Rosario: la Cámara Federal auditará 8 mil causas paralizadas
La Cámara Federal de Rosario abrió una auditoría para determinar por qué miles de expedientes federales quedaron sin impulso durante años. La maniobra podría revelar fallas graves de gestión o incluso responsabilidades funcionales más profundas.“La justicia tardía no es justicia”, advirtió Thomas Jefferson, una frase que hoy vuelve a resonar en Rosario ante la revelación de unas 8 mil causas federales que habrían quedado sin impulso durante años. El caso expone una de las patologías más sensibles del sistema judicial argentino: expedientes que avanzan tarde, o directamente no avanzan, y que pueden terminar consolidando la impunidad.
La Cámara Federal de Rosario iniciará una auditoría para explicar por qué se detectaron unos 8 mil casos paralizados en juzgados federales de primera instancia que, al no haber sido trasladados a tiempo a las fiscalías, no recibieron impulso investigativo alguno. La situación podría derivar en delitos no esclarecidos y en una eventual impunidad para sus posibles autores.
La anomalía llegó a conocimiento de la Procuración General de la Nación, organismo a cargo de todos los fiscales federales, luego de que en el Ministerio Público Fiscal de Rosario advirtieran que se estaban remitiendo de manera extemporánea causas ingresadas a los juzgados federales 3 y 4, en algunos casos con hasta seis años de demora. A raíz de ello, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su preocupación y sostuvo: “Acá hay responsabilidades funcionales”.
El juzgado federal 3 está a cargo de Carlos Vera Barros y el 4 de Marcelo Bailaque, quien actualmente cumple prisión domiciliaria, acusado por tres delitos cometidos durante el ejercicio de ese cargo y considerados hechos de corrupción institucional. En este contexto, el foco de la revisión no solo apunta al volumen de expedientes retenidos, sino también a los mecanismos internos de control y circulación de la información judicial.
Frente a esta situación, que dio a conocer LPO, la Cámara Federal de Rosario ordenó este martes a los secretarios de los juzgados 3 y 4 que informen en un plazo de 48 horas los criterios de actuación utilizados para supervisar la documentación que explique por qué esas causas quedaron paralizadas. El objetivo es reconstruir la trazabilidad de los expedientes y determinar si hubo desorganización administrativa, negligencia o irregularidades de mayor gravedad.
La Cámara también busca cotejar esa cifra excedente con los registros confeccionados en mayo de 2024, cuando dejó de regir el sistema de juicio escrito y comenzó el modelo acusatorio. En aquella transición, los juzgados elaboraron un listado de los expedientes en trámite para pasarlos a una etapa de adecuación hasta obtener sentencia. Según fuentes de la Procuración, ese inventario alcanzaba unos 1.180 legajos. Sin embargo, ahora aparece un universo adicional de ocho mil causas anteriores a esa fecha límite que no habrían sido informadas.
En paralelo, la Cámara pidió al Ministerio Público Fiscal que remita el listado de esas 1.180 causas para compararlo con los guarismos de los informes que ahora solicitará a los juzgados. Ese contraste será clave para establecer si los expedientes faltantes se perdieron en la transición al sistema acusatorio o si ya arrastraban una parálisis previa.
El episodio vuelve a poner bajo la lupa un problema estructural del fuero federal argentino, donde la demora procesal y la acumulación de expedientes suelen afectar con especial dureza las investigaciones complejas. En materia penal, el tiempo no solo desgasta la prueba: también puede llevar a la prescripción, especialmente en delitos económicos y tributarios, donde históricamente se observa una mayor capacidad de los imputados para sostener litigios prolongados.
Análisis y proyecciones: si la auditoría confirma que hubo expedientes sin registración o sin derivación oportuna a fiscalía, el caso podría abrir un capítulo institucional delicado para el fuero federal rosarino. En términos prácticos, la revisión puede derivar en responsabilidades administrativas, pedidos de explicaciones a funcionarios judiciales y eventuales derivaciones disciplinarias o penales. En términos políticos, también podría reforzar el reclamo de reformas de gestión y control interno dentro de la Justicia Federal, un debate que en los últimos años se intensificó a medida que crecieron las demandas sociales por celeridad, transparencia y trazabilidad digital de los expedientes.
Evolución reciente del tema: en los últimos años, el sistema judicial argentino fue transitando desde el expediente escrito hacia esquemas acusatorios con mayor centralidad del Ministerio Público Fiscal. Ese cambio buscó agilizar investigaciones y reducir la dispersión burocrática, pero también expuso brechas de implementación entre fueros y jurisdicciones. En Rosario, la advertencia sobre causas demoradas muestra que la transición no resolvió por sí sola los problemas de fondo: la gestión de los expedientes, los controles internos y la coordinación entre juzgados y fiscalías siguen siendo factores determinantes para que una causa avance o quede congelada durante años.
Esta situación de limbo en la que quedaron esas causas puede deberse a motivos burocráticos que impliquen negligencia, aunque no necesariamente a una intención deliberada de ocultarlas. “Puede haber una mala gestión de los expedientes u otra cosa más grave que se verá”, dijo a LPO una fuente de la Cámara Federal. De todos modos, el caso se inscribe en una jurisdicción donde ya existen antecedentes de causas penales por expedientes cajoneados sin explicación o hechos que prescribieron por falta de impulso, especialmente en delitos tributarios, que suelen involucrar a personas con alto poder económico.
