Azcué defendió la licitación de la basura y negó irregularidades
El intendente de Concordia salió a responder las denuncias por presuntas irregularidades en la licitación del servicio de recolección. Sostuvo que el proceso fue electrónico, con ofertas encriptadas y criterios definidos de antemano.“La transparencia no se declama: se diseña”. Esa máxima resume, en buena medida, el corazón de la discusión que se abrió en Concordia tras la denuncia por supuestas irregularidades en la licitación pública de la basura. El intendente Francisco Azcué salió a defender el proceso y aseguró que todo se desarrolló bajo reglas fijadas de antemano, con un sistema 100% electrónico y ofertas encriptadas para preservar la competencia.
Según el descargo municipal, en la compulsa participaron seis empresas y cuatro quedaron en condición de admisibles: la adjudicataria VITSA, la denunciante Ashira, además de Santa Elena y Transportes Malvinas. El municipio sostuvo que la evaluación se realizó sobre cinco criterios, dentro de un esquema de 100 puntos ya establecido en el pliego, con el objetivo de garantizar previsibilidad y transparencia.
La defensa de Azcué remarcó que la Comisión Evaluadora, integrada por personal de planta de Contaduría, Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Servicios Públicos, coincidió en cuatro de los cinco ítems analizados: oferta económica, antigüedad de flota, camiones adicionales y plan operativo. La única disidencia apareció en la ponderación de la experiencia previa, un punto que derivó en un dictamen dividido.
Para el Ejecutivo local, esa disidencia no debilita el proceso, sino que demuestra que los mecanismos de control interno funcionaron como correspondía. Finalmente, el municipio se inclinó por la postura respaldada por la mayoría de los evaluadores.
En el tramo más discutido del expediente, vinculado con los antecedentes de VITSA, el municipio explicó que el pliego exigía referencias en municipios de “escala similar o mayor”. Por eso, la mayoría optó por un criterio más objetivo y verificable: comparar la población total de cada distrito según los datos censales.
Bajo esa metodología, a VITSA se le contabilizó solo el mínimo acreditado a través de su controlante, Vial Truck S.A., con un total de 5 sobre 15 puntos posibles en ese rubro. Desde el Ejecutivo también cuestionaron que la postura en disidencia habría aplicado una extrapolación favorable a Ashira, a la que —según ese razonamiento— se le otorgaba más puntaje del que correspondía.
En el plano económico y operativo, el municipio destacó que la propuesta de VITSA, por $268 millones mensuales, es prácticamente la más baja del proceso. Apenas supera en 0,11% a la oferta de Santa Elena, que resultó la menor cotización por una diferencia de $300.000 al mes. Sin embargo, Azcué y su equipo justificaron la elección final al señalar que VITSA ofreció dos camiones compactadores de reserva por encima de lo exigido en el pliego, además de un plan operativo superior; Santa Elena, en cambio, no presentó unidades adicionales.
El informe oficial también admite que VITSA obtuvo resultados modestos en experiencia, con 5 de 15 puntos, y en antigüedad de flota, con 8 de 15. Aun así, el Gobierno municipal remarcó que la evaluación integral permitió compensar esas debilidades gracias al precio competitivo, la mayor reserva de vehículos y la fortaleza del esquema operativo. Según el dictamen de la mayoría, la diferencia final fue de 2,91 puntos sobre Ashira.
Análisis y proyecciones: este caso vuelve a poner bajo la lupa uno de los contratos más sensibles de cualquier gestión local: la recolección de residuos. En Argentina, las licitaciones de higiene urbana suelen combinar alta exposición pública, fuerte impacto presupuestario y una disputa constante entre precio, capacidad operativa y antecedentes empresariales. En contextos de ajuste fiscal, la tendencia de los municipios ha sido priorizar ofertas más competitivas en costo, pero eso también eleva el escrutinio sobre la solvencia técnica y la calidad del servicio. Si la controversia escala, el eje ya no será solo quién ofreció menos dinero, sino si la ponderación de los antecedentes y la flota fue lo suficientemente robusta para blindar la adjudicación ante eventuales impugnaciones administrativas o judiciales.
Evolución del tema: en los últimos años, la contratación pública de servicios esenciales fue empujada hacia esquemas más digitalizados y con mayor trazabilidad, en parte para reducir observaciones por discrecionalidad. Al mismo tiempo, creció la tensión entre la necesidad de bajar costos y la exigencia de mantener estándares operativos mínimos. En ese marco, las gestiones municipales suelen endurecer los pliegos y sumar ponderaciones técnicas más detalladas; sin embargo, cuando la diferencia económica entre ofertas es estrecha, la interpretación de criterios como experiencia, antigüedad de flota o capacidad de respaldo termina adquiriendo un peso decisivo. En Concordia, el debate expone justamente esa transición: de una lógica centrada solo en el precio a otra donde la integralidad de la propuesta busca justificar la selección final.
