Denuncian posible falsificación del testamento de un empresario santafesino
Una denuncia judicial puso bajo la lupa la herencia de Norberto Santilli, empresario agropecuario de Armstrong. Su prima cuestiona la validez del testamento que benefició a su chofer y pidió medidas sobre los bienes y el cuerpo del fallecido.“La sucesión es uno de los actos más sensibles del derecho civil, porque en pocas páginas puede condensar años de patrimonio, vínculos y conflictos familiares”. Bajo esa lógica, la herencia del empresario agropecuario Norberto Santilli quedó envuelta en una controversia que ahora investiga la Justicia santafesina.
Una grave denuncia expuso una posible falsificación del testamento de un empresario agropecuario de 82 años de la localidad santafesina de Armstrong, quien 60 días antes de morir dejó toda su herencia a su chofer y asistente. Se trata de Norberto Santilli, fallecido a finales de julio del año pasado en Rosario, cuyos bienes tendrían una valuación de seis millones de dólares.
La presentación judicial fue radicada el año pasado, pero tuvo tratamiento en una audiencia realizada el 11 de septiembre en los Tribunales provinciales de Cañada de Gómez. Allí, el juez penal de primera instancia Álvaro Campos, a pedido del fiscal Juan Pablo Baños, dispuso inscribir como bienes litigiosos, por seis meses, todos los inmuebles de Santilli.
El planteo fue impulsado por Celia Santilli, prima hermana de Norberto, quien se presentó como única heredera legítima. La mujer contó con el patrocinio de los abogados Pablo Morosano, Ángelo y Lucio Rossini, y acompañó su presentación con la declaración del escribano de confianza del empresario fallecido, con quien sostuvo una relación profesional durante 30 años.
Santilli murió el 31 de julio de 2025. No tuvo hijos ni hermanos. Se casó, enviudó y luego mantuvo una relación de 20 años con una mujer que tenía una hija de una pareja anterior, aunque más tarde se separó.
En el escrito, la prima señaló que en febrero de 2025, meses antes del deceso, consultó a su escribano de confianza sobre los pasos a seguir para despedir a Agustín M., chofer y asistente de Santilli, con quien aparentemente mantenía un vínculo tenso y respecto del cual estaba muy disconforme. Según esa conversación, el empresario primero quería revocarle los permisos para conducir sus vehículos y luego desvincularlo laboralmente.
Norberto conocía a Agustín, ya que antes de ser su chofer había trabajado en una cooperativa de Armstrong vinculada al empresario. Sin embargo, el 30 de mayo de 2025 firmó en una escribanía de Cañada de Gómez un documento por el que le dejaba todo su patrimonio.
La prima hermana cuestionó que Santilli haya firmado el testamento en Cañada de Gómez, una localidad que no frecuentaba, en una escribanía con la que no había tenido vínculo previo. De hecho, durante tres décadas había resuelto sus asuntos burocráticos con su escribano de confianza de Rosario. También objetó que el acto se realizara ante dos testigos de Las Parejas que no eran allegados al empresario.
El escribano que lo atendió durante 30 años afirmó en la presentación judicial que, antes de morir, Santilli le había dicho que quería dejarle parte de sus bienes a su ex pareja y a su hijastra para protegerlas económicamente. En paralelo, tras el fallecimiento del empresario, la mujer y su hija fueron desalojadas del inmueble en el que vivían por cesión de Santilli y debieron concurrir con un oficial de Justicia para retirar sus pertenencias.
Otro punto observado por la pariente fue que, apenas siete días hábiles después de la muerte del empresario, se inició la sucesión testamentaria, cuando ese tipo de trámites suele requerir mayor preparación y desarrollo administrativo.
Además, la mujer pidió la exhumación del cuerpo de Norberto. La causa de muerte asentada indica que fue por “enfermedad”, aunque no se precisó cuál. A eso se suma que en la historia clínica se detectó un “deterioro cognitivo”, por lo que sospecha que pudo haber sido inducido a firmar bajo engaño o que, directamente, la rúbrica no fuera suya.
También llamó la atención de la denunciante que el cuerpo de Santilli fue encontrado en un departamento del sexto piso de un edificio de Corrientes al 900, en el centro de Rosario, donde no vivía. En esa misma torre, pero en el tercer piso, el empresario había cedido en comodato por un año un departamento a Agustín M.
La pariente añadió que Agustín M. puso rápidamente a la venta, a través de inmobiliarias, varias propiedades del empresario, entre ellas departamentos, casas, campos y cereal.
Análisis y proyecciones: En casos de esta naturaleza, la disputa suele concentrarse en tres ejes: la capacidad mental del testador al momento de firmar, la regularidad formal del acto y la eventual existencia de influencias indebidas. Si la Justicia encuentra inconsistencias en cualquiera de esos puntos, podría abrirse la puerta a la nulidad total o parcial del testamento, además de eventuales responsabilidades civiles y, según lo que surja de la investigación, consecuencias penales. También es habitual que estos conflictos prolonguen la indisponibilidad de activos durante años, especialmente cuando hay inmuebles y explotaciones agropecuarias de por medio.
Evolución del caso y de la postura de los actores: La situación pasó de una sucesión aparentemente cerrada a una controversia judicial con bienes inhibidos como medida de resguardo. Del lado de la denunciante, la estrategia se endureció con el paso de los meses: primero puso en duda el contexto en que se firmó el testamento y luego agregó pedidos de exhumación y revisión médica. Del otro lado, la adjudicación patrimonial a favor del chofer aparece como el núcleo del conflicto, mientras que el rol del escribano de confianza y las referencias a la ex pareja y la hijastra refuerzan la hipótesis de que Santilli habría tenido intenciones patrimoniales distintas de las que quedaron plasmadas en el documento cuestionado.
El trasfondo también refleja una dinámica frecuente en disputas hereditarias de alto valor: cuando un patrimonio relevante cambia de manos en un plazo breve antes de la muerte del titular, las sospechas suelen intensificarse y la Justicia debe reconstruir no solo la validez del acto, sino también la voluntad real del causante, su estado de salud y el entorno en el que se produjeron las decisiones patrimoniales.





















