Kicillof crea un nuevo impuesto al juego online y abre polémica
El Gobierno bonaerense avanzó con una alícuota del 2% sobre los premios de las apuestas online, en una medida que busca reforzar la recaudación provincial. La decisión, sin embargo, abrió críticas internas, objeciones del sector y previsibles discusiones judiciales.“All the world’s a stage”, escribió Shakespeare: en la Argentina del bingo, las tragamonedas y las plataformas digitales, el negocio del azar sigue moviéndose entre la necesidad fiscal y la disputa por su regulación. En ese marco, el gobierno de Axel Kicillof anunció la creación de un nuevo impuesto al juego, esta vez sobre la modalidad online, con una alícuota del 2% sobre los premios pagados en apuestas sucesivas y una expectativa de recaudación cercana a los 40 mil millones de pesos por mes.
La resolución, firmada por el titular de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, se inscribe en la reglamentación de la Ley 15.079, sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal, que regula los juegos a distancia. Según explicó este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, lo recaudado se destinará a programas de salud, educación y desarrollo social.
La medida, no obstante, volvió a exponer tensiones dentro de la administración bonaerense. En el oficialismo reconocen que la decisión responde también a la urgencia de fortalecer los ingresos de una Provincia con cuentas presionadas, en un contexto en el que la recaudación propia y la asistencia financiera suelen convertirse en variables centrales de la gestión. En términos históricos, la relación entre los Estados provinciales y el juego siempre estuvo atravesada por ese doble carácter: fuente de recursos públicos y, a la vez, objeto de cuestionamientos éticos y regulatorios.
Atanasof encontró respaldo en el ministro de Economía, Pablo López, a través de su jefe de Gabinete, Facundo Bocco. Ese apoyo se explica, según fuentes del sector, por la necesidad de incrementar la recaudación en un escenario fiscal ajustado. Sin embargo, otros funcionarios cercanos a Kicillof no compartían el rumbo de la iniciativa, al combinarse objeciones políticas y económicas.
El debate interno también tiene una lectura de poder. Atanasof llegó al frente del Instituto de Lotería y Casinos por intermedio de Martín Insaurralde, como parte de una renovación tras el escándalo de las fotos en Marbella, que precipitó la salida del entonces jefe de Gabinete, quien tenía el control político del organismo, donde antes había ubicado a Omar Galdurralde.
Tras conocerse los videos que Jésica Cirio filmó con millones de dólares guardados en el placard de la casa que compartía con Insaurralde, Atanasof buscó marcar distancia del ex funcionario lomense y exhibir un alineamiento total con Kicillof. En ese contexto se entiende, según la lectura que hacen en la provincia, el impulso de una medida que apunta a sumar recursos para la administración bonaerense y, al mismo tiempo, ordenar internas.
En el plano político, el impuesto también despierta reparos porque grava al apostador y no a la empresa operadora, lo que puede volverla impopular en términos electorales. A eso se suma la advertencia de algunos sectores sobre una eventual caída de la recaudación del juego legal. La experiencia internacional suele mostrar que cuando la carga fiscal se percibe excesiva o confusa, una parte del consumo migra hacia circuitos informales o no regulados, debilitando el objetivo original de maximizar ingresos.
El sector, de hecho, teme que el nuevo tributo termine empujando a más usuarios hacia el juego clandestino, que ya tiene una presencia significativa. Esa preocupación no es menor: el avance de las apuestas ilegales quedó expuesto en operativos recientes ordenados por la Justicia bonaerense, donde se bloquearon 537 sitios online que operaban sin autorización y recaudaban cientos de miles de dólares.
Además, desde el gobierno bonaerense informaron que se realizaron más de 800 denuncias contra plataformas ilegales y que se relevaron más de un centenar de influencers que promocionaban en redes esos sitios de apuestas clandestinas. En paralelo, la expansión del juego digital en los últimos años obligó a los Estados a reforzar controles, porque la facilidad de acceso desde el celular multiplicó tanto la oferta como los desafíos para fiscalizarla.
En el sector hablan de “grises” en las reminiscencias a la ley de 2018, lo que, aseguran, alentará planteos judiciales. Ya existe una cautelar interpuesta y obtenida por un apostador para el juego físico, por lo que en la industria dan por descontado que ocurrirá algo similar con esta resolución. La nueva retención se sumaría, además, a otros gravámenes ya vigentes sobre el negocio, entre ellos el 15% sobre las utilidades brutas del juego online en slots.
Como corolario, fuentes conocedoras del rubro creen que la medida abrirá una nueva etapa de litigios y discusiones regulatorias. En los últimos años, la postura de los actores principales cambió de manera sensible: las provincias pasaron de habilitar y ordenar el mercado digital a intentar capturar una mayor porción de su renta, mientras que las empresas legales buscan previsibilidad tributaria y el sector informal aprovecha cada vacío para ganar terreno.
Son siete las empresas con concesión para explotar el juego online en la provincia: Betano, Bet63, B-Play, Bettson, Betwarrior, Stake y Sport.bet.
Análisis y Proyecciones: Si la Provincia sostiene esta alícuota, el principal desafío será equilibrar recaudación, competitividad del mercado legal y control del juego ilegal. En el corto plazo, es probable que el debate se judicialice y que las operadoras pidan precisiones sobre la base imponible y el alcance de la retención. En el mediano plazo, el éxito o fracaso de la medida dependerá de si el Estado logra reforzar fiscalización, simplificar reglas y sostener incentivos para que apostadores y empresas permanezcan dentro del circuito autorizado.
