Denuncia por sobrecosto en Cartagena y un taxista preso por hurto
Mario Trujillo denunció en redes un presunto sobrecosto por piñas coladas en un restaurante de Cartagena y advirtió sobre lo ocurrido a otros visitantes. En paralelo, la ciudad volvió a quedar en foco por la prisión de un taxista investigado por el robo del celular a una turista mexicana.“Cartagena siempre ha sido puerto, comercio y turismo; por eso, cada reclamo sobre cobros abusivos o engaños al visitante impacta de inmediato en la reputación de la ciudad”. Bajo esa lógica se inscribe la denuncia del influenciador Mario Trujillo, quien aseguró en su cuenta oficial de Instagram que fue víctima de un presunto sobrecosto por cuatro piñas coladas en un restaurante de Cartagena.
Trujillo sostuvo que cada bebida terminó costando 100 mil pesos, aunque, según su relato, más tarde halló una carta del establecimiento en la que figuraban a 45 mil pesos. “Nos acaban de robar en Cartagena”, dijo al comienzo de la grabación, en la que expuso su malestar por la diferencia entre el valor informado y el monto finalmente cobrado.
De acuerdo con su versión, pidió cuatro cócteles y el total ascendió a 400 mil pesos, equivalentes a 100 mil por unidad. El creador de contenido afirmó que durante el pedido le habrían indicado un precio de 45 mil pesos por cada piña colada, pero luego —siempre según su testimonio— el valor cambió. “Primero 45, cuando después dizque no, que 100 mil pesos”, expresó.
Después de pagar, Trujillo aseguró que regresó al local para revisar lo ocurrido. Allí, indicó, le mostraron una carta con las bebidas ofertadas a 45 mil pesos. También señaló que la carta que le presentaron al ordenar reflejaba un valor distinto. “En esta sí tienen a 45 mil pesos la piña colada y él la tenía a 100 mil”, afirmó en el video. Al mismo tiempo, reconoció que advirtió la discrepancia recién después de cancelar la cuenta: “Fui al restaurante, pero ya cuando pagué”.
El influenciador no mencionó el nombre del restaurante ni precisó la fecha del episodio. Tampoco difundió imágenes de ambos menús ni se conoció una respuesta pública del establecimiento señalado. Aun así, utilizó su experiencia para advertir a quienes visiten la ciudad: “Pa’ que estén pendientes”.
La situación reaviva un debate recurrente en destinos de alto flujo turístico como Cartagena: la tensión entre la necesidad de preservar una oferta gastronómica competitiva y la obligación de transparentar precios. En ciudades con fuerte dependencia del turismo, los episodios de cobros presuntamente inconsistentes suelen amplificarse rápidamente en redes sociales y pueden derivar en reclamos formales, revisiones administrativas y un golpe reputacional para el sector.
Análisis y proyecciones: casos como el relatado por Trujillo suelen tener dos efectos inmediatos. Por un lado, refuerzan la percepción de vulnerabilidad del visitante y presionan a restaurantes y comercios a exhibir listas de precios más claras; por el otro, impulsan a autoridades locales y de protección al consumidor a intensificar controles, especialmente en zonas turísticas. En términos de imagen, Cartagena —que históricamente combina atractivo patrimonial, gastronomía y comercio— depende en buena medida de sostener confianza en el servicio. Si episodios de este tipo se repiten, el costo reputacional puede superar ampliamente el valor de una cuenta discutida en redes.
Evolución reciente del tema: en los últimos años, la conversación pública sobre turismo en Cartagena ha girado cada vez más en torno a la transparencia comercial, la experiencia del visitante y la seguridad en áreas emblemáticas. La irrupción de redes sociales cambió el equilibrio de poder: antes, una queja quedaba confinada al cliente y al negocio; hoy, un video puede convertir un reclamo puntual en asunto de agenda pública. Eso ha obligado a actores del sector turístico a cuidar con mayor detalle la exhibición de precios, la atención al cliente y los mecanismos de resolución de controversias.
Enviaron a prisión a taxista investigado por el robo de un celular a una turista mexicana en Cartagena
Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el taxista Henry Acevedo, investigado por el presunto robo del teléfono celular de una turista mexicana en el Centro Histórico de Cartagena.
La decisión se tomó el sábado 12 de septiembre de 2026, durante las audiencias concentradas en las que la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de hurto agravado. El conductor permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
El expediente se originó por un hecho ocurrido hacia las 3:30 a. m. del 5 de septiembre. Cámaras de seguridad registraron a un hombre que descendió de un taxi en una calle de la zona histórica, tomó un celular y volvió al vehículo antes de alejarse.
Con base en ese material, la Policía Metropolitana de Cartagena identificó al hombre que conducía el automóvil captado en la grabación. Los investigadores de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) complementaron el trabajo con información obtenida a través de empresas de taxi, redes de apoyo y fuentes humanas, lo que permitió señalar a Acevedo como presunto responsable.
La denuncia formal no se presentó de inmediato debido a que las autoridades no habían logrado contactar a la visitante. El secretario del Interior de Cartagena, Daniel Vargas Díaz, puso el caso en conocimiento de las instituciones para que avanzaran las actuaciones correspondientes.
El teléfono, un iPhone 17 Pro Max, fue entregado a la Policía el 7 de septiembre por una tercera persona. Las autoridades estimaron que la investigación contribuyó a la devolución del dispositivo. Luego, funcionarios de la Secretaría del Interior localizaron a la ciudadana mexicana, quien se presentó en la sede de la Policía Metropolitana, formalizó la denuncia y recuperó nuevamente su aparato.
Según la institución, Acevedo cambió de domicilio en dos ocasiones tras ser identificado, con el objetivo de dificultar su ubicación. Las tareas de inteligencia llevaron a los agentes hasta el barrio Los Jardines, donde miembros de la Sijín, vestidos de civil, lo interceptaron en la vía pública y ejecutaron la orden judicial en su contra.
En perspectiva, ambos episodios retratan un desafío común para Cartagena: la necesidad de fortalecer controles, proteger al turista y responder con rapidez ante denuncias que pueden escalar en cuestión de horas. En una ciudad donde la actividad turística es central, la confianza del visitante sigue siendo un activo tan importante como el atractivo histórico de sus calles y su oferta comercial.
