Alerta en Rosario por miles de causas federales paralizadas
La detección de más de ocho mil expedientes sin trámite en los juzgados federales de Rosario desató un fuerte reclamo institucional y abrió interrogantes sobre posibles casos alcanzados por la prescripción. El gobernador Pullaro habló de “responsabilidad funcional” y apuntó a una falla grave y sostenida en el tiempo.“La justicia lenta no es justicia”. La célebre máxima atribuida a Montesquieu vuelve a cobrar sentido en Rosario, donde la revelación de más de ocho mil causas penales federales sin movimiento expuso una parálisis que sacudió a todo el sistema judicial y reavivó viejos cuestionamientos sobre la gestión de los expedientes en la región.
La detección de más de ocho mil causas penales en los juzgados federales de Rosario que no fueron comunicadas a los fiscales y por ello quedaron paralizadas produjo un tembladeral institucional dentro y fuera del ámbito jurídico. “Hay responsabilidad funcional. Es grave lo que sucedió en la Justicia Federal durante mucho tiempo en Santa Fe”, afirmó este martes el gobernador Maximiliano Pullaro.
Este lunes se conoció que la Procuración General de la Nación había advertido que en los dos juzgados federales de primera instancia de Rosario se acumulan más de ocho mil causas penales iniciadas en los últimos años y que no tuvieron ningún trámite. Se trata de expedientes anteriores a mayo de 2024, cuando entró en vigencia el sistema acusatorio, que establece audiencias orales y públicas en cada etapa del proceso judicial. Recién ahora las fiscalías federales fueron notificadas de su existencia.
El impacto del hallazgo no es menor: las causas podrían involucrar ilícitos que, por el paso del tiempo y la falta de impulso procesal, permanezcan en la impunidad. La situación alcanza al juzgado federal 3, a cargo de Carlos Vera Barros, y al juzgado federal 4, vacante desde que se aceptó la renuncia de Marcelo Bailaque, hoy con prisión preventiva e imputado por tres delitos vinculados a hechos de corrupción.
“Lo que le sucedió a Rosario no es gratis. Yo denuncié a Bailaque en 2012 a través de Jorge Álvarez. Esta ciudad fue golpeada y pateada, pero no crean que no fue adrede”, sostuvo Pullaro al referirse a la novedad en una entrevista con Hernán Funes, de Cadena 3.
La Cámara Federal de Rosario, presidida por Aníbal Pineda, tiene la superintendencia sobre el funcionamiento de los juzgados de primera instancia. Sin embargo, sus integrantes se enteraron de lo ocurrido cuando los fiscales federales comenzaron a advertir que estaban recibiendo expedientes de la etapa del anterior Código Procesal, algunos iniciados en 2020. Para el Ministerio Público Fiscal, esa situación resulta inaceptable, especialmente por la dificultad de investigar hechos cuando ya transcurrió tanto tiempo.
Fuentes de la Cámara Federal que hablaron con LPO apuntaron de inmediato hacia los secretarios de los juzgados, quienes llevan las estadísticas de las causas, como posibles responsables directos del desorden. No obstante, el episodio deja entrever un problema más amplio, de carácter sistémico, que trasciende a los jueces de primera instancia.
En la etapa de instrucción, cuando los procesos eran escritos, la falta de visibilidad del trámite habilitó históricamente maniobras que derivaron en prescripciones sin sanción para los infractores. Ese esquema, muy criticado durante años en distintos fueros, favoreció demoras, acumulación de expedientes y pérdida de eficacia en la persecución penal.
Un caso típico y reiterado, relatado a este medio desde adentro de la Justicia Federal de Rosario, es el de las causas tributarias. El mecanismo era siempre similar: primero se adoptaban medidas en el juzgado cuando llegaba la denuncia de AFIP; luego, el supuesto evasor advertía el riesgo penal y buscaba una salida negociada. “Este fue un negocio histórico. Se hacen las primeras medidas en el juzgado cuando viene la causa de AFIP. El evasor se desespera al ver el caso penal pero en Argentina nunca nadie va preso por evasión. Cajonear los casos ahí tenía un sentido muy claro porque además es un delito sin víctimas físicas. El tema hasta se ventila en un medio de prensa y es el vehículo para el arreglo. El infractor iba corriendo a arreglar con quien fuera. Los casos se morían porque muchas veces AFIP tardaba años con los sumarios y las órdenes de intervención llegaban con poco margen para actuar en tiempo. Las causas prescribían y muy seguido los abogados les decían a sus clientes que las habían cerrado por su gestión”, contó un funcionario.
Por ahora no existe una referencia precisa sobre el contenido de la avalancha de expedientes que deberá ser auditada por la Cámara Federal de Rosario. Se especula con posibles duplicaciones de casos a partir de actas policiales o con inscripciones erróneas, aunque no hay elementos para presumir una voluntad deliberada de ocultamiento en esta instancia. De todos modos, el cuadro se inscribe en un contexto atravesado por antecedentes de maniobras que terminaron en impunidad o en la ausencia de aplicación efectiva de la Justicia.
“La Cámara siempre vio el desastre que eran los juzgados antes del acusatorio”, añadió el mismo funcionario. “Pero siempre fueron corporativos y nunca hicieron nada. Cómo no se iban a sentir empoderados más abajo”, completó. En esa misma línea, recordó que los trámites contra Bailaque se activaron cuando dos fiscales provinciales denunciaron que detalles vinculados con los hechos de narcotráfico de Esteban Alvarado estaban en un expediente estancado en su juzgado federal.
Análisis y proyecciones: el caso exhibe las tensiones clásicas entre un sistema judicial de estructura escrita y lenta, y un esquema acusatorio que busca mayor oralidad, control y trazabilidad de los expedientes. En términos institucionales, la auditoría que ordene la Cámara Federal será clave para determinar si se trató de desidia administrativa, fallas de organización o un patrón más profundo de descontrol. Si se confirman demoras generalizadas, el efecto puede ser doble: revisar responsabilidades funcionales y reabrir discusiones sobre la calidad del servicio de justicia en causas sensibles como narcotráfico, evasión y corrupción. En el plano político y judicial, el episodio probablemente refuerce los reclamos por mayor supervisión, digitalización y seguimiento de plazos, herramientas que desde hace años se consideran esenciales para reducir la prescripción y los espacios de impunidad.
Evolución reciente del tema: en los últimos años, el avance del sistema acusatorio en distintas jurisdicciones fue presentado como una respuesta a los problemas históricos del expediente escrito: opacidad, acumulación de causas y lentitud. Sin embargo, la transición también dejó en evidencia las resistencias internas y las fallas de adaptación en oficinas judiciales que durante décadas funcionaron con baja trazabilidad. En Rosario, la situación se volvió especialmente sensible por el peso del narcotráfico, la presión social sobre la Justicia Federal y los antecedentes de investigaciones que quedaron trabadas. La aparición de miles de causas sin comunicar a los fiscales muestra que, aun con cambios normativos, la efectividad del sistema depende de la capacidad real de gestión y control de cada fuero.
