Malvinas, petróleo y oro: la ofensiva de Milei inquieta a Caputo
La escalada del Gobierno contra la explotación petrolera en Malvinas reabrió un frente sensible para Luis Caputo: el riesgo de represalias británicas sobre activos argentinos bajo su jurisdicción. En el centro de las dudas vuelve a aparecer el oro del Banco Central que salió del país en 2024.“El mar es el límite natural de nuestra soberanía”, advirtió la Argentina en 1820 al tomar posesión de las Malvinas; dos siglos después, la disputa por esos recursos vuelve a tensar la relación con Reino Unido y expone un frente inesperado para la economía: los activos argentinos en el exterior.
La ofensiva de Javier Milei contra Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas generó malestar en Luis “Toto” Caputo. En el Ministerio de Economía preocupa que la escalada con Londres derive en represalias sobre activos argentinos bajo jurisdicción británica. En ese cuadro, vuelve al centro de la escena el oro de las reservas del Banco Central que salió del país en 2024 y que, según las versiones más firmes del mercado, habría quedado en Londres.
La inquietud de Caputo surgió después de la cadena nacional en la que Milei endureció al máximo su posición frente a Reino Unido. El Presidente reaccionó al avance de Sea Lion, el proyecto petrolero offshore ubicado al norte de las Islas Malvinas, operado por Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration.
“No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, sostuvo Milei. Además, anticipó que el Gobierno desplegará “todas las herramientas del Estado: diplomáticas, económicas, judiciales y legales” para frenar a las compañías involucradas en la explotación de recursos naturales en las islas.
La advertencia no quedó limitada a las petroleras. El Presidente también adelantó castigos para accionistas, directores y proveedores, y afirmó que las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en Malvinas serán inhabilitadas para operar en Argentina.
“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad”, señaló Milei. Y cerró con una frase tajante: “No se pueden hacer las dos cosas”.
La decisión tensiona una parte central de la narrativa libertaria. El Gobierno que convirtió la retracción del Estado en las relaciones económicas en una bandera ahora propone usar todo el peso estatal para interferir sobre una explotación entre empresas privadas. En términos históricos, se trata de una conducta poco habitual en la diplomacia económica argentina reciente, aunque la cuestión Malvinas siempre ha sido una causa transversal y de alta sensibilidad política.
Las versiones más fuertes del mercado ubicaron los lingotes en Londres. El secreto que rodeó aquella operación adquiere ahora otra dimensión. En el entorno de Caputo crece la preocupación por la capacidad que tendría Reino Unido para tomar represalias sobre activos argentinos bajo su jurisdicción si la escalada impulsada por Milei pasa de la retórica diplomática a las sanciones económicas.
Navitas y Rockhopper tomaron una decisión empresarial, consiguieron financiamiento y avanzan con una inversión que Argentina considera ilegal porque se desarrolla sobre recursos ubicados en un territorio cuya soberanía reclama.
Pero la incomodidad para Economía es mayor porque Sea Lion logró algo que el Gobierno busca desesperadamente para los grandes proyectos argentinos: una decisión final de inversión. Navitas y Rockhopper aprobaron en diciembre de 2025 la FID de la primera etapa y pocos días después alcanzaron el cierre financiero. El proyecto tiene contratos centrales firmados, USD 1.000 millones de deuda para su desarrollo y apunta a producir el primer petróleo en el primer trimestre de 2028.
Sea Lion queda así varios casilleros por delante de buena parte de las inversiones que el Gobierno presenta como futuras fábricas de dólares para la Argentina. La FID es, precisamente, la frontera que todavía deben cruzar proyectos centrales para la estrategia oficial, entre ellos Argentina LNG y varios desarrollos mineros de escala. Una cosa es anunciar una inversión potencial y otra muy distinta es que los accionistas firmen, cierren el financiamiento y comprometan capital real para ejecutarla.
Navitas controla el 65% de Sea Lion y Rockhopper el 35%. La primera fase prevé 11 pozos submarinos y el petróleo será procesado mediante un buque FPSO. La empresa sostiene que las aprobaciones y el financiamiento necesarios ya están asegurados y proyecta el primer barril para marzo de 2028. Además, las operaciones vinculadas al desarrollo se manejarán desde oficinas en Londres, Aberdeen y las islas.
Ese avance ayuda a explicar la dureza de Milei. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, afirmó.
Para el Presidente, permitirlo generaría “un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”.
Sin embargo, para Caputo el asunto abre otro problema: en Economía temen que una escalada contra intereses británicos habilite una respuesta de Londres sobre activos argentinos. En la práctica, la disputa soberana podría trasladarse al terreno financiero, donde el Reino Unido conserva instrumentos regulatorios y judiciales de alto impacto.
La referencia de Milei a la decadencia británica cayó especialmente mal en la antesala de la Argentina Week que el Gobierno prepara en Londres. El evento fue concebido como una vidriera para atraer inversiones y acercar funcionarios argentinos a inversores y actores del mercado británico.
Allí reaparece una de las operaciones más opacas del inicio del gobierno libertario: la salida del oro de las reservas del Banco Central.
Caputo defendió en 2024 la decisión de sacar los lingotes del país. Argumentó que mantener el oro en las bóvedas del Central impedía obtener rendimiento sobre ese activo. El Banco Central terminó reconociendo transferencias entre sus cuentas, pero nunca informó oficialmente cuánto oro salió, cuál fue su destino final, quién quedó como custodio ni bajo qué condiciones quedó depositado.
Las versiones más firmes del mercado ubicaron los lingotes en Londres. El secreto que rodeó aquella operación adquiere ahora otra dimensión. En el entorno de Caputo preocupa qué capacidad tendría Reino Unido para tomar represalias sobre activos argentinos bajo su órbita si la escalada impulsada por Milei pasa de la retórica a las sanciones económicas.
El propio Milei convirtió esa hipótesis en un problema de seguridad nacional. “Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional”, dijo. Y luego amplió ese concepto hacia el corazón del área que controla Caputo: “Atraer inversiones, proteger nuestra moneda, fortalecer nuestro sistema financiero y desarrollar nuestros recursos críticos son cuestiones de seguridad nacional”.
La contradicción resulta incómoda para el ministro. Necesita acceso a los grandes centros financieros internacionales y fue quien defendió sacar el oro del país para convertir un activo inmovilizado en una herramienta financiera. Ahora Milei decidió escalar precisamente contra Reino Unido, mientras el Banco Central mantiene bajo reserva si parte de esas reservas permanece en Londres y bajo qué régimen jurídico.
“Es claro que ellos recorren un camino de declive”, lanzó además Milei sobre los británicos.
La frase volvió a tensar el clima en la antesala de la Argentina Week prevista en Londres. El encuentro había sido diseñado como una plataforma para atraer capitales y acercar funcionarios a inversores y operadores del mercado británico. La ofensiva por Malvinas amenaza con convertir ese desembarco en un escenario más incómodo para el equipo económico.
Caputo queda atrapado en esa pinza. Necesita capital extranjero para que Argentina LNG, los proyectos mineros y otras grandes inversiones pasen de los anuncios a las decisiones finales de inversión. Y Sea Lion, el proyecto que Milei busca frenar usando la fuerza económica del Estado, ya consiguió justamente eso.
Análisis y proyecciones: el conflicto combina soberanía, energía y finanzas internacionales, tres variables que suelen amplificarse cuando se cruzan intereses estratégicos con activos sensibles bajo jurisdicción extranjera. Si la tensión persiste, el Gobierno podría ganar volumen político interno con un discurso de defensa territorial, pero también asumir costos en la relación con inversores, bancos y fondos que observan con atención la previsibilidad regulatoria. En paralelo, la discusión sobre el oro del Banco Central vuelve a mostrar una constante de largo plazo en Argentina: la tentación de usar reservas o activos externos como instrumento financiero choca, una y otra vez, con el riesgo de exposición jurídica y política fuera del país.
Evolución reciente del tema: en los últimos años, la cuestión Malvinas dejó de aparecer solo como un reclamo diplomático y volvió a conectarse con la agenda energética. La expansión de proyectos offshore en el Atlántico Sur, sumada al peso creciente de los recursos naturales como activos geopolíticos, revalorizó el tema en la discusión pública. En ese marco, la posición del Gobierno también se corrió: de una lógica liberal centrada en desregular y atraer capital privado, pasó a una respuesta mucho más intervencionista frente a la actividad de empresas vinculadas con las islas. Del lado británico y de las compañías involucradas, en cambio, la postura se consolidó en torno a la continuidad operativa y al avance técnico-financiero del proyecto.
La prédica libertaria termina chocando con una razón de Estado. Milei reivindicó sanciones, prohibiciones, represalias económicas e intervención sobre relaciones entre privados para defender la soberanía argentina. Caputo, mientras tanto, mira hacia el otro lado del Atlántico y una pregunta que el Banco Central lleva dos años evitando contestar: si el oro efectivamente está en Londres, qué margen tendría Reino Unido para afectar esos activos argentinos si decide responder a la ofensiva presidencial.





















