La Corte cerró la vía de Santiago Igón por la causa de las vacunas

• Nacionales
• 02-10-2026

“Nadie está por encima de la ley”: la frase, atribuida a Abraham Lincoln, suele resumir el estándar que los tribunales intentan preservar cuando se juzgan privilegios indebidos. En esa lógica, la Corte Suprema rechazó por inadmisible el recurso presentado por el exdiputado kirchnerista Santiago Igón, en una causa que lo coloca en el centro de la discusión por las vacunaciones irregulares durante la pandemia.

Según fuentes judiciales, el exlegislador de Chubut está acusado de haber recibido dos vacunas contra el Covid-19 en el Hospital Zonal de Esquel cuando todavía no le correspondía, en febrero de 2021, en pleno contexto de emergencia sanitaria. En ese momento integraba la Cámara de Diputados y formaba parte del espacio peronista alineado con la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

El expediente de Igón guarda similitudes con el denominado “vacunatorio VIP”, investigado en los tribunales federales de Comodoro Py. En ambos casos se analiza si hubo personas que accedieron antes que otras, alterando el orden de prioridad que regía para la población de riesgo en los meses más críticos de la pandemia.

Antes de llegar a la Corte, el caso ya había atravesado varias instancias. Igón había sido procesado por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, y esa resolución fue luego confirmada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. La defensa intentó cerrar la causa mediante una reparación económica de $3 millones para evitar el juicio oral y público, pero ese camino no prosperó.

De acuerdo con las mismas fuentes, el exdiputado quedó imputado por supuesta aceptación de dádiva. Junto a él también había sido procesado el responsable de supervisar el operativo de vacunación en aquel momento, en febrero de 2021, lo que refuerza la hipótesis de una posible irregularidad en la cadena de acceso a las dosis.

Los registros del caso indican que Igón tenía 43 años cuando se anotó en la plataforma “Vacunate Chubut”. Allí, supuestamente, informó dos factores de riesgo: obesidad y diabetes. Sin embargo, la denuncia sostiene que, al concurrir al centro de vacunación, habría invocado su condición de diputado para recibir las dosis.

Más de cuatro años después del episodio investigado, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia había aceptado en septiembre de 2025 un pedido de la defensa para extinguir la acción penal mediante un resarcimiento integral de alrededor de $3 millones al Hospital Provincial de Chubut, en Esquel. La fiscalía apeló, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa salida y, finalmente, la Corte desestimó la queja por inadmisible.

La diferencia con el expediente del vacunatorio VIP radica en su origen procesal, aunque el trasfondo es parecido: el uso presuntamente indebido de un sistema sanitario pensado para proteger a los sectores más vulnerables. En Comodoro Py, esa otra causa sumó movimiento cuando la jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, al periodista Horacio Verbitsky, a sindicalistas, legisladores y otras 30 personas señaladas por haber recibido vacunas antes de tiempo durante la presidencia de Alberto Fernández.

Las citaciones habían sido impulsadas por el fiscal Eduardo Taiano, después de que la Cámara Federal resolviera hace dos años profundizar la investigación no solo sobre los funcionarios que habilitaron la vacunación, sino también sobre quienes se beneficiaron con ella. Esa línea de trabajo consolidó una lectura judicial más amplia: no solo importa quién organizó el circuito, sino también quién lo aprovechó.

En ese expediente, la primera parte de la pesquisa ya fue elevada a juicio oral y público. Solo tres imputados llegaron a esa instancia por abuso de autoridad y peculado: Marcelo Ariel Guille, exsecretario del entonces ministro de Salud Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, exdirector ejecutivo del Hospital Posadas.

También se investigó el rol de Ginés González García, quien murió a los 79 años poco después de que su procesamiento fuera confirmado. El entonces ministro de Salud renunció en febrero de 2021, tras quedar expuesto el escándalo que terminó por erosionar la credibilidad pública del sistema de vacunación en los primeros meses de distribución de dosis.

Análisis y proyecciones: el caso Igón confirma una tendencia que se repitió en distintos países durante la pandemia: cuando la escasez de vacunas se combinó con discrecionalidad administrativa, la reacción judicial y social fue severa. En términos institucionales, este tipo de fallos refuerza la idea de que los intentos de reparación económica no reemplazan necesariamente la respuesta penal cuando se investiga una eventual utilización indebida de cargos públicos. Además, la evolución de estas causas muestra que el debate ya no se limita a la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron los accesos, sino también a la conducta de quienes se beneficiaron de ellos; esa expansión del foco suele endurecer la valoración judicial y política del fenómeno.

En los últimos años, la postura de los actores involucrados también fue cambiando. Al principio predominó la defensa basada en la excepcionalidad del contexto sanitario y en la necesidad de priorizar casos de riesgo. Con el avance de las causas, la estrategia pasó a centrarse en cuestionar la tipificación penal, en ofrecer reparaciones patrimoniales y en intentar cerrar expedientes sin juicio. Del otro lado, la Justicia fue consolidando una línea más estricta, especialmente en los casos donde se advierte un posible uso del cargo o una ventaja indebida, algo que en la mirada pública quedó asociado al concepto de privilegio durante la pandemia.