerró en torno al 1,7 por ciento y volvería a repetir el registro del mes anterior, tal vez con algunas décimas más. Algunas consultoras, como C&T, la ubican incluso en 1,9 por ciento. El problema, en todo caso, es que sigue costando bajarla al 1 por ciento, una meta que el Gobierno considera imprescindible para consolidar su programa.
El interrogante central es si la administración libertaria logrará reactivar la actividad cuando los salarios todavía no recuperaron lo perdido frente a la inflación y el crédito sigue prácticamente clausurado para amplios sectores de la población. En ese contexto, JPMorgan advirtió a sus clientes sobre el riesgo de una recesión en la Argentina, entendida como seis meses consecutivos de caída de la actividad. La economía cayó 2,9 por ciento en julio. Analytica y Orlando Ferreres registraron una leve recuperación en agosto. El dato oficial del trimestre que cerró en septiembre se conocerá recién en noviembre, aunque aun con un crecimiento anual del PBI de 1,5 o 2 por ciento no estaría garantizado que esos dos meses alcancen para revertir el signo del período.
El frente financiero también suma tensión. En Wall Street y en París observan con atención si Luis Caputo podrá afrontar los vencimientos de 2027. El ministro sostiene que sí, pero los banqueros mantienen dudas. Por eso Milei reforzó en la OCDE —como ya lo había hecho en Nueva York— su mensaje de respaldo a la caja del Gobierno al asegurar que cuenta con una “bazuka de dólares” para enfrentar intentos desestabilizadores y golpistas.
El riesgo país tocó los 640 puntos, luego bajó, pero volvió a rebotar hasta 650. En septiembre subió 19 por ciento. Se trata de una señal que sintetiza varios factores: el deterioro de los indicadores económicos, la menor compra de dólares por parte del BCRA —473 millones en septiembre, 40 por ciento menos que en agosto— y el temor a un regreso de la lógica pendular de la política argentina. En otras palabras, pesa la idea de que, si Milei no gana, el esquema actual podría no sobrevivir. A eso se suma la negativa presidencial a introducir correcciones en un programa que ya exhibe signos de fatiga.
Análisis y proyecciones
La tensión entre disciplina fiscal, actividad económica y gobernabilidad no es nueva en la Argentina: cuando un programa económico depende tanto de la confianza financiera y tan poco de la recomposición del ingreso, la política suele absorber rápido el costo social. Por eso, si la inflación no sigue cediendo, el salario real no mejora y el crédito continúa restringido, la discusión sobre el rumbo del plan económico puede trasladarse con más fuerza al Congreso, a los gobernadores y a la pelea por el armado electoral de 2027. En ese marco, cualquier repunte parcial de exportaciones o de sectores dinámicos puede servir para ganar tiempo, pero difícilmente alcance por sí solo para disipar la incertidumbre social y política.
La falta de correcciones al programa económico ya generó reparos en el Fondo Monetario Internacional. Joyce Wang y otros representantes del organismo terminaron la revisión de los números de la economía y luego la vocera Julie Kozack pidió que el crecimiento no se concentre solo en energía, campo y minería, sino que se expanda y se distribuya de manera más equitativa. El FMI, en definitiva, observa con preocupación la sostenibilidad del plan.
En ese punto apareció también una diferencia dentro del propio oficialismo ampliado. Patricia Bullrich, que defiende la continuidad del proyecto libertario, se alineó con parte de ese diagnóstico y advirtió: “No podemos tener algunos sectores que crezcan tanto junto al comercio y la industria caídos”. Planteó la necesidad de un puente entre la Argentina que avanza en Neuquén y la realidad industrial del AMBA. Mientras Milei espera que los sectores más prósperos derramen por sí solos, Bullrich propone incentivar ese derrame, una discusión que refleja cómo cambió la conversación económica dentro del espacio en los últimos años, desde la promesa de shock y ajuste hacia la búsqueda de un crecimiento más amplio y políticamente sostenible.
Caputo, por su parte, volvió a defender su hoja de ruta. Dijo que las exportaciones llegarán este año a 100.000 millones de dólares y que en 2031 treparán a 180.000 millones. También reiteró que no habrá devaluación. Según su mirada, el modelo genera cada vez más dólares y por eso no existe incertidumbre sobre el tipo de cambio, mientras la base monetaria no crece. “No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a ocurrir”, afirmó. Y descalificó a quienes piden una devaluación, a los que definió como “momias” que solo buscan una economía cerrada, con precios subsidiados y salarios pobres.
En paralelo, el Gobierno busca mostrar respaldo externo. Durante su viaje a París, Milei procuró exhibir apoyos internacionales y anuncios de inversión. Ya había sumado al RIGI el proyecto de Toyota por 1.350 millones de dólares para fabricar camionetas híbridas, parte de las cuales se exportarán. Luego se conocieron nuevas inversiones: Total anunció 10.000 millones de dólares vía RIGI; Pan American Energy sumó otra inversión en Chubut; y Eramet anunció una ampliación de 350 millones de dólares en Salta para litio. Para la Casa Rosada, ese es el ejemplo de que el programa sigue atrayendo capitales.
Sin embargo, la reacción defensiva de empresas, inversores y familias muestra que la incertidumbre está lejos de disiparse. Los mercados compran bonos atados al dólar como cobertura, pero se desprenden de los títulos de mayor plazo que vencen en 2028 y 2029. Los industriales postergan decisiones de inversión y las personas se refugian en la compra de divisas: 3.300 millones de dólares en julio y 2.800 millones en agosto, parte de los cuales se atesoran en bancos, se envían al exterior o se destinan a consumos en moneda extranjera.
La oposición acelera
La oposición logró instalar su propia agenda: la idea de una economía frágil y de un Gobierno que no contiene a los sectores más débiles, entre ellos discapacitados y deudores morosos. Frente a la imagen de una Argentina dinámica en energía, petróleo y agro, y un AMBA industrial que reclama un puente para reubicarse en el nuevo tablero, el peronismo y otros espacios buscan interpelar a la Argentina cotidiana, la que —según su diagnóstico— no llega a fin de mes.
En Diputados, el tema de la morosidad ya tuvo plenario de comisiones. La Libertad Avanza reunió las firmas para un dictamen de mayoría, pero la oposición pretende avanzar con una sesión para declarar la emergencia e impulsar un plan de refinanciación. A eso se sumó un asunto inesperado: el debate sobre el derecho de los extranjeros a comprar tierras en forma ilimitada. Una ley del kirchnerismo había fijado un límite, pero el DNU 70/23 lo derogó y la Corte Suprema rechazó la impugnación contra esa norma, un giro procesal que terminó por adquirir lectura política.
La oposición también busca recrear el clima de fines de 2024, cuando logró arrinconar al Gobierno en el Congreso y avanzar con las leyes de discapacidad y financiamiento universitario, luego vetadas por la Casa Rosada para preservar el equilibrio presupuestario. Por eso pidió una sesión especial para el 15 de octubre, con la intención de completar la derogación del DNU 70/2023 y tratar discapacidad y morosidad.
Detrás de esa aceleración hay una razón más profunda: las distintas tribus del peronismo todavía necesitan tiempo para ordenar su interna. La unidad está lejos de alcanzarse y, como tantas veces en la historia política argentina, el primer paso para reorganizarse es identificar un adversario común. En ese mapa, Milei y Kicillof concentran buena parte de la disputa simbólica.
Nada está definido. El Índice de Confianza en el Gobierno cayó 5,9 por ciento en septiembre respecto de agosto, lo que envalentona a la oposición. Pero el oficialismo cree que todavía puede revertir la tendencia. El propio indicador ya había mostrado derrumbes mayores en otros momentos: entre abril y mayo cayó casi 12 por ciento; en septiembre de 2025 retrocedió 8,2 por ciento y en el mes electoral recuperó 8,1 por ciento, para después saltar 17 por ciento tras las urnas. Es un índice muy volátil, como el humor social, y las últimas encuestas muestran una mejora de la opinión sobre la gestión.
En el plano internacional, la visita de J. D. Vance a la Argentina refuerza la señal de apoyo de Donald Trump a su socio regional. La última vez que un vicepresidente de Estados Unidos pisó el país fue en 2017, cuando ocupaba ese cargo Mike Pence. La visita tiene además una lectura política adicional: Trump transita su segundo mandato y no puede postularse otra vez, por lo que Vance aparece entre los nombres mencionados como eventual candidato, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio.
