Milei estudia candidatos para la Corte y analiza el timing político
Juan Bautista Mahiques confirmó que el Gobierno avanza en la definición de los futuros integrantes de la Corte Suprema. La discusión incluye nombres, tiempos políticos y la posibilidad de ampliar el tribunal para facilitar acuerdos legislativos.“La Corte siempre fue el corazón de la arquitectura institucional argentina”, se repite desde hace décadas en el mundo judicial, y la frase vuelve a cobrar fuerza ahora que el gobierno de Javier Milei acelera la definición de los nuevos integrantes del máximo tribunal.
El ministro Juan Bautista Mahiques confirmó que la administración libertaria avanza con la elección de candidatos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema, tal como había adelantado LPO. Según explicó, el presidente “está estudiando candidatos” y enviará los pliegos al Congreso “cuando considere que sea el momento”. “Es una decisión pura y exclusiva del presidente, que no me la ha delegado”, sostuvo.
“Es una realidad que la Corte está incompleta. Es una deuda que hay que cumplir, hay que cubrir la Corte. ¿Cuándo? La decisión la tomará el presidente”, afirmó Mahiques en una entrevista con A24.
El funcionario también negó, por ahora, que la ampliación del tribunal esté en discusión. “Hasta las últimas veces que hablé con el presidente, no”, aclaró, aunque dejó abierta la posibilidad de que el tema siga en evaluación dentro del oficialismo.
En los tribunales, sin embargo, la lectura es que una eventual ampliación podría formar parte de una estrategia política del Gobierno para negociar con gobernadores aliados y facilitar la construcción de una mayoría más sólida en el Senado. Milei debe designar a los reemplazantes de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, y no se descarta que una ampliación permita asegurar los dos tercios necesarios para la aprobación de los pliegos.
Desde el entorno de un gobernador peronista señalaron que “completar la Corte fue la idea que se barajó desde un principio, cuando se activó lo de Lijo, y ahora puede haber chances otra vez”. La definición, por lo tanto, combina urgencia institucional con cálculo político.
Mahiques evitó ponerle fecha al proceso de designación, en parte por la experiencia fallida del propio gobierno con nombramientos por decreto que luego no prosperaron en el Congreso. “En este o en el próximo mandato, el presidente va a cubrir la Corte”, aseguró.
La discusión sobre la integración del máximo tribunal tiene antecedentes de larga data en la política argentina. Desde la ampliación de cinco a nueve miembros en 1990 y la posterior reducción durante la reforma de 2006, el tamaño de la Corte ha sido un instrumento sensible en la disputa entre oficialismo, oposición y sistema judicial. Por eso, cualquier movimiento en esa dirección suele leerse no solo como una decisión institucional, sino también como una señal de alineamiento político.
Análisis y proyecciones: el escenario más probable es que el Gobierno intente administrar tiempos para maximizar su margen de negociación. En un contexto de Senado fragmentado y con necesidad de consensos, la Corte aparece como una pieza clave para ordenar la relación entre Poder Ejecutivo, provincias y Poder Judicial. Si prospera una ampliación, el oficialismo podría ganar flexibilidad política; si no, deberá negociar cada pliego con mayor costo y exposición. En ambos casos, la definición de la Corte funcionará como una de las pruebas más sensibles de la capacidad de Milei para construir poder institucional.
Evolución reciente del tema: en los últimos años, la Corte Suprema pasó de ser un ámbito de relativa estabilidad a convertirse en uno de los principales focos de disputa política. La vacancia de cargos, los intentos de nombramientos acelerados y las tensiones por la composición del tribunal fueron empujando el tema al centro de la agenda. Con la llegada de Milei, la postura oficial osciló entre la necesidad de cubrir vacantes y la exploración de alternativas para asegurar respaldos legislativos, lo que muestra una estrategia más pragmática que doctrinaria.
Por ahora, el Gobierno mantiene la prudencia y proyecta avances concretos recién para diciembre. La falta de una fecha precisa responde a la complejidad de los acuerdos necesarios y a la sensibilidad política que rodea cada movimiento sobre la Corte Suprema.
