PAMI, bajo presión: cambios internos en plena crisis financiera
El organismo que asiste a más de 5 millones de jubilados y pensionados atraviesa días de fuerte turbulencia. Hubo dos salidas en la cúpula y una señal política que no pasó inadvertida.
“El sistema de salud de los jubilados se sostiene sobre una delicada arquitectura de prestaciones, pagos y controles”, suele resumirse cuando el PAMI entra en crisis. Y esa fragilidad volvió a quedar en evidencia ahora, en un organismo que asiste a más de 5 millones de jubilados y pensionados y que atraviesa una etapa de fuertes tensiones financieras y políticas.
En medio de ese escenario, se concretaron dos cambios en la conducción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones. Salieron Juan Cruz Montero, de la coordinación ejecutiva, y Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, cargo al que había llegado en abril de este año.
En el caso de Montero, su reemplazo es la abogada y escribana Verónica Gabriela Pérez, quien fue presentada este lunes en el organismo por el asesor presidencial Santiago Caputo, según confirmaron fuentes oficiales y voces cercanas al propio estratega a LA NACION.
La presencia de Caputo en el área de Salud no pasó inadvertida ni en el organismo ni dentro de la administración libertaria. El gesto fue interpretado, en principio, como un respaldo a Pérez, pero también como una señal de que el asesor ratifica su influencia en un momento en el que distintos sectores del Gobierno hablan de un eventual corrimiento suyo de la escena, en medio de la interna que sostiene desde hace más de un año con el espacio que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
“Vero es amiga de Santiago y él quería acompañarla en el nuevo desafío”, minimizaron en su entorno la presencia de Caputo durante la asunción de la nueva coordinadora.
Los movimientos se produjeron en las últimas horas, en un contexto marcado no solo por la crisis financiera del organismo, sino también por versiones cada vez más insistentes de diferencias entre los funcionarios salientes y la cúpula del PAMI, encabezada por Esteban Leguizamo.
Montero, según dejaron trascender fuentes cercanas al organismo, presentó su renuncia ayer por la tarde, “luego de finalizar el proceso de transición” con Pérez, quien desde este lunes ocupa la coordinación ejecutiva. En cambio, para Zicavo todavía no se definió reemplazo.
Pérez es abogada, escribana y exdirectora de las Unidades de Gestión Local (UGL) de San Martín. Desde el área de Salud, además, sostuvieron que la salida de Montero respondió a que el excoordinador “tiene como proyecto competir en las elecciones del Club Atlético Vélez Sarsfield, y va a dedicarse de lleno a ese desafío durante las próximas semanas”.
Sobre Zicavo, fuentes oficiales aseguraron que su salida fue “por motivos personales”. La brevedad de su paso por el cargo —apenas cuatro meses— y la ausencia de un reemplazo inmediato dejaron abiertas distintas lecturas.
Zicavo había llegado a la sindicatura en abril de este año, proveniente del Ministerio de Justicia, donde trabajaba desde el inicio de la administración libertaria.
En esa cartera, Milei la había designado como responsable del equipo del Poder Ejecutivo que se ocuparía de la causa $LIBRA, por la que el Presidente había sido denunciado en la Justicia argentina y también en la de Estados Unidos.
La sindicatura cumple un rol clave dentro del organismo, ya que supervisa los procesos internos y controla la administración de los recursos asignados. Por el momento, no hay reemplazante confirmado para ese puesto.
La situación financiera en PAMI
El deterioro de las cuentas del PAMI se arrastra desde hace meses y viene golpeando la normal prestación de servicios. En mayo pasado, el Gobierno le otorgó una asignación de $580.000 millones y reconoció que la situación del organismo era “crítica”. La medida apuntó a cancelar compromisos acumulados con prestadores sanitarios y garantizar la continuidad de las prestaciones.
La resolución justificó la transferencia por la “crítica situación financiera” que atravesaba el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y consideró necesario asegurar la “continuidad de las prestaciones”.
“Considerando que, en atención a la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se ha decidido otorgar un aporte financiero reintegrable a favor de ese instituto”, indicó entonces el documento oficial.
Aun así, las dificultades no se resolvieron. Durante los últimos meses, clínicas e instituciones aplicaron distintos recortes de prestaciones en distintos períodos, en reclamo de mejoras en los tiempos de pago.
Análisis y proyecciones: La crisis del PAMI expone un problema estructural que no es nuevo: el desfasaje entre el crecimiento de la demanda de atención médica en una población envejecida y la capacidad financiera del sistema para sostenerla. En la Argentina, el instituto suele ser termómetro de tensiones más amplias entre recaudación, gasto social y costo sanitario. Si persisten los atrasos en pagos, es probable que continúen los conflictos con prestadores, con impacto directo en turnos, prácticas especializadas y cobertura farmacéutica. Además, los cambios en la conducción suelen leerse como intentos de ordenamiento político más que como soluciones de fondo, por lo que el desafío seguirá siendo estabilizar la caja sin deteriorar la red de atención.
Evolución reciente de la conducción y el conflicto
En los últimos años, el PAMI fue atravesando una mayor exposición pública por la combinación de presión financiera, reclamos de prestadores y disputas internas en la administración nacional. En esta etapa, la conducción quedó todavía más vinculada al reordenamiento político del oficialismo, con el área de Salud como terreno de influencia de Santiago Caputo y con la disputa interna con el sector de Karina Milei marcando la dinámica de los nombramientos.
Así, la situación actual muestra un organismo bajo fuerte estrés operativo, con movimientos en su cúpula, vacancias aún sin cubrir y una agenda urgente dominada por la necesidad de sostener las prestaciones para millones de afiliados.
