Causa ANDIS: la Cámara Federal confirmó los procesamientos
La Sala II avaló los procesamientos de los principales involucrados en la causa ANDIS y dio por acreditado un esquema de asociación ilícita, direccionamiento de contrataciones y sobreprecios. También rechazó los planteos de nulidad de la defensa de los Kovalivker.“La corrupción no es un hecho aislado: cuando se instala en el Estado, distorsiona decisiones, contratos y prioridades”, suele repetirse en el análisis institucional de los grandes expedientes de Comodoro Py. En esa línea, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este martes los procesamientos en la causa ANDIS y convalidó la hipótesis de una maniobra organizada con participación de funcionarios y privados.
Los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, mediante voto concurrente, sostuvieron que quedó “probada tanto la existencia de la asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares, como los direccionamientos de las contrataciones a favor de determinadas empresas y los sobreprecios en medicamentos e insumos”.
La resolución alcanza al ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, quien apareció en los audios filtrados a la prensa admitiendo que existía una trama de corrupción por la cual Karina Milei se quedaría con el 3 por ciento de los fondos desviados.
Según fuentes de Comodoro Py, los magistrados también dieron por “acreditados los pagos de sobornos a funcionarios”. La decisión se conoció un día después de que el Gobierno le pidiera la renuncia al sucesor de Spagnuolo, Alejandro Vilches, quien impulsó una auditoría sobre lo actuado hasta su llegada y concluyó que hubo un desvío de $150 mil millones.
En consecuencia, Boico y Farah confirmaron los procesamientos de Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, además de otra veintena de personas presuntamente involucradas en el esquema bajo investigación.
La Cámara también rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, que desde el inicio de la causa intentaron instalar la aplicación de la teoría del “fruto del árbol envenenado”. Su planteo se apoyó en la supuesta adulteración de los audios de Spagnuolo o en la invalidez de su incorporación al expediente por la forma en que fueron obtenidos.
En su voto, Farah recordó que el fiscal Franco Picardi no tomó esos audios como prueba y que el juez Ariel Lijo ordenó peritarlos, por lo que consideró improcedente la objeción inicial. Ese punto es clave en términos procesales: en las causas complejas por corrupción, la validez de cada evidencia suele discutirse con intensidad, porque de ello depende la solidez de todo el expediente.
Análisis y proyecciones: La confirmación de los procesamientos refuerza la posición judicial de la investigación y deja a la causa en una etapa más sólida para eventuales definiciones de fondo. En términos políticos e institucionales, el caso tiene potencial para profundizar el impacto sobre la conducción de la ANDIS y sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y las áreas de control, especialmente si avanzan nuevas medidas de prueba o surgen más elementos sobre circuitos de contratación y pagos. En expedientes de esta naturaleza, la experiencia indica que la discusión suele desplazarse desde la validez de la prueba hacia la trazabilidad de los fondos y la responsabilidad individual de cada imputado.
Evolución del caso: En los últimos años, las investigaciones por presuntas irregularidades en organismos públicos y compras estatales ganaron centralidad en la agenda judicial argentina, con un foco creciente en la trazabilidad de contrataciones y la participación de intermediarios privados. En esta causa, la postura de los actores involucrados también fue mutando: mientras la defensa intentó desde el inicio desacreditar los audios y plantear nulidades, la Cámara dejó asentada una lectura más amplia de los hechos, otorgando peso a la presunta existencia de una estructura organizada y a los indicios de sobornos y direccionamiento de compras.
