Alquileres: Maricarmen y el libre mercado
El acuerdo para que una jubilada de 87 años regrese a su casa y el acampe por la vivienda en España ponen sobre la mesa una discusión que atraviesa fronteras: cómo equilibrar la protección humanitaria, los derechos de los propietarios y las reglas del mercado. Si el Estado interviene, debe explicar qué garantiza, cómo lo financia y de dónde sale la plata.
Por Jagua Arandú – Identidadcorrentina
Maricarmen Abascal tiene 87 años. La imagen de su desalojo en camilla, después de vivir unas siete décadas en la misma vivienda de Madrid, convirtió un expediente judicial en una pregunta que cualquiera puede comprender: ¿qué hacemos cuando las reglas permiten que una persona termine perdiendo el lugar donde transcurrió casi toda su vida?
El acuerdo aceptado para que vuelva a su casa contempla un alquiler de ocho años y una renta que no supere el 30% de sus ingresos netos. Es una salida concreta para una situación dramática. Pero las protestas y el acampe por la vivienda plantean un problema mucho más amplio, que no se resuelve con un solo contrato.
El Gobierno español acordó nuevas medidas de protección y regulación del alquiler, cuyo futuro depende del trámite parlamentario. Las organizaciones de inquilinos reclaman estabilidad para permanecer en sus hogares y límites a los aumentos. Del otro lado aparecen las objeciones de quienes consideran que ciertas restricciones pueden reducir la oferta y perjudicar a los pequeños propietarios.
La discusión merece algo más que elegir una vereda y gritar desde allí.
Una vivienda es un bien que cuesta construir, mantener y reparar. Puede representar el ahorro de una familia, una herencia o un ingreso que complementa una jubilación. También puede formar parte de una inversión empresarial. Esas situaciones tienen diferencias que una política pública debe reconocer.
Para quien la habita, esa misma vivienda es el lugar desde donde organiza su vida. Allí están la escuela de los hijos, el trabajo cercano, los vecinos y, en el caso de una persona mayor, las pequeñas seguridades que permiten sostener la autonomía.
Las dos realidades existen al mismo tiempo. El derecho del propietario y la necesidad del inquilino pueden entrar en conflicto. El Estado tiene la responsabilidad de establecer reglas que permitan resolverlo, con procedimientos claros y protección frente al desamparo.
Entonces aparece la pregunta básica: ¿de dónde sale la plata?
Regular requiere capacidad administrativa, inspectores y una Justicia que funcione. Garantizar una alternativa habitacional exige, además, viviendas disponibles o dinero para conseguirlas. Si el Estado promete pagar una parte del alquiler, compensar a un propietario o construir departamentos, alguien debe financiar esa decisión.
Puede hacerlo con impuestos. Puede reasignar recursos que antes destinaba a otro fin. Puede endeudarse, trasladando compromisos hacia los próximos años. También puede obtener ingresos mediante la gestión de suelo o inmuebles públicos. Cada camino tiene costos, límites y personas sobre las que recae el esfuerzo.
Cuando una obligación se impone al propietario sin compensación, el costo también existe: se traslada a ese propietario. Y cuando toda la respuesta queda librada a lo que pueda pagar el inquilino, el costo de la insuficiencia de ingresos recae sobre esa familia.
La cuenta siempre la paga alguien. La cuestión política es decidir cómo se distribuye y explicarlo con honestidad.
Por eso, suspender un desalojo puede ser una medida humanitaria necesaria, pero necesita una salida posterior. ¿Quién atiende la deuda? ¿Quién cubre el mantenimiento? ¿Qué ocurre si el propietario también depende de ese ingreso para vivir? ¿Qué alternativa recibe la persona vulnerable cuando termina la protección?
La demora puede dar tiempo para encontrar una solución. Sin recursos y sin gestión, también puede prolongar el conflicto.
El caso de Maricarmen ofrece una pista. La mediación municipal acompañó el acuerdo con asistencia para la inquilina y seguros para la propiedad. Combinar protección y garantías ayuda a acercar posiciones. Eso tampoco significa que el Estado pague toda la renta: hay que distinguir los compromisos concretos asumidos por cada parte.
En el mercado de alquileres, además, conviven quienes ya tienen un contrato y quienes están buscando vivienda. Una prórroga puede dar tranquilidad a los primeros. Pero si las condiciones desalientan a algunos propietarios y se retiran departamentos, los segundos pueden encontrar menos opciones, mayores exigencias y más competencia por cada inmueble.
Ese es un riesgo económico que debe evaluarse, no una consecuencia inevitable de cualquier regulación. El resultado depende de cómo se diseñen las medidas, qué garantías existan y cuánto aumente la oferta.
También corresponde mirar los límites del libre mercado. El precio permite organizar intercambios y orientar inversiones, pero una persona con una jubilación insuficiente puede quedar afuera aunque necesite desesperadamente un techo. Para ella, esperar que aparezcan nuevas viviendas dentro de varios años no resuelve dónde dormirá esta noche.
La asistencia inmediata y la ampliación de la oferta necesitan caminar juntas.
Construir viviendas públicas o impulsar alquileres asequibles requiere suelo, infraestructura, financiación y continuidad. Facilitar permisos y rehabilitar edificios puede ayudar. Las garantías de cobro y los incentivos bien dirigidos pueden acercar propietarios al alquiler permanente. Ninguna de esas herramientas funciona solamente con un anuncio.
Los subsidios también necesitan cuidado. Ayudar a pagar un alquiler puede evitar una situación de desamparo. Pero, si hay pocas viviendas y aumenta el dinero disponible para disputarlas, parte de esa ayuda puede terminar absorbida por precios más altos. Por eso hay que acompañar la asistencia con más oferta y controlar a quién beneficia efectivamente.
El Estado no necesita ser dueño de todas las viviendas para intervenir. Sí necesita conocer el problema, distinguir situaciones, hacer cumplir los contratos y disponer de recursos para las obligaciones que decide asumir. Su responsabilidad también incluye rendir cuentas: cuánto se gasta, cuántas familias reciben una solución y qué resultados se obtienen.
Maricarmen puso un rostro a una discusión que suele perderse entre cifras y consignas. Su regreso a casa tiene un valor humano que merece reconocerse. Pero una política de vivienda debe alcanzar también a quienes no aparecen en televisión ni consiguen movilizar una plaza.
El equilibrio se construye protegiendo a la persona vulnerable, respetando los derechos de la propiedad y creando condiciones para que haya más viviendas disponibles. Para sostenerlo hacen falta decisiones, administración y presupuesto.
Porque detrás de cada promesa de protección queda una pregunta que el Gobierno tiene que responder: ¿de dónde sale la plata, quién la aporta y alcanza para cumplir lo prometido?
