Cipolletti: indemnización millonaria por accidente escolar
Un accidente ocurrido durante el recreo en una escuela primaria de Cipolletti terminó en una condena millonaria, luego de que la Justicia de Río Negro vinculó las secuelas del menor con el hecho. La resolución aún no está firme y podría seguir apelándose.“Los niños han de ser enseñados, no moldeados”, escribió William Wordsworth, y la frase vuelve a resonar cada vez que un hecho escolar deriva en un conflicto judicial de enorme impacto. En Cipolletti, una caída durante el recreo de una escuela primaria terminó transformada en una indemnización millonaria luego de que la Justicia rionegrina analizara el alcance de las secuelas que sufrió un chico de nueve años.
El episodio ocurrió en 2022 y dejó una secuencia médica compleja: fractura del brazo derecho, múltiples cirugías, rehabilitación, controles especializados y una incapacidad física estimada en el 34,5%. La Cámara de Apelaciones de Río Negro concluyó que existía un vínculo causal entre el accidente escolar y parte de las consecuencias posteriores, y fijó un resarcimiento total de $62.142.431, aunque la decisión todavía no quedó firme.
Cómo fue el accidente en la escuela
El hecho se produjo el 3 de mayo de 2022 en la Escuela Primaria N° 234 “Facundo Quiroga”, de Cipolletti. Durante el recreo, el niño jugaba con sus compañeros cuando pisó una zona desnivelada del patio, perdió el equilibrio y cayó al suelo.
Tras el golpe, comenzó a sentir un dolor intenso en el brazo y la muñeca. La familia cuestionó que en ese momento la escuela no contara con un servicio de emergencias médicas y señaló además que no se había pedido una ambulancia de inmediato.
La vicedirectora hizo la denuncia ante la aseguradora del establecimiento y se indicó el traslado del menor al Policlínico Modelo de Cipolletti. Finalmente, una docente consiguió un taxi para llevarlo al centro de salud.
Allí le practicaron una radiografía y confirmaron una fractura diafisaria de radio desplazada. Por la gravedad de la lesión, los médicos realizaron una reducción bajo anestesia y luego inmovilizaron el brazo con yeso.
En términos generales, este tipo de casos suele mostrar cómo una lesión aparentemente acotada puede escalar si existen complicaciones en la evolución clínica. En el ámbito escolar, además, la responsabilidad por la seguridad de los alumnos suele evaluarse con especial rigor, porque el deber de custodia y prevención forma parte del funcionamiento cotidiano de las instituciones educativas.
La primera cirugía y una nueva caída
A mediados de mayo, estudios posteriores revelaron que la fractura presentaba angulación y desplazamiento, por lo que los médicos indicaron una cirugía.
El 15 de junio de 2022, el chico fue operado y se le colocaron una placa y tornillos para estabilizar el hueso. Después comenzó un proceso de rehabilitación y seguimiento médico.
En septiembre volvió a tener dolores y molestias. Según el expediente, los profesionales consideraron que la fractura había consolidado y procedieron a retirar el material de osteosíntesis.
Poco después ocurrió un nuevo episodio que sería decisivo en el juicio: el chico sufrió otra caída y volvió a fracturarse el mismo brazo.
La nueva lesión requirió otra intervención. El 5 de octubre de 2022 fue operado otra vez y le colocaron clavijas cruzadas.
Las complicaciones, sin embargo, continuaron. Un mes después debió regresar al quirófano por una infección en la herida. Los médicos detectaron una infección de piel y partes blandas y luego diagnosticaron osteomielitis, una patología que compromete el hueso.
Desde entonces, el menor debió seguir bajo control de traumatología e infectología. La familia sostuvo que todo el proceso le dejó secuelas físicas y estéticas permanentes.
El juicio y la relación entre las dos caídas
La familia demandó a la Provincia de Río Negro y pidió una reparación económica por los daños sufridos por el menor.
Uno de los ejes del expediente fue determinar qué nexo existía entre la caída en la escuela y las lesiones que aparecieron después del segundo episodio.
En primera instancia, la Justicia había rechazado reconocer parte de las secuelas reclamadas. Luego, el caso llegó a la Cámara de Apelaciones, que volvió a valorar las pruebas y la pericia médica.
Los jueces concluyeron que la segunda caída no podía ser considerada, por sí sola, un hecho totalmente independiente del accidente ocurrido en la escuela.
El tribunal sostuvo que “para que un hecho posterior rompa la relación causal, debe tener una entidad suficiente como para convertirse en una causa ajena al primer accidente”.
La pericia médica fue central en la definición del caso. El profesional determinó una incapacidad física del 34,5%, aunque la Cámara excluyó del cálculo una secuela puntual que había sido asociada con una complicación posterior.
En la evolución de este tipo de litigios se observa una tendencia clara: los tribunales suelen apoyarse cada vez más en informes médicos, reconstrucciones cronológicas y análisis de causalidad para distinguir qué consecuencias derivan directamente del hecho inicial y cuáles podrían obedecer a eventos posteriores. Esa línea interpretativa se volvió especialmente relevante en daños personales vinculados con niños, donde las secuelas pueden extenderse durante meses o años.
La Justicia fijó una indemnización de $62 millones
Con ese marco, la Cámara modificó parcialmente la sentencia de primera instancia y reconoció una indemnización por las consecuencias físicas del caso.
El monto fijado por daño físico fue de $57.567.031. A esa cifra se sumaron $4.575.400 por daño moral.
Así, el resarcimiento total reconocido en la sentencia alcanzó los $62.142.431.
La responsabilidad económica quedó repartida entre la Provincia de Río Negro y la aseguradora Horizonte, según los distintos rubros admitidos y los límites previstos en la póliza.
Por el daño físico, Horizonte deberá responder dentro del límite de cobertura contratado, mientras que el daño moral quedó exclusivamente a cargo de la Provincia.
La resolución corresponde a la segunda instancia y todavía no está firme, por lo que el expediente podría continuar su recorrido en otras instancias judiciales.
Análisis y proyecciones: si el fallo se confirma, el caso puede funcionar como referencia para futuros reclamos por accidentes escolares en la región, especialmente en discusiones sobre el deber de prevención, la respuesta inmediata ante una emergencia y el alcance de la responsabilidad estatal y aseguradora. También deja una señal sobre el peso que tienen las pericias médicas en la cuantificación del daño y en la delimitación del nexo causal, un aspecto que suele definir el resultado final en procesos de este tipo.
Evolución del caso y de los actores: desde la primera atención médica hasta la decisión de Cámara, el expediente pasó de una discusión sobre una simple caída a un análisis más complejo sobre secuelas, infecciones, rehabilitación y causalidad jurídica. La familia mantuvo su reclamo por la totalidad de los daños; la Provincia sostuvo su posición defensiva dentro del proceso; y la Justicia, tras revisar el material probatorio, amplió el reconocimiento indemnizatorio. En paralelo, este tipo de litigios ha ido consolidando una mirada más estricta sobre la seguridad escolar y la trazabilidad de la atención médica inmediata.
