Pichetto busca frenar el DNU de tierras y evalúa ir a la Corte
Miguel Pichetto analiza pedir un per saltum si la Justicia no concede la cautelar contra el artículo 154 del DNU 70/23. La oposición intenta además reunir quórum para derogar el decreto en Diputados.“La historia argentina está atravesada por el debate sobre la tierra, la soberanía y quién puede concentrar recursos estratégicos”, es una de esas frases que vuelve a cobrar sentido cada vez que el Congreso y la Justicia chocan por el control del territorio. En ese marco, Miguel Pichetto analiza la posibilidad de pedir un per saltum para llegar a la Corte Suprema si el Poder Judicial no le concede la cautelar que presentó junto a Nicolás Massot para impugnar el artículo 154 del DNU 70/23.
El apuro del dirigente rionegrino responde a un riesgo concreto: mientras no se restituya una medida de freno judicial, cualquier actor podría avanzar con compras de tierras y luego intentar hacer valer esa operación como un derecho adquirido. Esa ventana temporal es la que, según su planteo, vuelve urgente una decisión cautelar.
La presentación de Pichetto y Massot se produjo después de que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaran la cautelar obtenida por los ex combatientes de Malvinas contra el artículo que derogó la vieja ley de tierras. Esa norma tenía como objetivo proteger el territorio nacional frente a la venta a manos extranjeras. Aunque los jueces de la Corte objetaron la lectura pública de su decisión y sostuvieron que se habían limitado a pronunciarse sobre la legitimidad de los demandantes —en este caso, ex soldados argentinos—, el efecto práctico del fallo dejó vigente el artículo 154 del decreto y desactivó los principios protectores de la ley.
A través de un comunicado, Pichetto y Massot rechazaron esa interpretación. “Como consecuencia de esa decisión, la derogación de la Ley de Tierras volvió a producir plenamente sus efectos”, señalaron, y precisaron que “actualmente no rigen los límites que la norma establecía para la adquisición de tierras rurales por extranjeros: ni por porcentaje nacional, provincial o departamental, ni por nacionalidad o superficie”. También remarcaron que “tampoco rige la prohibición de adquirir inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”.
La preocupación de los diputados se centra en las escrituras de compraventa que podrían concretarse hasta que el Congreso trate el DNU. Según ese razonamiento, esas operaciones podrían quedar a resguardo aun si la Cámara de Diputados derogara el decreto el próximo 15 de octubre, fecha prevista para la discusión en el recinto. “Faltan dos semanas y se puede rematar el país en ese lapso de tiempo”, advierten fuentes parlamentarias.
En paralelo, la oposición busca convertir la discusión sobre tierras en un eje político y parlamentario. Tras el fallo de la Corte, el objetivo pasó a ser la derogación del mega decreto en el Congreso, en una pulseada que combina estrategia judicial, presión legislativa y disputa por la agenda pública.
La jugada de Pichetto podría colocarlo frente a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dos magistrados cuyos pliegos él mismo votó en 2016, luego de que Mauricio Macri intentara designarlos por decreto. El tercer integrante del tribunal, Ricardo Lorenzetti, también es una figura conocida para el diputado desde los primeros años de los gobiernos kirchneristas, cuando fue propuesto como ministro de la Corte.
El recorrido político de Pichetto ayuda a explicar por qué hoy ocupa un lugar singular en este conflicto. Se acercó a Cristina Kirchner desde que la ex presidenta cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad, aunque se había distanciado cuando Macri asumió la presidencia del entonces Frente para la Victoria y hasta integró la fórmula electoral con el líder de Cambiemos en 2019. Ese retorno a un peronismo de borde, a mitad de camino entre el ala más progresista del PJ y los sectores más conservadores, lo convierte en un aliado útil para el kirchnerismo, ya que puede impulsar maniobras en defensa de derechos que resultan más costosas políticamente cuando las encabeza un dirigente identificado de forma directa con Cristina Kirchner.
En octubre de 2023, el debate por la tierra extranjera se inscribe además en una discusión más amplia sobre desregulación, activos estratégicos y límites del decreto presidencial. La tensión entre libertad de mercado y protección de recursos nacionales no es nueva: en la Argentina, la regulación de tierras rurales y zonas ribereñas suele reaparecer cada vez que cambian los criterios sobre inversión, soberanía y control territorial.
