Exfiscal de Rosario admitió una maniobra millonaria y pidió perdón
Mariano Ríos Artacho, ex fiscal de Delitos Económicos de Rosario, reconoció ante la jueza los hechos que le atribuyen y pidió disculpas por el daño causado. La causa investiga el desvío de fondos judiciales por una suma actualizada de 245 millones de pesos, en el marco de una supuesta maniobra que habría operado durante años.“La ludopatía puede devastar una vida en silencio”: esa advertencia, repetida durante años por especialistas en adicciones, ayuda a dimensionar el derrumbe personal y profesional que hoy atraviesa Mariano Ríos Artacho, ex fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario. Este lunes, ante la jueza María Trinidad Cabrera, admitió que arrastra problemas de juego desde hace tiempo, pidió perdón y ofreció colaborar con la Fiscalía en la causa que lo tiene detenido desde la semana pasada.
Ríos Artacho quedó imputado como jefe de asociación ilícita, peculado en carácter de autor y fraude a la administración pública, acusado de haber desviado en beneficio propio fondos de cuentas judiciales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el organismo que nuclea a los fiscales de Santa Fe. De acuerdo con la acusación, actualizada a fin de julio de este año, el perjuicio económico asciende a 245 millones de pesos y se habría extendido durante unos siete años.
El caso generó fuerte conmoción en Rosario no solo por la magnitud de la maniobra investigada, sino por el lugar institucional desde el que se habría ejecutado. La duda que sobrevuela desde antes de la audiencia y también dentro del Centro de Justicia Penal es cómo un fiscal en funciones pudo disponer durante tanto tiempo de fondos cautelados por el MPA sin que nadie advirtiera la operatoria, que recién salió a la luz dos años después de que se le aceptara la renuncia.
Durante casi nueve horas de audiencia, el eje de la exposición fue el costado destructivo de la ludopatía y su impacto en la conducta del ex funcionario. En los últimos años, Ríos Artacho estuvo vinculado a episodios turbulentos, con contactos con personas ligadas al mundo criminal, incidentes reiterados y una presencia frecuente en espacios públicos de juego, como el Casino de Rosario. Él mismo reconoció que atravesó una adicción compulsiva que lo dejó en bancarrota económica y también devastado en lo personal.
Ríos Artacho también había ocupado un rol controvertido en otra causa resonante: fue el fiscal que en 2021 habilitó una probation para Carlos Vaudagna, ex director regional de la AFIP en Santa Fe, quien luego, como arrepentido, reconoció delitos tributarios vinculados a empresas. Esa resolución quedó bajo la lupa porque la salida alternativa se apoyó en una admisión sobre 200 mil dólares hallados en una caja de seguridad de Gastón Scarel, hijo de Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin e imputado por estafa.
Hijo de un ex camarista muy reconocido y referente en materia de procedimiento penal, Ríos Artacho admitió este lunes, con matices, los hechos que le atribuyen los fiscales Carla Cerliani y Adrián Spelta, ex compañeros de trabajo. Sin embargo, se esforzó por desvincular a seis personas que también fueron acusadas junto con él. Aseguró que las arrastró a la causa sin que tuvieran participación real y explicó que en algunos casos quedaron involucradas porque les devolvió dinero que antes les había pedido, usando justamente las cuentas judiciales.
La acusación fiscal sostiene que existió una asociación ilícita, algo que fue negado de manera tajante por todas las defensas. Según Cerliani y Spelta, el grupo operó desde 2017 hasta julio de 2024, cuando a Ríos se le aceptó la renuncia, en un contexto que también incluyó una pelea a golpes en el Casino con un empleado de la Oficina de Gestión Judicial. Para los investigadores, ese fue el punto de cierre de una trama que llevaba años en marcha.
De acuerdo con la Fiscalía, el mecanismo consistía en la manipulación sistemática de cuentas bancarias judiciales vinculadas a procesos en trámite o bajo custodia fiscal, como fianzas o dinero secuestrado. El monto total de esas maniobras, actualizado al 31 de julio de este año, rondaría los 425 millones de pesos. La hipótesis es que, gracias a su acceso directo a la gestión de esas cuentas en la Fiscalía de Rosario, Ríos habría permitido el apoderamiento de fondos que luego se transferían mediante oficios emitidos por él o terminaban directamente en cuentas personales.
Los fiscales remarcaron que Ríos Artacho era el eslabón central por su posición funcional, razón por la cual lo acusaron de jefe de asociación ilícita. Al mismo tiempo, Spelta señaló que la pesquisa seguirá para establecer qué participación tuvieron determinados abogados que habrían depositado dinero como garantía o fianza en cuentas judiciales tras acordar con el ex fiscal. En ese punto, Ríos reaccionó en la audiencia: negó haber recibido coimas y se preguntó públicamente quién pediría un soborno para que se lo deposite en una cuenta judicial.
Sin embargo, para la acusación resulta sugestivo que varios de esos abogados no hayan luego reclamado la devolución del dinero depositado. Ese dato, dicen los investigadores, refuerza la sospecha de que hubo un entramado más amplio que una simple maniobra individual.
La Fiscalía también buscó mostrar que el caso no se explica solo por la adicción al juego. Por eso imputó como organizador a Fabricio Romero, señalado como persona de confianza de Ríos Artacho. Según los fiscales, entre ambos hubo más de cien llamadas telefónicas y cerca de 50 transferencias bancarias mutuas entre 2019 y 2025, una secuencia que, para la acusación, revela una relación estrecha y sostenida.
Además, los acusadores mencionaron casi una decena de viajes compartidos a Brasil, particularmente a Foz de Iguazú, y a Uruguay, siempre en el mismo vehículo, al mismo horario y con idéntico destino. También aludieron a otros traslados al exterior con más implicados en la supuesta asociación ilícita, como parte del cuadro de vínculos que buscan probar.
En su descargo, Ríos intentó contextualizar esos movimientos. Dijo que la adicción al juego era tan profunda que, cuando los casinos argentinos seguían cerrados por la pandemia, viajaban al de Foz de Iguazú, en la Triple Frontera, y volvían el mismo día. También aseguró que figura como deudor en nivel cinco ante el Banco Central, la categoría en la que se considera que una deuda es irrecuperable.
Las defensas se alinearon para rechazar la existencia de una asociación ilícita. Entre los imputados está Emilio Barcaccia, abogado muy conocido en Rosario y ex cuñado de Ríos Artacho, quien también se despegó de los hechos. Dos de los coimputados, en cambio, reconocieron al menos parte de la situación.
Uno de los principales planteos defensivos es que varios quedaron atrapados en la causa por haberle prestado dinero al ex fiscal. En el caso de Daniel Ballistreri, su defensora Antonella Travesaro sostuvo que su cliente le prestó 150 mil pesos a Ríos, que luego fueron devueltos desde una cuenta judicial, sin que él supiera el origen del dinero ni que se tratara de una cuenta de ese tipo. Para la abogada, no hubo delito ni dolo, sino a lo sumo una defraudación originada en un único foco, pero no una organización con pluralidad de planes delictivos.
Ríos Artacho, por su parte, reconoció los hechos atribuidos por la Fiscalía, que describió de manera detallada las maniobras investigadas. Volvió a pedir disculpas y afirmó más de una vez que él arrastró a las nueve personas coimputadas a una situación de exposición judicial. Sostuvo que solo intentaba cubrir deudas que lo tenían, hasta hoy, en ruina económica y dijo que estaba empezando a recomponerse al trabajar como abogado particular cuando la semana pasada le comunicaron que quedaría detenido.
El caso refleja también una evolución más amplia en la percepción social y judicial de las adicciones: durante años la ludopatía fue subestimada como un problema de voluntad individual, pero hoy se la entiende como una conducta compulsiva capaz de deteriorar vínculos, patrimonio y desempeño profesional. En el ámbito judicial, esa discusión se vuelve especialmente sensible cuando el involucrado es un funcionario con acceso a fondos públicos o cautelados, porque el daño deja de ser solo personal y se proyecta sobre la confianza institucional.
Análisis y proyecciones: si la acusación logra sostener la existencia de una asociación ilícita, el expediente podría convertirse en uno de los casos más graves de corrupción interna dentro del sistema de justicia santafesino. La clave estará en probar si hubo un esquema coordinado y no meros actos aislados ligados a deudas y apuestas. En términos judiciales, la prisión preventiva solicitada para varios de los doce acusados busca asegurar el proceso y evitar riesgos de entorpecimiento, pero además anticipa una discusión de fondo sobre la responsabilidad de quienes, sin ser funcionarios, habrían colaborado o se habrían beneficiado con el circuito. Si bien la ludopatía puede explicar parte del deterioro personal del ex fiscal, no necesariamente alcanza por sí sola para descartar una estructura organizada de desvío de fondos, una distinción que será central en las próximas etapas de la causa.
Este martes por la mañana se reanudará la audiencia para que la jueza Cabrera resuelva si hace lugar al pedido de prisión preventiva formulado por los fiscales para que varios de los doce acusados queden detenidos.
