Piden cinco años para una pareja por estafar a un hombre con discapacidad
La Fiscalía de Cantabria acusa a dos expareja de haberse aprovechado de la vulnerabilidad de un hombre con discapacidad para vaciarle sus ahorros. El caso llegará a la Audiencia Provincial con una petición de prisión, multa e indemnización.En España, la tutela penal frente al abuso de personas con discapacidad se ha endurecido en los últimos años, un giro que refleja una idea básica del Derecho: la vulnerabilidad no puede convertirse en una vía para el aprovechamiento ilícito. Bajo ese marco, la Fiscalía de Cantabria pide cinco años de cárcel para dos acusados, que eran pareja, por presuntamente haber vaciado los ahorros de un hombre con el que mantenían amistad.
Según el escrito del ministerio público, los procesados acudieron durante meses al domicilio de la víctima y, de común acuerdo, se habrían prevalecido de la enfermedad que padecía —hipoacusia, retraso madurativo y discapacidad intelectual leve— para sugestionar al hombre y llevarlo a realizar actos de malbaratamiento de casi todo su patrimonio en beneficio propio, con ánimo de obtener un lucro ilícito.
De ese modo, habrían conseguido que les transfiriera cerca de 10.000 euros a él y 5.700 euros a ella, además de otras entregas en mano por un total de 3.000 euros. En conjunto, la cantidad atribuida a los acusados asciende a 18.700 euros, tras lo cual la víctima se quedó sin dinero alguno.
La madre del perjudicado fue quien terminó descubriendo lo ocurrido y comprobó una de las consecuencias más crudas del caso: su hijo no tenía efectivo ni siquiera para pagar el autobús. Para la acusación, los hechos encajan en un delito de estafa de especial gravedad, con la agravante de discriminación por discapacidad, al haberse aprovechado conscientemente de una situación de vulnerabilidad e inferioridad intelectual.
La causa también ilustra una tendencia judicial y social cada vez más visible: el foco no solo está puesto en la maniobra defraudatoria, sino en el modo en que se instrumentaliza la dependencia, la confianza o el aislamiento de la víctima. En los procedimientos de este tipo, la prueba suele apoyarse en movimientos bancarios, testimonios del entorno familiar y la reconstrucción de visitas y contactos previos, elementos que permiten dimensionar la persistencia del engaño.
Análisis y proyecciones: si la acusación prospera en los términos planteados, el caso podría reforzar el criterio de los tribunales a la hora de aplicar agravantes vinculadas a la discapacidad y consolidar un mensaje disuasorio frente a fraudes cometidos sobre personas especialmente vulnerables. Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama una multa de 5.400 euros y una indemnización de 18.700 euros, equivalente al dinero presuntamente apropiado.
Evolución del caso y contexto reciente: en los últimos años, la discusión jurídica en España se ha desplazado hacia una protección más integral de las personas con discapacidad, con mayor énfasis en su autonomía pero también en la prevención de abusos patrimoniales. En ese escenario, la postura de la acusación en Cantabria muestra una línea clara: no solo se persigue la estafa, sino el aprovechamiento deliberado de una situación de dependencia que agrava la responsabilidad penal.
La vistilla quedó fijada para el próximo miércoles 7 de octubre, a las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria. En esa instancia, las partes podrán intentar alcanzar un acuerdo; de lo contrario, el juicio se celebrará en esa misma sede judicial.
