Lavado de dinero: la Justicia federal vuelve sobre el entorno de Pillín Bracamonte

• Policiales
• 02-10-2026

“Donde hay humo, suele haber fuego”, resume una máxima clásica de la investigación criminal: en este caso, la Justicia federal vuelve a mirar el entramado patrimonial que durante años rodeó a Andrés “Pillín” Bracamonte, el histórico jefe de la barra de Rosario Central asesinado en 2024. Ahora, la causa apunta a demostrar que detrás de una apariencia de legalidad hubo un circuito sostenido de lavado de dinero, uso de prestanombres y administración de bienes vinculados a actividades delictivas.

Cuatro fiscales federales reactivaron la pesquisa por presunto lavado de activos contra los allegados más cercanos a Bracamonte, quien encabezó la hinchada de Rosario Central durante más de dos décadas hasta ser emboscado y asesinado a la salida del estadio del club en 2024. En esa línea, solicitaron allanamientos y el decomiso de una importante cantidad de bienes y activos que, sostienen, provendrían del blanqueo de ganancias ilícitas.

Las requisas fueron ejecutadas por Gendarmería Nacional este lunes. A los involucrados les secuestraron documentación, teléfonos celulares y vehículos. Además, ya se dispuso el embargo sobre bienes y depósitos. En tanto, no pudieron dar con un ex dirigente gremial de la UOCRA de Rosario, señalado como presunto organizador del esquema de blanqueo.

La nueva ofensiva judicial retoma una investigación iniciada hace cinco años por un fiscal provincial rosarino contra Pillín y su entorno. Aquella pesquisa derivó en el secuestro de bienes y en la reconstrucción de una presunta estructura de lavado que, según la hipótesis acusatoria, giraba sobre todo en torno a la vida institucional de Rosario Central, principalmente mediante la venta de indumentaria oficial y la prestación de servicios al club.

Los fiscales federales, que disputaron la competencia del caso y la obtuvieron mediante un fallo de la Corte Suprema de 2025, afirman que buena parte de los bienes decomisados por la Justicia de Santa Fe terminaron restituidos al grupo de Bracamonte, por la supuesta imposibilidad de acreditar su origen lícito. Ahora buscan el decomiso definitivo y eventuales condenas. La causa quedó en manos de Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari.

En 2023, esos mismos fiscales habían iniciado una pesquisa bancaria y financiera contra Pillín y el entonces titular de la Uocra en Rosario, Carlos Vergara. Lo hicieron después de que trascendiera públicamente que el fiscal provincial Miguel Moreno impulsaba una investigación similar. Para eso, pidieron informes a organismos tributarios, bancarios, societarios y registrales. Todo eso ocurrió, remarcan en sus presentaciones, nueve meses antes del homicidio de Bracamonte. Durante el trámite en la órbita provincial, la defensa del jefe de la barra había cuestionado la prueba en las audiencias imputativas y reclamado que la causa pasara al fuero federal.

Moreno había impulsado en 2020 la primera causa contra Bracamonte, al sostener que buscaba ocultar dinero de origen dudoso mediante al menos cuatro empresas de servicios que tenían como clientes a Rosario Central. Pillín permaneció cinco meses detenido y luego recuperó la libertad. En audiencia, el fiscal provincial afirmó que el barrabrava se valió de amenazas, intimidaciones y extorsiones para consolidar un espacio de poder y luego “crear un verdadero negocio ilícito y millonario”. Más tarde describió maniobras con viandas, baños químicos y presuntas coimas a empresas y contratistas de obras en el Gran Rosario, en una supuesta asociación ilícita junto con Vergara, ex referente del gremio de la construcción.

Al mismo tiempo, la Procelac llevó adelante su propia investigación, convencida de que la competencia debía ser federal. Hacia 2023 determinó que Bracamonte vivía en una casa del barrio privado Los Álamos, en Ibarlucea, registrada a nombre de un tercero, y que había constituido o adquirido participaciones en seis sociedades: ATE Servicios Integrales SRL, SER-ECO SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL. Todas fueron creadas en el mismo período en que, según la acusación, se desplegaron las maniobras investigadas.

En ese contexto, también trascendió que desde el sector de Pillín y Vergara se habría presionado a contratistas de la construcción para que contrataran servicios de baños químicos y viandas provistos por empresas vinculadas a Bracamonte, además de exigir pagos en efectivo a la UOCRA y la incorporación de determinadas personas a obras donde, finalmente, no prestaban servicio alguno.

Por entonces intervenía la Justicia provincial. Cuando Moreno allanó por primera vez la casa de Pillín, en 2020, en un inmueble de 300 metros cubiertos en Ibarlucea, encontró una máquina contadora de billetes, sumas millonarias en pesos y miles de dólares. Sin embargo, la causa fue perdiendo impulso y, según sostienen en el entorno federal, la mayoría de los bienes incautados fue devuelta al grupo de Bracamonte.

Los fiscales federales retoman ahora el camino abierto por Moreno, pero creen haber reforzado la hipótesis patrimonial con elementos que dificultarán una nueva restitución de activos. Recuerdan que en 2020 se imputó a Pillín haberse valido de su exesposa, Natalia Lydia Salas, como prestanombre y administradora para adquirir tres departamentos en el edificio Altos de Alberdi II, ubicado en Dr. Vila 763, además de cuatro licencias de taxi y varios automotores: BMW 125 I dominio MCI505, Cobalt AB878OS, Prisma AB148TJ y Classic LMV180.

También se atribuyó a su hijo, Andrés Guillermo Bracamonte, actuar como titular simulado de dos licencias de taxi, vehículos y justificaciones contables inconsistentes. A su vez, Fernando Andrés Rigiracciolo fue acusado de utilizar Vanefra para lavar activos. Sergio Daniel Quiroga, en su condición de intendente del estadio de Rosario Central y socio formal de Bracamonte en Ruffino SAS, fue señalado por desviar fondos del club en beneficio propio y de Pillín, mediante contrataciones directas sin concurso de precios, facturas apócrifas y el giro de pagos y cheques emitidos por la institución sin control interno.

Asimismo, Eduardo Langhi fue imputado por comprar, como testaferro, el inmueble del country Los Álamos. Y Agustina Diale, última pareja de Bracamonte, fue señalada por intervenir y abonar refacciones.

Pero la nueva investigación incorpora indicios adicionales de maniobras destinadas a disimular bienes supuestamente provenientes del delito. Los fiscales detectaron nuevos movimientos de dinero, compras de vehículos, recepción de transferencias y adquisición de seguros. Además, sostienen que tras la muerte de Bracamonte, en noviembre de 2024, y luego de la última actuación en la Justicia santafesina, hubo hechos que demostraron que los bienes seguían siendo administrados o transferidos por el mismo grupo.

Ahora, los fiscales pidieron el allanamiento y el secuestro de los teléfonos de la exesposa de Bracamonte, del hijo de ambos, de la última pareja de Pillín y de Vergara, quien —según fuentes del caso— no fue localizado durante los operativos realizados por Gendarmería Nacional el lunes pasado.

En julio de 2020, Moreno había allanado el domicilio de Natalia Lydia Salas para secuestrar documentación vinculada con licencias de taxi y los vehículos asociados a esas habilitaciones. Este lunes, esos mismos vehículos, que ya habían sido devueltos, volvieron a ser decomisados por orden del juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz, a pedido de los fiscales federales.

Además, los investigadores constataron que Salas y su hijo siguieron alquilando departamentos en el edificio de la calle Vila que Bracamonte había comprado mediante una sociedad con un prestanombre.

Los fiscales sostienen que los allanamientos y secuestros de celulares en los distintos bienes y sociedades observadas apuntan a demostrar un origen ilícito de los fondos, la inconsistencia patrimonial de los investigados respecto de sus actividades económicas declaradas, el manejo inusual de grandes sumas en efectivo y la reiterada utilización de testaferros.

En paralelo, otra línea del expediente observó que Agustina Diale siguió a cargo de la firma ATE Servicios Integrales después de la desvinculación formal de Fernando Rigiracciolo y, desde ese lugar, habría administrado hasta el presente la masa de bienes de la sociedad, adquiridos —según la acusación— con fondos provenientes de las extorsiones.

Análisis y proyecciones. El caso refleja una tendencia conocida en la criminalidad organizada de Rosario: la expansión de economías ilegales que no se limitan a la violencia, sino que buscan legitimarse mediante sociedades comerciales, contratos con terceros y uso de familiares o allegados como pantalla. Si la hipótesis federal logra sostenerse con prueba documental, bancaria y societaria, la consecuencia más relevante podría ser el decomiso definitivo de activos y un precedente fuerte para disputar patrimonios construidos a la sombra de estructuras criminales. En paralelo, el expediente también vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre barras, sectores gremiales y negocios vinculados a clubes, un triángulo que en los últimos años mostró mayor sofisticación y menos exposición directa, pero que sigue siendo central en investigaciones por lavado y asociación ilícita.

Evolución del caso y de los actores. La postura de la Justicia cambió de manera marcada respecto de los primeros años de la pesquisa. En 2020, la causa avanzó en el fuero provincial con allanamientos e incautaciones, pero luego perdió empuje y varios bienes volvieron a manos del entorno de Bracamonte. Desde 2023, en cambio, el fuero federal decidió intervenir con una estrategia más amplia, apoyada en información bancaria, registral y societaria. También cambió el escenario de poder: Bracamonte fue asesinado en 2024, lo que desarticuló su liderazgo visible, pero no necesariamente el entramado patrimonial que, según los fiscales, habría seguido funcionando a través de familiares, parejas y supuestos testaferros. En términos de la dinámica criminal de Rosario, esto muestra una transición desde liderazgos personales muy expuestos hacia estructuras más fragmentadas, pero con continuidad económica y capacidad de adaptación.