Ceuta en crisis: el informe policial sobre Marruecos sacude al Gobierno y desata una ola de reproches

• Politica
• 02-09-2026

“Ceuta es la frontera sur de Europa”, recordaba Bruselas hace años para subrayar su valor estratégico; hoy, esa condición vuelve a situarla en el centro de una crisis política, humanitaria y diplomática que ha desbordado a España y a sus socios. A un mes de la entrada masiva de migrantes, la ciudad autónoma sigue en una situación de colapso, sin una estrategia plenamente definida para los miles de personas que aún permanecen allí y con versiones contradictorias dentro del propio Ejecutivo.

Ese clima de malestar ha impulsado convocatorias de protesta en distintas ciudades españolas, en coincidencia con el Día de Ceuta. La presión sobre el Gobierno se intensificó después de que trascendiera un informe del CENIF, difundido por El Español, que atribuye a las autoridades marroquíes la organización de la entrada masiva del 30 de julio, pese a que desde el Ejecutivo se había insistido en que la relación con Marruecos era “excepcional” y que Rabat no había tenido vínculo con lo ocurrido.

En este contexto, Pedro Sánchez comparecerá mañana en el Congreso de los Diputados. La intervención, reclamada desde los primeros días de la crisis por socios y oposición, llega tarde para buena parte del arco político y en medio de exigencias crecientes de explicaciones, transparencia y responsabilidades.

El PP sostiene que la operación fue coordinada por Marruecos y exige medidas diplomáticas

Alberto Núñez Feijóo acusó este miércoles a Pedro Sánchez de ocultar los informes sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta. “Lo sabía y lo tapó”, afirmó durante el acto institucional por el Día de Ceuta, según informó EFE.

El líder del Partido Popular sostuvo además que el Gobierno no está en condiciones de garantizar la seguridad de España y consideró que “la única salida” pasa por convocar elecciones generales. También reclamó que el Ejecutivo cite de inmediato a la embajadora de Marruecos en España para exigir explicaciones y “anunciarle medidas de respuesta iniciales”. A su vez, pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores que llame a consultas al embajador español en Marruecos.

Podemos, Sumar e IU endurecen sus críticas al ministro del Interior

Podemos pidió la dimisión o destitución de Fernando Grande-Marlaska tras la difusión del informe policial sobre la crisis de Ceuta, que apunta a una posible participación de fuerzas de seguridad marroquíes en la entrada masiva de migrantes. La formación exigió máxima transparencia y reclamó aclarar por qué, si corresponde, se negó la implicación de Marruecos o qué información se ocultó. También volvió a plantear la ruptura de relaciones con el régimen marroquí hasta esclarecer los hechos.

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, habló de una “acción hostil” y de “guerra híbrida” contra España. “Creo que es incuestionable que Marlaska a día de hoy no puede seguir ni un minuto más al frente del Ministerio del Interior”, afirmó.

En la misma línea, la coordinadora general de Movimiento Sumar y portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, pidió convocar de forma urgente a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, si se confirma el contenido del informe. También reclamó acceso al documento y a la carta en la que Marlaska pide a Francisco Pardo que confirme su contenido.

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, sostuvo que Marruecos “ha estado siempre” en la crisis y advirtió que, si se confirma que la Policía no elevó la información al ministro, habrá responsabilidades. A su juicio, si se demuestra que Interior conocía el dato y no actuó, Marlaska deberá asumir las consecuencias. También pidió a Pedro Sánchez que en su comparecencia “sea transparente” y reconozca la responsabilidad marroquí.

La ministra de Sanidad, Mónica García, pidió prudencia respecto del informe, pero sostuvo que Marruecos tuvo responsabilidad “por acción u omisión” en la crisis. También habló de una operación de desestabilización contra la soberanía nacional y el Gobierno español, y remarcó que, si se confirma el contenido del escrito, el Ejecutivo deberá responder con firmeza ante las autoridades marroquíes.

Las instituciones y los gobiernos autonómicos se alinean en el respaldo a Ceuta

La Casa Real expresó este miércoles su apoyo a Ceuta con un mensaje en redes sociales con motivo del Día de la ciudad autónoma: “Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta. La Corona y todos, con nuestra ciudad. Unidad, convivencia y futuro”. El texto fue acompañado por una imagen con las banderas de Ceuta, España y la Unión Europea.

Felipe VI había recibido el 6 de agosto en Marivent al presidente ceutí, Juan Vivas. Luego, Zarzuela informó que el monarca seguía con “gran preocupación e indignación” los hechos y consideraba necesario adoptar medidas que transmitieran un apoyo claro y unificado a Ceuta y Melilla.

Desde la Comunidad de Madrid, el consejero Miguel Ángel García Martín denunció el “papel decisivo” de Marruecos en la “invasión organizada” y habló de la “complicidad” del Gobierno de Rabat y de la “indolencia” del Ejecutivo de Sánchez. Además, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su gabinete anunciaron su participación en la concentración convocada frente al Ayuntamiento de Madrid.

También el Gobierno andaluz, por medio de Antonio Sanz, acusó al Ejecutivo de “mentir” y de ser “insensible”, mientras defendía que la protección de Ceuta es un asunto de seguridad nacional. En esa misma línea, el secretario general del PP, Miguel Tellado, exigió la dimisión de Marlaska y elecciones anticipadas, y el portavoz Borja Sémper cuestionó que el titular de Interior desconociera el informe policial.

En paralelo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmó que, si se confirma la implicación marroquí, deberá haber consecuencias “en todos los órdenes”. Y el alcalde socialista de Rota, Javier Ruiz Arana, calificó de “deficiente a todas luces” la gestión del Gobierno, ofreció colaboración para aliviar la presión sobre los servicios públicos ceutíes y anunció la presencia de su municipio en las concentraciones.

Ceuta sigue “en peligro”, con presión en los centros de acogida

Juan Jesús Vivas advirtió que Ceuta está “en peligro” tras la entrada de más de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio, aunque subrayó que la ciudad sigue “en pie” gracias a la determinación de su población. En el acto institucional por el Día de Ceuta, celebrado en el Teatro del Revellín, describió a la ciudad como “triste, herida, indignada, con el alma en vilo”.

Vivas reclamó que España exija a Marruecos el respeto a la “integridad territorial” de la ciudad autónoma y sostuvo que el país vecino persigue el objetivo de la “asfixia, el acoso y el derribo” de Ceuta y Melilla. También afirmó que “Ceuta no aguanta más” y pidió que los hechos marquen “un antes y un después” en la respuesta del Estado.

Además, defendió el retorno de quienes entraron durante la crisis y advirtió que, si no se actúa así, siempre habrá quien quiera usar la herramienta migratoria con fines políticos. Reclamó más medios humanos, materiales y tecnológicos, así como refuerzo del Estado en Defensa, Seguridad, Justicia, Sanidad, Educación, vivienda e inclusión social.

La tensión también se reflejó en el asentamiento de Loma Colmenar, donde la Policía Nacional intervino ante intentos de varios grupos de migrantes de entrar por la fuerza. Según EFE, más de 500 personas se concentraron en la zona mientras se mantenía un sistema de pulseras identificativas para quienes estaban dentro del recinto. El asentamiento se ha convertido en un nuevo foco de espera e incertidumbre, similar al de la playa del Trampolín.

Movilizaciones, acusaciones cruzadas y respuesta europea

En Bruselas, cientos de personas se concentraron frente al Parlamento Europeo en una convocatoria impulsada por PP y Vox. Allí, la portavoz popular Dolors Montserrat pidió una respuesta comunitaria más contundente, defendió el retorno inmediato de los adultos en situación irregular y la devolución de menores no acompañados a sus familias. Jorge Buxadé, de Vox, calificó lo ocurrido de “acto de guerra híbrida” y pidió suspender acuerdos con Rabat, paralizar pagos europeos, restringir visados y estudiar sanciones.

En España, Vox también anunció que intentará frenar por vías políticas, administrativas y judiciales el traslado a Andalucía de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta. Su portavoz parlamentario, Javier Cortés, habló de “invasores” y prometió usar todos los recursos posibles para bloquear esos desplazamientos.

Abascal, por su parte, llamó a una movilización masiva en apoyo a Ceuta y sostuvo que lo ocurrido anticipa lo que podría pasar en otras ciudades del sur peninsular. Afirmó que el Gobierno cometió una “traición”, insistió en que el Ejecutivo conocía la situación y no actuó, y reiteró su acusación de que hubo una “invasión y punto”.

Desde la otra vereda, organizaciones sociales, sindicales y políticas convocaron una concentración en Madrid bajo el lema “Paremos los pies al racismo”. La protesta cuestionó la política migratoria del Gobierno, reclamó el fin de las devoluciones en caliente, la reubicación de las personas que permanecen en Ceuta, el cierre de los CIE y el fin de la externalización de fronteras. La convocatoria reunió a colectivos antirracistas, feministas, ecologistas, LGTBIQA+ y organizaciones de izquierda.

Análisis y proyecciones

La crisis de Ceuta puso en primer plano un problema estructural que España arrastra desde hace años: la gestión de la frontera sur como espacio de tensión entre soberanía, diplomacia y política migratoria. Cuando el control fronterizo depende tanto de la cooperación con un país vecino como de la presión interna sobre los centros de acogida, cualquier crisis tiende a transformarse rápidamente en conflicto institucional. En ese marco, la discusión sobre si hubo o no una operación coordinada desde Marruecos no solo impacta en la política exterior, sino también en la credibilidad del Gobierno y en la capacidad del Estado para anticipar escenarios de presión fronteriza.

Si el informe policial se confirma en todos sus términos, es probable que el caso deje secuelas en tres planos: el diplomático, por la necesidad de exigir explicaciones a Rabat; el político, por la presión sobre Marlaska y otros ministros; y el operativo, por la revisión de protocolos de inteligencia y alerta temprana. En paralelo, el episodio puede reforzar dos lecturas opuestas: una, que subraya la vulnerabilidad de Ceuta como frontera europea; otra, que advierte sobre el riesgo de convertir la migración en un arma de disputa partidaria. La evolución del debate en los últimos años muestra precisamente eso: un desplazamiento desde la gestión técnica hacia una narrativa crecientemente securitizada, en la que la frontera se interpreta no solo como punto de entrada, sino como escenario de demostración política y geoestratégica.

Cómo cambió la postura de los actores

En los primeros días de la crisis, el Gobierno insistió en que no había pruebas de implicación marroquí y atribuyó lo sucedido a una combinación de crisis humanitaria, desinformación y viralización de rumores. Con el paso de las semanas, y a medida que aparecieron nuevos informes y versiones contrapuestas, el discurso oficial pasó a una fase de cautela: primero, pedir análisis; después, revisar el contenido del documento; y, finalmente, dejar abierta la posibilidad de pedir explicaciones si se confirma la participación de fuerzas marroquíes.

La oposición, en cambio, endureció su posición casi de inmediato. PP y Vox trasladaron la crisis al terreno de la seguridad nacional y la soberanía territorial, mientras Unidas Podemos, Sumar e IU fueron más lejos en la exigencia de responsabilidades políticas dentro del propio Ejecutivo. Por su parte, Ceuta y parte de los gobiernos autonómicos reforzaron una lectura de alarma territorial y solidaridad institucional. El resultado es un tablero más polarizado, donde la salida dependerá tanto de la evidencia que termine consolidándose como de la capacidad del Gobierno para reconstruir confianza sin agravar la tensión con Marruecos ni con sus propios socios parlamentarios.

Sesión de control y nuevos interrogantes

Albares, Robles y Torres no asistirán a la primera sesión de control al Gobierno tras el receso parlamentario, prevista para el 9 de septiembre, y que llegará después de la difusión del informe policial. Los tres ya comparecieron la semana anterior en el Congreso, antes de que trascendiera el contenido del documento.

En paralelo, el director general de la Policía, Francisco Pardo, mantuvo una reunión urgente con los responsables de la unidad que elaboró el informe enviado a la Audiencia Nacional. Interior pidió confirmación inmediata del documento, mientras el Gobierno insiste en no adelantar conclusiones y en trabajar con información fiable, objetiva y acreditada.

La crisis, así, sigue abierta: en el plano humanitario, porque permanecen miles de personas en Ceuta; en el político, porque crece la demanda de explicaciones; y en el diplomático, porque la relación con Marruecos entra en una fase de máxima sensibilidad que puede reordenar prioridades en ambos lados de la frontera.