AMBA I: el Gobierno importará transformadores antes de la licitación
El Gobierno cambió el esquema de una de las obras eléctricas más importantes de su gestión y decidió adelantar la compra de transformadores en el exterior. La medida se da mientras todavía no fue adjudicada la licitación para construir AMBA I.“La historia de la energía argentina está hecha de cuellos de botella”, suele resumirse en el sector cuando se habla del transporte eléctrico, y AMBA I vuelve a poner esa advertencia sobre la mesa: el Gobierno resolvió avanzar con la compra anticipada de transformadores en el exterior para una obra que todavía no tiene adjudicatario.
La administración nacional dio un giro en uno de los proyectos de infraestructura eléctrica más relevantes de su gestión. Tras dejar atrás la alternativa que contemplaba financiamiento chino, la Secretaría de Energía decidió que Cammesa importe desde Asia, y por adelantado, los transformadores que luego utilizará la empresa que resulte ganadora de la licitación de AMBA I.
En otras palabras, el Estado no solo aportará el capital inicial, sino que también comprará los equipos antes de que exista incluso un concesionario seleccionado para ejecutar la obra.
La Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, instruyó a Cammesa para que en un plazo máximo de 30 días convoque a una licitación pública internacional destinada a adquirir siete transformadores monofásicos de 285 MVA, junto con sus repuestos y la supervisión de montaje y puesta en marcha. Con esos equipos se integrarán dos bancos trifásicos de 855 MVA, que serán instalados en la futura Estación Transformadora Plomer. La operación se financiará con recursos de la Cuenta de Exportaciones del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista.
La apertura a la importación no llegó sola. Ese mismo día en que Energía ordenó a Cammesa salir al mercado internacional para comprar los transformadores de AMBA I, el ministro Toto Caputo eliminó de manera definitiva los derechos antidumping que aún protegían el ingreso de aisladores de porcelana provenientes de China, insumos utilizados en transformadores y redes eléctricas.
La protección llevaba más de una década. Economía justificó su eliminación al señalar que FAPA, que concentraba el 100% de la producción local, dejó de fabricar y remató sus máquinas e instalaciones en diciembre pasado. A su vez, la Comisión Nacional de Comercio Exterior fue más lejos y advirtió que sostener esa barrera podía transformarse en un obstáculo para las obras críticas de la red eléctrica.
La decisión tiene un dato clave: AMBA I todavía no fue adjudicada. Recién el 10 de agosto el Gobierno autorizó el llamado a licitación para otorgar una concesión de obra pública orientada a construir, operar y mantener el proyecto. Una vez elegido el concesionario, Cammesa le cederá de manera gratuita el contrato de provisión. Además, los equipos quedarán excluidos del capital sobre el cual se calculará su remuneración.
AMBA I es considerada una obra crítica para evitar que el sistema eléctrico del Área Metropolitana continúe operando al límite. El proyecto prevé la nueva ET Plomer 500/220/132 kV y líneas de alta y extra alta tensión para descomprimir especialmente las estaciones de Ezeiza y General Rodríguez, que hoy trabajan por encima de sus capacidades. Las distintas etapas y vinculaciones previstas superan los 500 kilómetros de líneas de 500, 220 y 132 kV.
La versión licitada por el Gobierno contempla una inversión estimada en unos 800 millones de dólares y permitirá incorporar alrededor de 2.000 MW de capacidad de abastecimiento en una zona que concentra cerca del 40% de la demanda eléctrica del país.
La obra tiene una historia extensa. El esquema técnico que hoy impulsa el Gobierno es, en lo sustancial, el mismo que venía trabajando Transener y que había sido promovido durante la administración de Alberto Fernández por el entonces subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Esa iniciativa había avanzado con financiamiento chino y contaba con un contrato comercial firmado. Según fuentes que participaron de esas negociaciones, el crédito rondaba el 4% anual. El proyecto quedó atrapado en la interna del gobierno de Alberto Fernández, cuando Santiago Cafiero y Gustavo Beliz frenaron distintos proyectos con China, y AMBA terminó alcanzada por esa disputa.
El modelo actual resulta más oneroso. El Estado aporta recursos para poner en marcha la obra y ahora también anticipará fondos para comprar equipamiento crítico. Luego, las empresas que compitan por la concesión deberán conseguir financiamiento para completar la inversión, a una tasa que hoy es como mínimo más del doble de la que ofrecía China para el esquema original. Además, AMBA I tramita una garantía del BID y el adjudicatario podrá pedir su incorporación al RIGI.
La diferencia central está en la forma de pago. En el proyecto con financiamiento chino, el crédito permitía financiar la infraestructura a una tasa cercana al 4%. En el esquema elegido por Milei, el concesionario recuperará la inversión a través de un canon incorporado al costo eléctrico, que terminará trasladándose a los usuarios, con el costo financiero incluido. El Estado aporta el impulso inicial, el privado toma deuda más cara y la tarifa queda como mecanismo de repago.
La resolución publicada este lunes profundiza esa lógica de intervención estatal: Cammesa deberá utilizar recursos del Fondo de Estabilización para comprar los transformadores antes de saber quién construirá AMBA I.
El capítulo chino agrega una paradoja adicional. Fuentes vinculadas al gobierno de Xi Jinping reconocieron ante LPO que Beijing lamenta haber quedado desplazado de las grandes obras de infraestructura argentinas. “Es una pena porque termina siendo más caro para los argentinos”, afirmaron fuentes de la Embajada.
La misma fuente sostuvo, sin embargo, que el saldo para China fue menos negativo de lo previsto. “Con este gobierno perdemos infraestructura, pero compensamos mucho con el ingreso de bienes. El sector de la construcción chino sale afectado, pero al comercio de bienes le va tan bien con la apertura que más que compensamos”, explicó.
La historia termina cerrando un círculo singular: se descartó el crédito chino barato para construir la infraestructura, pero se terminarán usando recursos del sistema eléctrico argentino para comprar equipamiento importado que luego será entregado gratuitamente al concesionario privado.
A ello se suma el rol de Transener. Cammesa podrá contratarla para brindar asistencia técnica, comercial o logística, y los transformadores deberán ajustarse a las especificaciones de la transportadora. No es un dato menor: la compañía conoce el proyecto desde hace años y viene señalando que el principal cuello de botella del sistema eléctrico argentino está en el transporte.
La firma atraviesa además un momento sensible. Tal como reveló LPO, tras la privatización de la participación estatal, el consorcio integrado por los Neuss y Genneia tomó el control de la parte que pertenecía a Enarsa en Citelec. Apenas concretado ese traspaso, el directorio de Transener resolvió distribuir $253.535 millones en dividendos mediante la desafectación de una reserva constituida con ganancias acumuladas cuando el Estado todavía era accionista. Ese monto equivale a una porción sustancial de los 356 millones de dólares pagados por la participación privatizada.
Análisis y proyecciones: en el sector eléctrico, este tipo de decisiones suele leerse como una señal doble. Por un lado, reconoce que sin infraestructura de transporte no hay expansión posible de la oferta energética en el AMBA; por el otro, evidencia que el esquema de financiamiento público-privado termina socializando parte del riesgo y trasladando el repago a tarifas futuras. En términos históricos, la Argentina arrastra desde hace décadas una inversión insuficiente en transmisión, un problema que se agudiza cuando la demanda crece más rápido que las redes. Si AMBA I avanza en los tiempos previstos, podría aliviar un área hoy extremadamente exigida; si se demora, la presión sobre Ezeiza, General Rodríguez y el resto del corredor metropolitano seguirá aumentando. La discusión de fondo, en consecuencia, no es solo quién construye la obra, sino quién financia la infraestructura y cómo se distribuye finalmente ese costo entre el Estado, el concesionario y los usuarios.
La evolución del caso muestra, además, un cambio claro de postura en los principales actores. Durante la etapa de financiamiento chino, el proyecto estaba pensado como una obra apalancada por crédito externo barato y con fuerte presencia estatal en la definición técnica. Ahora, bajo la gestión de Milei, se mantiene la necesidad de intervención pública para destrabar la obra, pero se resigna el esquema de financiamiento original y se transfiere la recuperación de la inversión al sistema tarifario. En paralelo, China pasó de ser el socio financiero potencial a convertirse en proveedor de insumos y equipos; y Transener, que históricamente advirtió sobre la fragilidad de la red, aparece otra vez como actor técnico central en una obra que busca corregir justamente ese déficit estructural.
AMBA I resume así varias capas de la política energética argentina: una obra indispensable atravesada por tres gobiernos, un crédito chino barato que quedó enterrado por disputas internas, un Gobierno que prometió reducir la presencia estatal pero necesita fondos públicos para iniciar el proyecto, un concesionario privado que recuperará su inversión vía tarifas y una China que, finalmente, quedó afuera de la obra pero sigue vendiendo los equipos.
