Bonaerenses endeudados: Kicillof y Tignanelli impulsan una red estatal para negociar deudas

• Politica
• 04-09-2026

“La deuda es la trampa más antigua de la historia”, suele resumirse en la discusión económica moderna sobre el sobreendeudamiento de los hogares; en la provincia de Buenos Aires, ese problema vuelve al centro de la escena con una iniciativa oficial para que el Estado actúe como mediador frente a acreedores cada vez más poderosos.

El peronismo bonaerense procura canalizar, a través de la Defensoría del Pueblo, un vínculo más ordenado entre personas endeudadas y acreedores para habilitar negociaciones colectivas de esas obligaciones. La iniciativa es impulsada por el diputado camporista Facundo Tignanelli y el defensor Guido Lorenzino, con la idea de que sea el Estado quien represente a los bonaerenses que en los últimos años contrajeron deudas para atravesar la crisis.

El objetivo, según plantean, es equilibrar una relación asimétrica: del otro lado están empresas con capacidad de litigar, estudios jurídicos de gran estructura y herramientas de cobranza extrajudicial, mientras que las familias suelen enfrentar el proceso en soledad. La estrategia busca encuadrarse en la Ley de Defensa del Consumidor, con la Defensoría como interlocutor institucional.

“Queremos unificar la negociación de los deudores bonaerenses ante los bancos, billeteras virtuales y prestamistas que tienen enormes bufetes de abogados y la posibilidad de perseguir de manera extrajudicial a las familias”, señaló Tignanelli. En esa línea, se creará en la Defensoría el programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerense, donde las personas deberán registrarse, cargar los datos de su deuda y detallar a sus acreedores para que luego el organismo intervenga.

Facundo Tignanelli y Guido Lorenzino sostienen que el esquema permitirá que la Defensoría tome cada caso y participe frente al acreedor para negociar o renegociar las condiciones de pago. La idea es evitar que el deudor enfrente en soledad a bancos y fintech y, al mismo tiempo, poner en pie de igualdad la relación con quienes reclaman el cobro.

En paralelo, Tignanelli avanza con un proyecto de ley para crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. La propuesta apunta a prevenir, encauzar y resolver situaciones de endeudamiento extremo que impiden a las personas afrontar sus compromisos, además de facilitar la reestructuración de esas deudas mediante acuerdos con condiciones de cumplimiento razonables y sostenibles.

No estamos hablando de quienes tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante.

El tema del endeudamiento familiar se volvió especialmente sensible durante la gestión de Javier Milei, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y aumento de los gastos básicos. Según la mirada del gobierno bonaerense, miles de familias tuvieron que recurrir a créditos o financiación por encima de sus posibilidades para pagar tarifas y sostener necesidades elementales.

Tignanelli precisó que ese endeudamiento está asociado principalmente a servicios, agua, luz, gas y alimentos. “No estamos hablando de que tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante”, insistió, en una definición que busca distinguir el consumo de bienes durables de la deuda destinada a subsistencia.

Desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que el 60% de la población adulta del país está endeudada, lo que equivaldría a 21 millones de personas. Dentro de ese universo, una de cada cinco personas que tomó deuda se encuentra en situación de mora. El dato ayuda a explicar por qué el sobreendeudamiento dejó de ser un problema individual para convertirse en una cuestión social y de consumo masivo.

En ese marco, la administración de Axel Kicillof también viene observando con atención el crecimiento del crédito digital y los mecanismos de contratación en plataformas. En enero, la Provincia inició una investigación de oficio sobre Mercado Libre y Mercado Pago para analizar los términos y condiciones que cada usuario acepta al abrir una cuenta. La pesquisa apuntó a advertir que esos textos extensos y técnicos rara vez son leídos en detalle por los consumidores.

Allí, según el relevamiento oficial, se detectó que ni Mercado Libre ni Mercado Pago informan el costo de los servicios, una situación que, de comprobarse, vulneraría los derechos de los consumidores. Además, se observó que si la fintech modifica sus términos y condiciones, estos se consideran aceptados automáticamente, una práctica que el gobierno provincial considera objetable desde la óptica de la defensa del usuario.

Análisis y proyecciones: la discusión sobre sobreendeudamiento suele aparecer cuando coinciden inflación alta, caída del salario real y expansión del crédito al consumo. En Argentina, el uso de tarjetas, préstamos personales y billeteras digitales tiende a crecer cuando el ingreso no alcanza para cubrir gastos básicos, pero ese alivio inmediato suele trasladar el problema hacia adelante, con mayor morosidad y refinanciaciones sucesivas. Si prospera la iniciativa bonaerense, la Defensoría podría convertirse en un actor clave para ordenar reclamos masivos y evitar judicialización fragmentada; al mismo tiempo, bancos y fintech podrían endurecer sus políticas de otorgamiento o transparentar más sus condiciones para reducir conflictos regulatorios.

Evolución del tema: en los últimos años, el endeudamiento de los hogares pasó de ser una herramienta de financiamiento transitorio a una vía frecuente para sostener el consumo básico. Primero creció con la pérdida de poder de compra y la inflación; luego, con la expansión de las fintech y la facilidad del crédito digital, se amplió el universo de personas expuestas a renovaciones, intereses y mora. La postura de los actores también cambió: mientras antes el debate se centraba casi exclusivamente en tasas y bancos tradicionales, hoy incorpora a billeteras virtuales, prestamistas y reglas de contratación más opacas. En la provincia, la respuesta política evolucionó desde la advertencia por el problema hasta el intento de crear un esquema institucional permanente de prevención, negociación y tratamiento del sobreendeudamiento.