Denuncian a Jalil por el gasoducto Lavalle y un acuerdo con MEGA
El gobernador Raúl Jalil quedó bajo una nueva denuncia por presuntas irregularidades vinculadas al gasoducto Lavalle. La presentación cuestiona un acuerdo conciliatorio con la constructora MEGA y pide investigar el uso de fondos nacionales.“Los contratos mal diseñados suelen abrir la puerta a disputas que terminan costando mucho más que la obra original”, repiten con frecuencia los especialistas en infraestructura pública. En Catamarca, esa advertencia volvió a tomar forma con la denuncia contra Raúl Jalil por el manejo de fondos nacionales destinados al Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, fue denunciado ante la Justicia federal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción del Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca, a cargo de la empresa MEGA, que en los papeles figura como propiedad del empresario salteño Carlos Fernando Berruezo Sánchez.
En la presentación a la que tuvo acceso LPO, los denunciantes pidieron investigar los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
El caso suma un nuevo frente para Jalil, cuya relación con algunas constructoras viene generando cuestionamientos en Catamarca. Como reveló LPO, la empresa Guido Mogetta —señalada por fuentes provinciales como el “Lázaro Báez” de Catamarca— es una de las contratistas preferidas del gobernador. La firma acumuló obras provinciales por miles de millones y luego integró la unión empresaria que consiguió del gobierno de Javier Milei la concesión por 20 años de una parte de la autopista Rosario-Córdoba. A ello se agrega que ese empresario es familiar de Franco Mogetta, quien fue secretario de Transporte de Javier Milei.
De todos modos, la nueva denuncia pone la lupa sobre otra obra. En agosto de 2022, Catamarca contrató a MEGA para construir el Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca. El proyecto tenía un presupuesto original de $4.560 millones y estaba financiado con fondos nacionales transferidos a la provincia.
En julio de 2023 se pagó a MEGA un anticipo financiero de $454 millones, cubierto por una póliza de caución. Sin embargo, la obra se complicó. En 2023 la provincia aplicó a la empresa una multa de $1.963 millones por incumplimientos y, en abril de 2024, resolvió rescindir el contrato. MEGA judicializó la decisión y el conflicto quedó abierto.
El giro llegó este año. El gobierno de Jalil avanzó con un acuerdo conciliatorio que cerró el conflicto. Según la denuncia, MEGA desistió de las acciones judiciales y aceptó pagarle a la provincia $301 millones. A cambio, Catamarca renunció a los reclamos contra la constructora, incluida la multa, y asumió el compromiso de liberar las garantías.
