Caputo reubica la reforma tributaria: la fija para después de 2031
En la Argentina, las reformas tributarias suelen quedar atrapadas entre la necesidad política y la presión económica: Caputo eligió correr el debate hacia después de 2031. Desde el Coloquio de IDEA, el ministro defendió la baja gradual de impuestos, el RIGI y la estrategia oficial para sostener el superávit.
“La historia económica argentina está llena de reformas inconclusas y promesas de simplificación tributaria”, podría resumir el diagnóstico que volvió a instalar Luis Caputo en el cierre del 62° Coloquio de IDEA. En una entrevista grabada de 19 minutos realizada en el despacho del Palacio de Hacienda por Fabián Kon, CEO de Grupo Galicia y presidente del encuentro, el ministro de Economía explicó que la reforma tributaria integral ya no aparece en el horizonte inmediato, sino que quedó corrida para “post 2031”.
Caputo no pudo viajar a Mar del Plata por su agenda en el Argentina Week, pero dejó una definición central frente a uno de los reclamos más persistentes del empresariado. Si en un principio el Gobierno había ubicado una transformación profunda del sistema impositivo en un eventual segundo mandato de Javier Milei, ahora le puso fecha: “Post 2031 va a haber una reforma tributaria de simplificación impositiva y demás”, afirmó.
El ministro sostuvo que cambiar la estructura tributaria, a la que calificó de “desastrosa” y “engorrosa”, demanda antes construir consensos políticos y federales. En su visión, cualquier reforma de fondo exige sentarse con los gobernadores y reunir mayorías en ambas cámaras del Congreso. “Nosotros no podíamos darnos el lujo de esperar cuatro años a eso”, señaló, para justificar la estrategia transitoria: reducir impuestos en la medida en que lo permita el superávit primario.
Según Caputo, la carga tributaria ya se redujo tres puntos del PBI y el año próximo bajaría un punto adicional, de modo que al final del mandato de Milei la baja acumulada llegaría a cuatro puntos. La secuencia intenta combinar ajuste fiscal y alivio impositivo, una fórmula que en la historia económica argentina suele chocar con la presión del gasto, la fragilidad política y la dependencia de la recaudación.
Frente a la ansiedad empresaria por una reducción más veloz de la presión fiscal, el ministro pidió paciencia. “Yo entiendo la ansiedad muchas veces de la gente, pero los cambios, y mucho más en un país como Argentina, que siguió políticas económicas incorrectas durante tantos años, llevan tiempo”, sostuvo. Como antecedente, mencionó la reforma laboral, que redujo las cargas patronales del 20% al 2%, aunque reconoció que todavía no se percibe plenamente su impacto sobre la informalidad porque, ante la incertidumbre electoral, muchos prefieren seguir por el camino informal.
En su exposición, Caputo también señaló a provincias y municipios como actores clave en la presión tributaria. Dijo que allí se concentran los impuestos más distorsivos y los que más dañan la competitividad. Como señal política, destacó que un gobernador ya anunció la eliminación de Ingresos Brutos para la industria, un tributo que desde hace años ocupa el centro de las críticas del sector privado por su efecto en cascada sobre precios y producción.
Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el ministro aseguró que ya se aprobaron proyectos por más de US$56.000 millones y que hay otros US$150.000 millones en camino. A su entender, ese flujo de inversión contribuiría a garantizar estabilidad cambiaria en los próximos años. La idea oficial, dijo, es que con el tiempo toda la economía converja a ese régimen, una señal de previsibilidad para sectores intensivos en capital.
Riesgo país y confianza
Mientras se emitía la entrevista, el riesgo país subía a 650 puntos básicos, su nivel más alto del año, reflejando el deterioro del clima financiero observado en las últimas semanas. Caputo atribuyó la mitad de ese incremento —desde un promedio de 450 puntos— al contexto internacional, marcado por tasas que no se veían hace casi 30 años y por la suba del petróleo. La otra mitad, dijo, respondió al temor de algunos a “volver al infierno”. Aclaró que un regreso al pasado no es el escenario base del Gobierno, pero que se preparan para esa posibilidad “porque es nuestra responsabilidad”.
Para reforzar su planteo, el ministro pidió que antes de la entrevista se proyectara una tabla que circula en redes sociales y compara la evolución de doce variables durante los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Milei. En ese cuadro, Caputo destacó el superávit financiero de 0,2% del PBI, la baja de 84% en la inflación y el aumento de US$23.000 millones en las reservas netas. Sin embargo, la selección de indicadores también incluye el tipo de cambio contado con liquidación (CCL), que subió 38% con Milei, y no el oficial; y las exportaciones, que crecieron 55%, sin el dato equivalente de importaciones.
La última fila de la tabla remite al Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, un indicador que en los últimos años ha acompañado de cerca la intención de voto. En los primeros 33 meses de gestión, el promedio de Milei (1,94) supera al de Macri (1,75), Cristina Kirchner (1,71) y Fernández (1,23). Pero el último dato, difundido a comienzos de esta semana, marcó una caída de 5,9% respecto del mes anterior y quedó en el mismo nivel que en septiembre de 2025, cuando La Libertad Avanza perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Análisis y proyecciones
La lectura política de Caputo combina dos planos que suelen ir de la mano en la Argentina: gobernabilidad y credibilidad. En términos económicos, una reforma tributaria profunda suele requerir un período de acumulación de consenso, especialmente en un país federal donde provincias y Nación comparten y disputan recursos. Por eso, la postergación hasta después de 2031 no solo funciona como un horizonte técnico, sino también como un reconocimiento de las restricciones políticas actuales.
De cara a los próximos meses, el Gobierno parece apostar a una secuencia conocida: primero estabilizar, luego bajar impuestos gradualmente y recién después discutir una reconfiguración integral del sistema. Si el plan logra sostener el superávit, contener el riesgo país y atraer inversiones vía RIGI, podría ganar margen para una reforma de mayor alcance. Pero si la actividad se resiente o la desconfianza financiera persiste, la presión por cambios más rápidos volverá a crecer, tanto desde el empresariado como desde las provincias y el Congreso.
Evolución del tema
En los últimos años, el debate impositivo en la Argentina cambió de eje varias veces. Durante la administración de Mauricio Macri predominó la idea de una reducción gradual de impuestos acompañada por financiamiento externo; con Alberto Fernández, la agenda se desplazó hacia mayor intervención, mayores necesidades fiscales y una presión tributaria que siguió siendo elevada. Con Milei, el discurso volvió a poner en primer plano la simplificación tributaria, pero bajo una premisa distinta: primero ordenar las cuentas públicas y después avanzar sobre el esquema impositivo de fondo.
En ese marco, la postura de los actores también fue mutando. El empresariado pasó de reclamar alivio fiscal y reglas estables a exigir señales concretas de competitividad, mientras que el oficialismo insistió en que la reducción de impuestos debe ser compatible con el superávit. Las provincias, en tanto, continúan siendo una pieza central: si bien algunas señales aisladas apuntan a recortar tributos distorsivos, la discusión de fondo sigue atada a la coparticipación, la recaudación local y la negociación política entre Nación y gobernadores.
“Realmente creer que la gente en su mayoría va a votar volver al pasado después de los números y del delivery que ha hecho este presidente, yo honestamente creo que es una subestimación a todo el pueblo argentino”, cerró Caputo, en un intento por combinar defensa de la gestión, proyección electoral y expectativa de continuidad para el programa económico.
