Golpeó a un rival en un partido y deberá pagar $16 millones
Un partido entre amigos en La Plata terminó en una condena civil millonaria tras una agresión ocurrida con el juego detenido. La Justicia consideró que no se trató de un riesgo deportivo sino de un ataque deliberado.“En el fútbol se aceptan los riesgos del juego, pero no una agresión deliberada fuera de toda acción deportiva”. Con ese criterio, la Justicia volvió a marcar una frontera clásica del derecho civil: la práctica deportiva no habilita la violencia cuando el partido ya está detenido.
El caso se originó el 26 de agosto de 2018, cerca de las 15, durante un partido entre amigos disputado en el predio ubicado en 19 y 520, en La Plata. Según quedó acreditado en el juicio, la secuencia comenzó tras un cruce verbal entre dos jugadores y terminó cuando uno de ellos atacó a golpes al otro mientras el juego estaba interrumpido.
El golpe fue directo al rostro. La víctima cayó al suelo y permaneció inconsciente durante varios segundos. Al recuperar el conocimiento, se encontraba mareado, desorientado y con sangre en la boca.
Los testigos relataron que el agresor “había tenido una actitud provocadora durante el partido”. También coincidieron en que el golpe se produjo con el juego detenido y que luego continuaron los insultos y las amenazas.
La víctima recibió asistencia médica en el lugar y después fue trasladada a un hospital de Berisso. Allí le diagnosticaron un traumatismo maxilofacial y una laceración en la parte interna del labio inferior.
Con el tiempo, decidió llevar el caso a la Justicia. La causa recayó en el Juzgado Civil y Comercial N°23 de La Plata, a cargo de la jueza Guillermina Di Luca.
Por qué la Justicia consideró responsable al jugador
Uno de los ejes centrales del expediente fue determinar si la lesión podía encuadrarse dentro de los riesgos normales que asume quien participa en un deporte. La respuesta fue negativa.
La sentencia remarcó que jugar al fútbol implica aceptar determinados riesgos inherentes, como choques o golpes producidos en una jugada. Sin embargo, esa aceptación no alcanza a una agresión intencional ocurrida con el partido detenido y sin vínculo con una acción propia del juego.
Sobre esa base, la jueza concluyó que el episodio debía analizarse como un hecho autónomo respecto de la competencia deportiva y atribuyó responsabilidad al jugador que propinó el golpe.
Las lesiones dejaron secuelas en la mandíbula
Durante el proceso se realizaron distintas evaluaciones médicas y odontológicas. Una de las pericias no vinculó con el golpe una alteración de la mordida que consideró preexistente, aunque reconoció que un traumatismo de esa magnitud puede generar dolor, mareos y molestias en la articulación de la mandíbula.
Otra evaluación, practicada por un especialista en la articulación temporomandibular, detectó un traumatismo de la ATM y lesiones en las partes blandas. Además, estimó una incapacidad parcial y permanente de entre el 10% y el 15%, asociada a dolores y dificultades para masticar.
Del conjunto de las pruebas, la jueza tuvo por acreditado que la agresión dejó secuelas físicas. En ese marco, fijó una indemnización de $12 millones por incapacidad física, valorando la edad de la víctima al momento del hecho, su actividad laboral, la práctica deportiva y el impacto de las lesiones en su vida cotidiana.
También deberá pagar por gastos médicos y daño moral
La condena incluyó otros rubros. La Justicia reconoció $1 millón por gastos médicos, farmacéuticos y de rehabilitación, al considerar razonable presumir erogaciones vinculadas con la recuperación aunque no todos los comprobantes pudieran ser aportados.
Además, se admitieron $3 millones por daño moral. En total, la indemnización fue fijada en $16 millones a valores actuales.
A ese monto deberán sumarse los intereses establecidos en la sentencia. La jueza dispuso aplicar una tasa pura del 6% anual desde el 26 de agosto de 2018 hasta la fecha del fallo y, desde entonces, la tasa correspondiente por mora hasta el pago efectivo.
Análisis y proyecciones
El caso se inscribe en una línea jurisprudencial que distingue con claridad entre el “riesgo consentido” propio del deporte y los actos de violencia ajenos a la dinámica competitiva. En ese sentido, las canchas amateur suelen concentrar conflictos que, aunque nacen de una disputa deportiva, terminan en reclamos civiles o incluso penales cuando aparece una agresión intencional.
En los últimos años, la discusión sobre la responsabilidad en ámbitos deportivos se fue sofisticando: ya no alcanza con alegar que “son cosas del juego” si la conducta ocurre fuera de una jugada y con el partido detenido. Para la Justicia, el contexto deportivo no borra el deber básico de no dañar, especialmente cuando hay testigos, peritajes médicos y una secuencia de hechos que permite reconstruir la agresión.
Hacia adelante, este tipo de fallos puede reforzar la prevención en torneos barriales y recreativos, donde los organizadores suelen carecer de protocolos claros. También puede incentivar mayores niveles de cobertura de seguros, arbitraje y reglamentos internos más estrictos para desalentar episodios de violencia que, además del daño físico, dejan consecuencias económicas relevantes para el agresor.
Evolución del conflicto y mirada actual
En el momento del hecho, el episodio fue tratado como una pelea surgida de un cruce verbal durante un partido amateur. Con el avance del expediente, en cambio, la discusión dejó de girar alrededor de la tensión entre jugadores y pasó a centrarse en la naturaleza jurídica de la agresión, la existencia de secuelas y la cuantificación del daño.
La postura de los actores también cambió con el paso del tiempo: la víctima, que inicialmente quedó expuesta a la lesión y la atención médica de urgencia, terminó consolidando un reclamo civil por incapacidad, gastos y daño moral; mientras que la responsabilidad del agresor fue definida no por la intensidad del juego, sino por el carácter deliberado del golpe y su ocurrencia fuera de toda acción deportiva.
