Buenos Aires avanza con un proyecto para regular las apuestas online
La iniciativa impulsa controles más estrictos sobre las plataformas, limita la publicidad y refuerza las herramientas contra los sitios ilegales. También crea mecanismos de prevención, sanción y financiamiento para salud mental y clubes barriales.Desde que en 2005 la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el impacto adictivo del juego patológico, el debate regulatorio no dejó de crecer en todo el mundo: ahora, La Cámpora en la provincia de Buenos Aires impulsa un proyecto para prevenir y regular las apuestas online con un esquema de controles más duros, restricciones publicitarias y nuevas herramientas contra el juego ilegal.
Legisladores de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires avanzaron con un ambicioso proyecto para prevenir y regular las apuestas online en el territorio bonaerense. La iniciativa incorpora controles más estrictos sobre plataformas, fuertes restricciones a la publicidad y nuevas herramientas contra los sitios ilegales.
El texto se alinea con la decisión adoptada por el brasileño Lula Da Silva en su país, que resolvió cortar por lo sano y prohibir las apuestas online por decreto. En ese caso, se trata de 64 artículos que modifican distintos aspectos del marco legal que regula las apuestas.
“Se tocan grandes intereses, es una pelea que hace falta dar y la vamos a llevar adelante”, dijo el diputado Facundo Tignanelli, coautor del proyecto junto con Micaela Olivetto.
El jefe de los diputados en la Legislatura bonaerense explicó que las empresas de apuestas online sustraen de la economía de la provincia una suma exorbitante y que apenas una parte menor de sus ganancias queda en el país. “Más del 70% de las utilidades se giran al exterior”, señaló.
Análisis y proyecciones: el proyecto busca responder a dos fenómenos que se expandieron con fuerza en los últimos años: la masificación del uso del celular y la conversión del juego en una experiencia permanente, disponible las 24 horas. En términos regulatorios, el desafío suele ser doble: frenar la oferta ilegal sin empujar a los usuarios a plataformas informales y, al mismo tiempo, reducir la exposición de adolescentes y personas vulnerables. Si la iniciativa avanza, podría convertirse en un antecedente importante para otras jurisdicciones argentinas que enfrentan problemas similares con la ludopatía digital, la publicidad agresiva y la fuga de divisas.
El texto establece que las nuevas licencias deberán tener 100% de capital nacional. En tanto, las extranjeras deberán dejar sus ganancias durante al menos seis meses en la provincia de Buenos Aires.
Las apps deberán contar con verificación facial en cada ingreso, cierre de sesión a los 60 minutos, bloqueo tras tres ingresos por día y autoexclusión inmediata. Además, familiares o el Ministerio Público pueden pedir a un juez que inscriban a una persona con ludopatía.
Respecto de la publicidad de las empresas, el proyecto establece que deberán requerir una autorización previa. En tanto, queda prohibida en la vía pública y la dirigida a menores. También se prohíben los bonos y las apuestas gratis. En todos los casos, la publicidad deberá contar con la leyenda obligatoria: “Apostar no es un juego”.
También quedará prohibido utilizar la palabra “juego”, como así también expresiones, imágenes, símbolos o recursos que presenten la actividad como lúdica, recreativa o de entretenimiento.
Respecto de las sanciones, si un menor logra apostar, la licencia quedará revocada. Para esto se creará una fiscalía especial contra las apuestas ilegales. Se trata de la Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea (FEAIL) dentro de la Procuración General.
Esta estructura judicial investigará de oficio, sin necesidad de denuncia, la explotación de apuestas sin autorización provincial. Además, podrá intervenir aunque el operador o sus servidores estén fuera de la Provincia. El Instituto de Lotería deberá avisarle de cualquier actividad ilegal en 24 horas y certificar la falta de licencia en 48 horas. Además, coordinará con organismos nacionales para bloquear sitios, cortar medios de pago y rastrear el dinero.
El proyecto establece además una nueva herramienta penal por la que el juez puede ordenar en seis horas el cese inmediato de la actividad ilegal. Eso incluye clausura, bloqueo de webs y apps, suspensión de medios de pago y retiro de publicidad.
Respecto de los fondos de las empresas, los operadores destinarán el 100% de lo que gastan en publicidad a programas de salud mental y el 3% de los premios a clubes de barrio y becas deportivas.
De ese 3% de los premios, el 85% será destinado a entidades de bien público: clubes de barrio, asociaciones civiles, sociedades de fomento, centros culturales y de jubilados sin fines de lucro. Podrán usarlo en equipamiento, obras, actividades y gastos de funcionamiento. En tanto, el 15% restante se destinará a becas de deporte de alto rendimiento.
“Con los fondos que crea la ley van a poder fortalecerse los clubes, centros culturales y centros de jubilados, que son los lugares donde los vecinos efectivamente se organizan como comunidad, y que vienen siendo sistemáticamente ignorados y castigados”, dijo Tignanelli.
En la provincia, el juego online fue impulsado por María Eugenia Vidal a través de una ley que aprobó la Legislatura. Luego fue Axel Kicillof quien licitó siete licencias para operar las apuestas.
Evolución reciente del tema: en los últimos años, el debate dejó de centrarse solo en la habilitación de operadores y pasó a enfocarse en los riesgos sanitarios, la captación de menores y la publicidad digital. Mientras algunos gobiernos optaron por ampliar la oferta regulada para quitar espacio al mercado clandestino, otros endurecieron restricciones o avanzaron con prohibiciones parciales. En ese marco, la postura que hoy empuja este proyecto bonaerense marca un giro hacia un control mucho más estricto del negocio, con mayor intervención estatal sobre licencias, medios de pago y promoción comercial.























