JNE bajo presión por la candidatura de López Aliaga

• Politica
• 08-09-2026

“La ley de 1896 ya advertía que el mandato municipal no debía perpetuarse”: con ese telón de fondo histórico vuelve a instalarse en Lima una discusión tan antigua como sensible para la democracia local, la de los límites a la continuidad en el poder y la interpretación estricta de las reglas electorales.

Catorce agrupaciones políticas dieron un plazo de tres días hábiles al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que resuelva si Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor por Renovación Popular, puede recibir la credencial de alcalde de Lima en caso de que su lista gane las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En la moción, que obtuvo 14 votos a favor y uno en contra (Renovación Popular), se advierte que “existe un grave vacío interpretativo por parte del pleno del JNE, que genera una profunda incertidumbre jurídica” respecto de la procedencia de entregar credencial de alcalde a candidatos electos en 2022 que ahora postulan como primer regidor. Los firmantes sostienen que esa situación “afectaría el derecho de la ciudadanía de emitir un voto plenamente informado”.

“Instamos al Pleno del JNE para que, en un plazo perentorio e impostergable de 03 días hábiles, emita un pronunciamiento vinculante y definitivo, que precise si resulta legalmente procedente que los alcaldes electos el año 2022 reciban credencial de alcalde en el presente proceso. Esto considerando la prohibición constitucional expresa de reelección inmediata de alcaldes, a fin de que, sobre la base de dicho pronunciamiento, se continúe con las negociaciones correspondientes a las reglas para el debate”, se lee en el documento.

Votaron a favor del planteamiento Visión Perú, Podemos Perú, Pueblo Consciente, Partido Patriótico del Perú, Partido Popular Cristiano, Somos Perú, Demócrata Verde, APRA, FREPAP, Batalla Perú, Avanza País, Alianza para el Progreso, Venceremos y Coalición Transformadora Tierra Verde.

Como se mencionó, la única agrupación en contra fue el partido de López Aliaga, que calificó la iniciativa como un intento de coacción hacia el organismo electoral y dejó constancia de su rechazo en el acta de la reunión.

El origen de la controversia es la renuncia de Luis Rubio Idrogo, candidato de Renovación Popular a la alcaldía de Lima, presentada por “razones estrictamente personales”. Rubio encabezaba la lista del partido, mientras López Aliaga figuraba como primer regidor de la misma fórmula. Con esa salida, la agrupación quedó sin candidato formal al sillón municipal y, bajo el principio de que la votación municipal es por lista completa, correspondería a López Aliaga asumir la conducción del municipio si Renovación Popular gana los comicios, pese a que la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

Presidente del JNE evita asegurar

El presidente del JNE, Roberto Burneo, se negó a garantizar que los alcaldes en funciones que postulan como primeros regidores y resulten ganadores en las urnas reciban de manera automática la credencial de burgomaestre en caso de que les corresponda asumir el cargo. La aclaración llegó tras una consulta directa sobre el destino de estas candidaturas, en momentos en que el proceso electoral atraviesa la etapa previa de calificación y resolución de tachas.

Durante una conferencia de prensa, una periodista de RPP preguntó a Burneo si podía asegurar que los jurados electorales especiales proclamarían como alcalde al candidato que resulte electo bajo esta figura y le entregarían la acreditación correspondiente. El magistrado respondió que esa decisión no ha sido materia de debate por parte del pleno del tribunal electoral.

“Eso no ha sido materia del debate, no ha sido materia del punto controvertido y no es el momento para definirlo, porque recién estamos en la etapa de calificación, de exclusión y de tacha”, explicó el funcionario.

Burneo insistió en que lo único que el pleno del JNE avaló, por mayoría, fue la posibilidad de que un alcalde en ejercicio se postule como regidor. Según su explicación, “en principio no hay en el Perú ninguna modalidad de reelección encubierta”, ya que ni la Constitución ni la ley contienen una prohibición expresa para que los burgomaestres en funciones participen como candidatos a regidores.

Análisis y proyecciones

La controversia pone en el centro una tensión clásica del derecho electoral: la diferencia entre ser candidato y asumir efectivamente el cargo. En sistemas de lista cerrada, como el municipal, el orden de la nómina puede alterar el desenlace político si el postulante principal renuncia o queda fuera de competencia. Por eso, el caso de Lima no solo afecta a Renovación Popular, sino que puede sentar un criterio interpretativo para futuras candidaturas con figuras similares.

En términos políticos, una decisión del JNE que habilite una eventual asunción de López Aliaga podría ser leída por la oposición como una forma de continuidad indirecta, aun cuando formalmente no exista reelección inmediata. En cambio, un criterio restrictivo reforzaría la idea de que la prohibición constitucional debe prevalecer sobre cualquier lectura extensiva de la lista electoral. En cualquiera de los escenarios, el organismo electoral quedará bajo una fuerte exigencia de motivación jurídica para evitar impugnaciones posteriores.

En los últimos años, el debate sobre la reelección municipal en Perú ha oscilado entre la búsqueda de estabilidad de gestión y el temor a la concentración de poder local. Tras la reforma que cerró la puerta a la reelección inmediata, varios actores políticos han intentado explorar márgenes legales para sostener liderazgos en las urnas. Este episodio refleja justamente esa evolución: ya no se discute solo si un alcalde puede volver a postular, sino hasta dónde llega el alcance de su participación dentro de la misma fórmula electoral.

Si el JNE emite un pronunciamiento vinculante en los plazos reclamados, la definición podría ordenar el resto del proceso y despejar la incertidumbre sobre la campaña en Lima. Si no lo hace, el conflicto probablemente continuará en el terreno político y jurídico, con potencial impacto en la percepción pública sobre la transparencia y la previsibilidad del sistema electoral.

Evolución del caso: inicialmente, Renovación Popular presentó una fórmula encabezada por Luis Rubio Idrogo, con López Aliaga como primer regidor. Tras la renuncia de Rubio por razones personales, la discusión pasó de ser una definición interna de lista a una controversia institucional sobre la interpretación de la normativa electoral. Desde entonces, el eje dejó de ser solo quién encabeza la candidatura y pasó a ser si el JNE considera admisible que un alcalde electo en 2022 termine recibiendo la credencial en 2026 bajo una postulación como regidor.