Tensiones en el PAMI: renunciaron la síndico y el coordinador ejecutivo
En medio de la crisis económica y los reclamos por prestaciones interrumpidas, el PAMI sumó esta semana dos salidas clave en su conducción. Las renuncias reavivan las tensiones internas en un organismo atravesado por la falta de pagos y el malestar de los afiliados.“La salud no espera”, advirtió alguna vez la histórica defensora de los derechos de los mayores, una frase que vuelve a resonar en momentos como este: el PAMI atraviesa una crisis profunda, con afiliados que denuncian abandono de prestaciones básicas y clínicas que cierran por falta de pagos. En ese contexto, la conducción del organismo quedó otra vez bajo la lupa tras la salida de dos funcionarios clave.
Fuentes oficiales confirmaron las renuncias de Florencia Zicavo, de la sindicatura, y de Juan Cruz Montero, de la coordinación ejecutiva. Ambos habían asumido este año y, según la versión oficial, dejaron sus cargos por cuestiones personales.
Zicavo, cercana a Santiago Caputo, fue jefa de asesores de Mariano Cúneo Libarona cuando era ministro de Justicia y quedó en el centro de la escena por haber sido puesta al frente de una unidad de investigación de la estafa Libra, que previsiblemente no encontró ningún delito por parte de Javier Milei.
Montero también fue funcionario del Ministerio de Justicia y se fue tras la salida de Cúneo Libarona. Según señalan en el gobierno, su renuncia se vincula con su intención de dedicarse tiempo completo a su candidatura a presidente del club Vélez Sarsfield.
Montero será reemplazado por la abogada Verónica Pérez, que se desempeñó como directora de la UGL VIII de PAMI en San Martín.
Pérez también es cercana a Santiago Caputo, quien, en una señal de respaldo político, la acompañó personalmente al PAMI para su presentación ante los funcionarios.
En el gobierno procuraron hablar de una transición ordenada y de continuidad en la gestión, pero en el PAMI circulaban desde hace tiempo rumores de cortocircuitos con la conducción del organismo, a cargo de Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, señalado como el verdadero jefe de la estructura y hombre del “sistema” de la salud pública.
En términos históricos, el PAMI ha sido uno de los organismos más sensibles de la administración pública argentina por el volumen de su presupuesto, la cantidad de afiliados que depende de sus prestaciones y la centralidad que adquiere en contextos de ajuste. Cuando aparecen demoras en pagos o recortes en coberturas, el impacto se multiplica sobre una población especialmente vulnerable.
Análisis y proyecciones: La salida simultánea de dos cuadros de confianza refuerza la percepción de fragilidad institucional en un momento crítico. Si la crisis financiera del organismo se profundiza, el conflicto podría escalar en reclamos judiciales, protestas de prestadores y mayores tensiones políticas dentro del oficialismo. En este tipo de escenarios, la experiencia reciente en la gestión pública muestra que los cambios de nombres no alcanzan por sí solos: la clave pasa por recomponer financiamiento, ordenar la cadena de pagos y recuperar previsibilidad para afiliados y clínicas.
Evolución reciente: En los últimos años, el PAMI se convirtió en un espacio de disputa entre la necesidad de controlar el gasto y la obligación de sostener una red de atención amplia. Bajo distintas gestiones, el organismo alternó entre intentos de modernización, auditorías y reordenamientos internos, pero el deterioro económico general fue amplificando sus problemas estructurales. En la coyuntura actual, la salida de funcionarios ligados a distintos sectores del poder deja ver que la administración del instituto sigue atravesada por una disputa más amplia sobre quién decide y cómo se reparte la conducción real del sistema.
