Denuncian la devolución ilegal de un menor tutelado de Ceuta a Marruecos
La Fundación Raíces denunció que un adolescente marroquí de 16 años, tutelado por el sistema de protección de Ceuta, fue devuelto a Marruecos sin garantías legales. La entidad reclama su regreso inmediato y la conservación de pruebas de videovigilancia.“El interés superior del menor” es uno de los principios más citados en el derecho internacional de infancia, y en este caso vuelve al centro del debate: la Fundación Raíces denunció la devolución de un adolescente marroquí de 16 años, bajo tutela del Área de Protección de Menores de Ceuta, y pidió su retorno inmediato por vía judicial.
Según la organización, el chico fue interceptado durante la madrugada del 10 al 11 de septiembre en la zona del puerto por militares españoles. El menor afirmó que se identificó en castellano, explicó que residía desde hacía dos años en Ceuta, en el centro Aljarafe, y que incluso aportó el nombre de la directora de ese dispositivo de protección. Sin embargo, sostuvo que los agentes desoyeron sus explicaciones y que llegaron a agredirlo físicamente para mantenerlo en el suelo.
De acuerdo con el relato trasladado a las letradas Paloma García de Viedma y Leire Villate, después de la intervención militar una patrulla de la Guardia Civil lo llevó directamente al puesto fronterizo del Tarajal. El adolescente aseguró que sufrió una crisis de pánico y que advirtió que la devolución era ilegal, pero que aun así fue retirado del vehículo por la fuerza y entregado a las autoridades marroquíes.
Una vez del otro lado de la frontera, siempre según la versión de la fundación, fue maniatarado con “grilletes de lazo” y permaneció durante horas retenido en una instalación temporal militar junto al lado marroquí del paso fronterizo. El caso se presenta como especialmente delicado porque involucra no solo una devolución en frontera, sino también a un menor ya integrado en el sistema de protección de la ciudad autónoma.
Llegó a España siendo niño y tiene permiso vigente
La Fundación Raíces sostiene que el joven llegó solo a España con 14 años, en diciembre de 2024, y que cuenta con autorización de residencia y trabajo vigente hasta diciembre de 2026. Además, recuerda que puede renovarla mientras siga siendo menor de edad y permanezca bajo tutela.
En palabras de la abogada García de Viedma, expulsar por la fuerza a un niño tutelado y documentado “vulnera gravemente no solo los derechos del propio niño, sino también los pilares del Estado de Derecho y los compromisos internacionales de España en materia de protección a la infancia”.
La denuncia por incumplimiento de garantías
La entidad afirma que la actuación se habría llevado a cabo sin respetar las garantías previstas por la Ley de Extranjería. Según su presentación, no se abrió expediente, no hubo resolución recurrible, no se permitió al menor ser oído y tampoco intervinieron la Fiscalía ni el Área de Protección de Menores de Ceuta, que tenía la responsabilidad de su tutela.
La fundación añade que el adolescente fue expulsado de madrugada sin asistencia letrada, sin evaluar su interés superior y sin comprobar las circunstancias que había expuesto ni las condiciones en que quedaría en Marruecos. A juicio de la organización, ello vulnera sus derechos a la integridad, la libertad y la tutela judicial efectiva. Incluso si hubiera existido un error de identificación, subrayan, la Guardia Civil debía verificar su identidad y confirmar que era un menor tutelado antes de trasladarlo al puesto fronterizo.
Este tipo de controversias no es nuevo en la frontera del norte de África: desde hace años, el régimen jurídico de las devoluciones, los controles fronterizos y la protección de menores no acompañados ha generado fricciones entre las exigencias de control migratorio y las obligaciones de tutela. En ese equilibrio, la jurisprudencia y la práctica administrativa suelen colocar en el centro la necesidad de individualizar cada caso, documentar las decisiones y evitar actuaciones sumarias que puedan dejar a un menor sin protección efectiva.
Piden anular la devolución y que pueda regresar
En el recurso contencioso-administrativo presentado, la Fundación Raíces solicita que el juzgado declare vulnerados los derechos fundamentales del adolescente y anule su devolución, al considerar que se produjo al margen del procedimiento legal. También pide que la Administración adopte de inmediato las medidas necesarias para facilitar su regreso a España y restituir su tutela y protección.
Además, reclama la conservación urgente de las grabaciones de videovigilancia de esa madrugada para evitar que se borren automáticamente y puedan incorporarse como prueba del relato del menor.
La organización subraya que no se trataría de un caso aislado. Si bien asegura que es el primero de un menor tutelado para el que logró reunir documentación suficiente para acudir a los tribunales, afirma tener constancia de devoluciones de adultos y menores sin procedimiento ni garantías en la frontera del Tarajal desde la entrada masiva de finales de julio en Ceuta.
Análisis y proyecciones
El caso puede tener impacto más allá de la situación individual del adolescente, porque vuelve a poner bajo la lupa la coordinación entre fuerzas de seguridad, fiscalía y sistemas de protección de menores. Si el juzgado admite la cautelar o examina con detalle la legalidad de la devolución, el expediente podría convertirse en un antecedente relevante sobre los límites de las actuaciones fronterizas cuando existe constancia documental de tutela y residencia.
En términos más amplios, este tipo de episodios suele reactivar el debate sobre cómo compatibilizar la respuesta a entradas irregulares con el deber reforzado de protección a la infancia, especialmente en enclaves como Ceuta, donde la presión migratoria y la sensibilidad jurídica conviven desde hace años con una intensa supervisión de organizaciones sociales y tribunales.
Evolución del tema en los últimos años
La postura de los actores implicados ha ido endureciéndose y, al mismo tiempo, tecnificándose. Las autoridades insisten cada vez más en la necesidad de control fronterizo y en la rapidez operativa ante situaciones de saturación; en cambio, las organizaciones especializadas en infancia y derechos humanos han reforzado su exigencia de garantías formales, documentación de cada caso y prioridad absoluta al interés superior del menor.
En Ceuta, esta tensión se ha intensificado en los últimos años por el aumento de llegadas de menores no acompañados y por la discusión pública sobre los procedimientos de entrega, tutela y retorno. En ese contexto, la presentación de pruebas, la preservación de imágenes y la intervención judicial se vuelven piezas centrales para definir si una actuación fue una medida administrativa legítima o una vulneración de derechos.
