Juicio a Lotocki: declaran peritos y se agrava la acusación por la muerte de Zárate
El juicio por la muerte de Christian Zárate sumará este miércoles una nueva ronda de testimonios clave. Declararán inspectores que participaron de la clausura de CEMECO, mientras la fiscalía refuerza la hipótesis de una cadena de omisiones médicas.
“La medicina no puede ser una ruleta rusa”, advirtió en 1978 la Asociación Médica Mundial al fijar principios éticos sobre la seguridad del paciente. Ese criterio vuelve a quedar en el centro del debate judicial en la causa que tiene a Aníbal Lotocki como principal acusado por la muerte de Christian Zárate.
Este miércoles se realizará la sexta audiencia del juicio en el que el cirujano mediático está imputado por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Christian Zárate, un paciente de 50 años al que operó en abril de 2021 y que falleció un día después de la intervención.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que mañana declararán cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación que participaron de la clausura del Centro Médico Conde, más conocido como CEMECO, el establecimiento donde se realizó la cirugía estética.
En la audiencia anterior, celebrada el miércoles pasado, declararon ocho peritos ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17. Según sus dichos, los especialistas pusieron en duda los controles y la atención brindada a la víctima y describieron una evolución clínica deteriorante que, a su entender, no recibió la respuesta adecuada.
Zárate fue operado el 15 de abril de 2021 en CEMECO. Había acordado una lipoescultura y una dermolipectomía, procedimiento que incluyó extracción de tejidos en distintas zonas del cuerpo y una liposucción. En el juicio se expuso además que el paciente tenía antecedentes de COVID-19 y diabetes tipo II.
Durante la declaración de los peritos, la fiscal María Luz Castany consultó por el drenaje de unos 400 centímetros cúbicos de sangre durante la hora y media posterior a la primera intervención. Los médicos indicaron que, ante esa situación, era necesario evaluar signos de descompensación y ordenar estudios para determinar el origen del cuadro.
Los expertos también sostuvieron que un paciente sometido a una dermolipectomía junto con una liposucción de dos litros y medio de grasa suele requerir una internación de, al menos, un día. Según explicaron, el seguimiento posterior debía contemplar la posibilidad de una atención de mayor complejidad.
De acuerdo con el comunicado difundido por fiscalse.gob.ar, los testigos señalaron que en abril de 2021 había una fuerte ocupación de camas por un nuevo brote de coronavirus. En ese contexto, remarcaron que una cirugía de mayor complejidad en un paciente con esos antecedentes obligaba a prever una eventual derivación a un nivel de internación superior.
También se refirieron al consentimiento informado firmado por Zárate antes de la operación. Ante preguntas de la acusación, afirmaron que los riesgos propios de una intervención de esas características no estaban detallados en ese documento.
La situación del paciente se agravó después de la primera cirugía. Una enfermera advirtió una anomalía en el drenaje y se lo informó a Lotocki, quien ordenó que el paciente regresara al quirófano. Durante la madrugada, Zárate permaneció con dolor y no logró dormir, según la reconstrucción del caso.
Al día siguiente, el paciente sufrió una descompensación, fue intubado y el personal de la clínica pidió una ambulancia. Los médicos que acudieron al lugar advirtieron la gravedad del cuadro y solicitaron un segundo móvil. Zárate sufrió un paro cardíaco y murió pese a las maniobras de reanimación.
El anestesiólogo Martín Meiriño explicó que el desenlace debía entenderse como una sucesión de hechos. “El deterioro transcurrió con el transcurso del tiempo y no se estuvo, al menos por las actuaciones que a nosotros nos acercan, a la altura de seguir ese deterioro”, declaró ante el tribunal.
Los peritos coincidieron en que la muerte no respondió a un episodio aislado. “El óbito empieza mucho antes, en una secuencia de deterioros que no fueron asistidos”, señalaron. Además, remarcaron que los controles debieron ser más estrictos y que, frente a un cuadro de ese tipo, la derivación a terapia intensiva suele ser la conducta esperable.
Además de Lotocki, están acusados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín, el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la contadora y directora de CEMECO, Andrea Isabel Torelli.
En tanto, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek enfrenta una acusación por encubrimiento agravado, bajo la sospecha de haber ocultado el teléfono de Lotocki para impedir que lo encontraran los investigadores.
Análisis y proyecciones: El expediente concentra varios de los puntos más sensibles de la responsabilidad médica penal: el deber de previsión, la correcta evaluación prequirúrgica, la vigilancia posoperatoria y la capacidad de respuesta ante una complicación. En causas de este tipo, la discusión suele girar menos alrededor de un único acto y más sobre la cadena completa de decisiones, omisiones y controles. Si el tribunal valida la hipótesis fiscal, el juicio podría consolidar un estándar más exigente sobre internación, consentimiento informado y derivación temprana en cirugías estéticas de riesgo, un terreno que en los últimos años ha quedado bajo mayor escrutinio social y judicial. También podría reforzar la idea de que la responsabilidad no se limita al cirujano principal, sino que alcanza a todo el equipo y a la estructura clínica que habilita la práctica.
Evolución del caso y de la mirada sobre la cirugía estética: En los últimos años, la situación de Lotocki pasó de la exposición mediática a una secuencia de procesos judiciales cada vez más severos, en paralelo con un endurecimiento del debate público sobre la seguridad en intervenciones estéticas. La causa por Zárate se volvió emblemática porque combina una muerte tras una cirugía programada, antecedentes clínicos relevantes y cuestionamientos sobre la respuesta institucional ante las complicaciones. A la vez, el caso reflejó un cambio de clima: prácticas que antes solían relativizarse hoy son observadas con mayor cautela por fiscales, peritos, pacientes y organismos de control, en un contexto donde el consentimiento informado y la trazabilidad de la atención ganaron peso como herramientas centrales de prevención.
