Galapagar aprueba 652 viviendas en Los Altos de la Navata

• Provinciales
• 04-09-2026

“Cuando un bosque madura, no se reemplaza con una simple plantación”, suelen recordar los especialistas en conservación al discutir proyectos urbanos sobre suelo rústico: esa es, precisamente, la raíz del conflicto que volvió a encenderse en Galapagar. El Ayuntamiento madrileño, gobernado por una coalición de PP y Vox, aprobó un plan para que promotores privados levanten 652 viviendas en un paraje natural del municipio, una decisión que reabre una discusión de largo aliento entre desarrollo inmobiliario, protección ambiental y uso del suelo.

La modificación puntual de Los Altos de la Navata fue validada por el Pleno de Galapagar el pasado 25 de junio y, además, obtuvo del Gobierno regional la Declaración de Especial Relevancia, una figura urbanística excepcional que habilita a la Comunidad de Madrid a autorizar iniciativas en suelo no urbanizable —rústico o protegido— que, en circunstancias ordinarias, no podrían ejecutarse allí. El ámbito alcanza 36,5 hectáreas repartidas entre una treintena de propietarios, aunque dos inmobiliarias concentran el 68%: Alexia Desarrollos, titular de 158.688 metros cuadrados, e IKASA Actividad de Promoción Inmobiliaria, dueña de otros 79.314. Para Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento ha convalidado un proyecto “sin modificarlo” y elaborado por quienes controlan la mayor parte del suelo, subordinando —según sostienen— el interés general a la lógica del lucro privado.

La organización ecologista sostiene que la zona está catalogada como “suelo no urbanizable común” y que se trata de una dehesa en buen estado de conservación, asentada sobre terreno forestal y con dos Hábitats de Interés Comunitario reconocidos. También subraya que linda con el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama y con la Red Natura 2000. En ese mismo espacio se ubica el yacimiento arqueológico “La China”, vinculado a la antigua fábrica de porcelana del Buen Retiro impulsada por Carlos III en el siglo XVIII, y se prevé además la demolición del muro perimetral de mampostería de “piedra seca”.

El plan urbanístico contempla 652 viviendas: 452 en altura y 200 unifamiliares, ya sean aisladas, pareadas, adosadas o en conjuntos autónomos. De los bloques, 298 contarían con algún tipo de protección. A ello se suman 21.025 metros cuadrados para actividades económicas y comerciales, más un equipamiento público genérico aún sin definir. Ecologistas en Acción advierte que la intervención implicaría la destrucción y sellado del suelo, la pérdida de más de 1.000 árboles maduros, un impacto severo en el paisaje por tratarse de una zona elevada y un incremento del tráfico, además de posibles efectos sobre el comercio de proximidad.

Un proyecto con larga historia

Desde la óptica ambiental, no se trata de una iniciativa aislada sino de un nuevo capítulo de una disputa urbanística que, según la organización, sucesivos gobiernos han intentado resolver en las últimas dos décadas. La normativa urbanística vigente, aprobada en 1988, fue concebida precisamente para evitar que este enclave se transformara en tipologías edificatorias inadecuadas y para frenar un deterioro notable de la calidad ambiental. “Y todo ello sin justificar el interés social”, reprocha el portavoz de Ecologistas en Acción, Adolfo Rodríguez, que cuestiona la ausencia de un verdadero interés público detrás de la propuesta.

Los ediles Maribel Ramírez y José Luis Sánchez, de Por Galapagar —espacio integrado por Más Madrid, Izquierda Unida y Galapagar Importa—, recuerdan que en 2012 el PP ya había intentado impulsar “el desarrollo de un pueblo dentro de Galapagar” con 652 viviendas, un colegio privado, un centro comercial y un club social para actividades deportivas privadas. Aseguran que, catorce años después, el expediente está nuevamente listo para iniciar su recorrido administrativo y que en 2027 podría empezar la tala y la transformación de 36 hectáreas para una urbanización de lujo en pleno centro del municipio. Entonces, dicen, se hablaba de 3.500 empleos y 100 millones de euros de inversión; ahora, señalan, las previsiones se reducen a 25 millones y no se esperan puestos de trabajo más allá del tiempo de construcción.

El proyecto incluye Viviendas de Protección Pública (VPP), cuyo precio puede alcanzar los 280.109 euros por un piso de 85 metros cuadrados, de acuerdo con la normativa de la Comunidad de Madrid. Además, esas unidades no estarían reservadas para personas empadronadas en Galapagar y podrían ser adquiridas por quien acredite una renta individual de hasta 78.750 euros brutos al año. Para los ecologistas, la pregunta es evidente: cuántos jóvenes del municipio o familias con dificultades para acceder a una vivienda podrían comprar una VPPL de ese precio.

Por Galapagar sostiene que el plan no busca fijar población local, ni generar empleo estable o de calidad, y que los principales beneficiarios serían fondos de inversión y actores vinculados al negocio de la vivienda de alto valor. En cuanto a las viviendas libres, no protegidas, afirma que están pensadas para familias de alto poder adquisitivo y que algunas podrían superar el millón de euros. También advierte que el diseño urbanístico prevé que el Ayuntamiento asuma una gran zona ajardinada y equipamientos que elevarían el valor de la obra nueva en detrimento de la vivienda histórica del entorno, que —según denuncian— sufriría una depreciación.

Reforestación, compensaciones y dudas técnicas

Ecologistas en Acción alerta, además, de que urbanizar esta dehesa supondría arrasar buena parte del arbolado, el sotobosque y los pastizales, en torno a 1.000 árboles. Desde el Ayuntamiento explicaron a Infobae que el consistorio “cumple escrupulosamente la ley” y que, si se produce tala, los ejemplares serán repuestos conforme a la normativa. Rodríguez replica que esa compensación no alcanza para restituir una dehesa madura: recuerda que encinas y enebros con raíces profundas, adaptadas al sustrato granítico, difícilmente sobrevivirían al trasplante y que la mortalidad podría superar el 85%.

El proyecto, según la documentación, no detalla cuántos árboles serían trasplantados porque esa cuestión quedaría para la fase de obras. Sí toma como referencia un informe ambiental de la Comunidad de Madrid del 28 de agosto de 2014, que estimaba la eliminación o trasplante de unos 845 árboles, el 67% de los 1.269 inventariados entonces. Los ecologistas también recuerdan que la normativa obligaría a reforestar unos 548.796 metros cuadrados, es decir, cerca de 54,8 hectáreas, y cuestionan que el Documento Ambiental Estratégico no valore adecuadamente la afección de la línea de alta tensión de 400.000 voltios que atraviesa el ámbito, ni su franja de protección ni los usos permitidos en ella.

Cómo cambió la postura de los actores

En los últimos años, la discusión sobre Los Altos de la Navata ha pasado de ser una propuesta urbanística recurrente a convertirse en un símbolo del choque entre crecimiento residencial y límites ambientales. En la etapa anterior, los impulsores del proyecto apelaban a grandes cifras de inversión, empleo y equipamientos; en la versión actual, el foco se ha desplazado hacia la viabilidad administrativa, la vivienda protegida y la reconfiguración de los argumentos institucionales. Del lado opuesto, la oposición local y las organizaciones ecologistas han endurecido su discurso al incorporar variables patrimoniales, paisajísticas y de acceso a la vivienda, además de la crítica a la expansión de urbanizaciones de alto valor en un municipio tensionado por el mercado inmobiliario del área metropolitana de Madrid.

El Ayuntamiento, presidido por la alcaldesa popular Carla Greciano, defendió en una nota oficial que el proyecto “creará oportunidades para las próximas generaciones, reforzará los servicios públicos, protegerá el entorno natural y seguirá creando un municipio pensado para las familias”. También remarcó que se construirán 100 viviendas menos que en anteriores planteamientos, exactamente las de la propuesta previa del PSOE de Galapagar, y que el desarrollo incluirá un parque forestal público de más de 40.000 metros cuadrados. Los socialistas gobernaron el municipio en la legislatura 2019-2023.

Análisis y proyecciones

El caso resume una tensión clásica en la periferia madrileña: la presión por ampliar suelo residencial en municipios con fuerte demanda habitacional frente a la protección de espacios de alto valor ecológico y patrimonial. Si el expediente avanza, la discusión probablemente se trasladará al terreno jurídico y técnico, donde pesarán la justificación del interés social, la compatibilidad con figuras de protección y la solidez de las medidas compensatorias. También seguirá abierta la pregunta sobre si una parte de la oferta protegida alcanza realmente a los hogares locales con menos recursos o si, por el contrario, el proyecto terminará reforzando la valorización inmobiliaria del entorno sin resolver el problema de acceso a la vivienda.