Milei evalúa ampliar la Corte Suprema y negociar con gobernadores
El Gobierno analiza avanzar con la ampliación del máximo tribunal y completar las vacantes a fin de año o a comienzos de 2027. La negociación, que requiere dos tercios en el Senado, abriría la puerta a un acuerdo con gobernadores interesados en impulsar sus propios candidatos.“Los tribunales no deben ser solo justos, sino también parecerlo”, advirtió alguna vez el jurista estadounidense Learned Hand, una frase que vuelve a cobrar sentido cada vez que la discusión sobre la Corte Suprema se mezcla con la pulseada política por su integración. En la Argentina, esa tensión reaparece ahora con la posibilidad de ampliar y completar las vacantes del máximo tribunal.
El Gobierno evalúa la chance de ampliar y completar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia a fin de año o a comienzos de 2027. Según fuentes del oficialismo, la idea es designar jueces para ocupar los lugares que dejaron Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, aunque para avanzar necesitarán dos tercios de los votos en el Senado. Por eso, en la Casa Rosada exploran un acuerdo con gobernadores para habilitar la sanción de una ley que amplíe el máximo tribunal.
En ese esquema, los jefes provinciales aparecen como actores clave. Según trascendió, están interesados en contar con magistrados propuestos por ellos mismos en la Corte, algo que ya quedó en evidencia durante la negociación por Ariel Lijo, un candidato que fue acercado entre Santiago Caputo y Ricardo Lorenzetti a Javier Milei. Desde el entorno de un gobernador peronista admitieron que completar la Corte fue una posibilidad considerada desde el inicio, cuando se activó la discusión por Lijo, y que ahora podrían volver a darse condiciones favorables.
La candidatura del juez federal perdió apoyos entre la audiencia pública del 28 de agosto de 2024 y la sesión de febrero de 2025, en especial por el deterioro de la relación con el peronismo tras lo que en el oficialismo reconocen como una mala praxis política en la previa y la decisión de nombrarlo por decreto junto a Manuel García-Mansilla. Esa secuencia terminó debilitando la estrategia del Gobierno en el Senado.
De todos modos, los libertarios manejan la conversación con cautela y proyectan eventuales avances recién para diciembre. Por ahora, no incluyen en esa discusión el cargo de Procurador General de la Nación, un puesto al que aspira el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para reemplazar al interino Eduardo Casal, quien asumió después de que Mauricio Macri desplazara a Alejandra Gils Carbó en 2016.
Milei ya es el presidente con más pliegos de jueces aprobados en un año
A diferencia de la urgencia que el Gobierno exhibe en otras materias, el capítulo Corte avanza a paso lento. En la Casa Rosada procuran preservar el vínculo con el cuarto piso de Tribunales, donde conviven el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, en el Poder Judicial crece el consenso en torno a la idea de que la etapa de una Corte integrada por solo tres miembros ya debería darse por concluida.
En paralelo, Milei no cuenta con candidatos propios definidos. Tanto Lijo como García Mansilla, al igual que otros nombres que circularon, respondieron a sugerencias de funcionarios de su confianza o a recomendaciones de Lorenzetti, quien incluso se jacta entre sus allegados de mantener conversaciones por WhatsApp con el Presidente. El vínculo entre política y justicia, en ese sentido, vuelve a mostrar una dinámica histórica en la Argentina: las negociaciones por la Corte suelen condensar alianzas, tensiones institucionales y reparto de poder entre Casa Rosada, Senado y gobernadores.
Además, la prudencia libertaria también se explica porque, hasta ahora, los pliegos elevados por el Poder Ejecutivo y aprobados en el recinto correspondieron a magistrados que ya integran la corporación judicial. El récord de la administración Milei en nombramientos, según el texto, se apoya en la tarea de Juan Bautista Mahiques, quien se encargó de ubicar en cada concurso a candidatos afines a los distintos clanes judiciales.
En ese contexto, el Presidente no parece apurado. “¿Para qué me voy a apurar si los candidatos son de los otros?”, habría sido su conclusión. La frase resume una lógica de negociación que, en la política argentina, suele repetirse cuando el oficialismo no tiene una oferta propia fuerte y necesita construir mayorías con actores que también buscan influencia en el diseño institucional.
Un sector de senadores libertarios, sin embargo, observa con disgusto esa estrategia. Sostienen que el momento más favorable para negociar la ampliación del tribunal y cubrir las vacantes fue durante la ola de votaciones de pliegos, cuando el Gobierno habría podido compensar a los sectores descontentos. “Falló el timing”, reconoció uno de ellos, al dejar en evidencia que la ventana política para una reforma de esta magnitud puede abrirse y cerrarse con rapidez.
Análisis y proyecciones
Si prospera la idea de ampliar la Corte, el debate no solo será jurídico sino también político e institucional. Una Corte más numerosa podría redistribuir equilibrios internos, diluir el peso de los actuales tres jueces y reordenar alianzas en torno a temas sensibles como federalismo, competencia de poderes y litigios de alto impacto económico. A la vez, el requisito de dos tercios en el Senado convierte cualquier avance en una negociación de largo aliento, donde gobernadores y bloques provinciales podrían reclamar lugares de influencia a cambio de sus votos.
La evolución reciente del tema muestra un cambio claro: de la búsqueda de un nombramiento puntual para cubrir vacantes se pasó a una discusión más ambiciosa sobre el tamaño mismo de la Corte. Ese giro sugiere que el oficialismo, que primero apostó por nombres concretos y luego chocó con resistencias legislativas y judiciales, ahora considera una salida estructural. En términos políticos, la ampliación permitiría repartir costos y beneficios entre más actores; en términos institucionales, reabriría una discusión de larga data sobre si un tribunal más amplio mejora la representación o, por el contrario, complejiza aún más la toma de decisiones.
En síntesis, la Corte vuelve a ubicarse en el centro de la negociación entre poder político, gobernadores y sistema judicial. Lo que se defina en los próximos meses podría condicionar no solo la integración del máximo tribunal, sino también el margen de maniobra del Gobierno en su relación con el Congreso y con la Justicia.
