Senasa simplificó la habilitación de feedlots y quitó trámites
El organismo eliminó exigencias documentales para inscribir establecimientos de engorde a corral en el registro nacional. No obstante, se mantienen los controles sanitarios, de bioseguridad y las obligaciones locales y provinciales.“La burocracia es una de las mayores enemigas de la producción”, fue una frase repetida durante décadas en los debates sobre la actividad agropecuaria, y la nueva disposición del Senasa vuelve a poner ese dilema en primer plano: el organismo simplificó la habilitación de los establecimientos de engorde a corral al eliminar exigencias documentales que, según argumenta, duplicaban controles ya reservados a otras jurisdicciones.
En un paso hacia la simplificación de trámites para el sector pecuario, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) eliminó exigencias documentales clave para la habilitación de establecimientos de engorde a corral (feedlot).
A través de la disposición 26/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo descentralizado modificó la resolución 329-E/2017 para desarmar superposiciones administrativas entre la Nación, las provincias y los municipios.
Con esta actualización normativa, los productores que busquen inscribir un feedlot en el Registro Nacional ya no deberán presentar ante las autoridades sanitarias nacionales los certificados de uso territorial ni los permisos de aptitud ambiental.
La decisión responde a un ordenamiento de competencias: las autorizaciones vinculadas a la radicación física, el impacto sobre el entorno natural y las condiciones urbanísticas de funcionamiento constituyen materias de estricta órbita provincial o municipal, por lo que su requerimiento en el ámbito sanitario generaba demoras innecesarias y duplicación de gestiones para la cadena cárnica.
Hasta la sanción de esta disposición, la solicitud de dichos certificados como condición previa para obtener un registro sanitario incorporaba instancias de evaluación ajenas al ámbito de acción del organismo.
Al desestimar esta barrera, la nueva norma también deroga la obligatoriedad de completar la declaración jurada sobre la inexistencia de normativa municipal o provincial en materia de suelo y medio ambiente, un formulario que pierde razón de ser al quitarse la exigencia de fondo que lo justificaba.
Las exigencias sanitarias y de bioseguridad que siguen vigentes
Desde las oficinas técnicas del Senasa remarcaron que este alivio burocrático no implica una relajación en los controles sanitarios ni en la fiscalización del rodeo.
La medida no genera nuevos registros ni altera los pilares documentales esenciales para garantizar la trazabilidad de la hacienda destinada al consumo interno y a la exportación.
En el trasfondo, la decisión se inscribe en una tendencia que el sistema agroindustrial argentino viene reclamando hace años: reglas más homogéneas, menor fragmentación normativa y procedimientos más previsibles para invertir. Desde la reforma institucional del Senasa en la década de 1990, el foco del organismo ha ido alternando entre la sanidad estricta y una mayor coordinación con provincias y municipios, especialmente en actividades intensivas como los feedlots, donde convergen cuestiones productivas, sanitarias y ambientales.
En ese marco, los establecimientos deberán continuar cumpliendo de manera rigurosa con los siguientes requisitos de fiscalización:
- Inscripción obligatoria en el RENSPA: Se mantiene plenamente vigente la registración en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios.
- Identificación de responsables e infraestructura: Es indispensable la correcta declaración de los titulares del predio y la verificación técnica de las instalaciones.
- Inspecciones en terreno: La visita de constatación previa por parte del personal veterinario oficial sigue siendo condición sine qua non para el alta operativa.
- Control de movimientos y tratamientos: Continúan vigentes las obligaciones relativas al registro diario de ingresos y egresos de animales, planes de alimentación, pautas de bioseguridad y esquemas sanitarios.
Además, las autoridades aclararon de forma enfática que la obtención de la habilitación sanitaria otorgada por el Senasa no exime al productor de cumplir con las reglamentaciones locales.
El registro nacional no sustituye ni acredita el cumplimiento de las ordenanzas municipales o leyes provinciales aplicables a la radicación industrial, la protección ambiental y la zonificación comercial.
De esta manera, cada municipio conserva la plena facultad de fiscalizar la actividad dentro de su ejido urbano o periurbano.
Con esta reformulación, el Senasa busca dar respuesta a un reclamo recurrente de las entidades rurales sobre la heterogeneidad de criterios entre jurisdicciones.
Análisis y proyecciones: la modificación puede reducir tiempos de aprobación y costos administrativos para nuevos proyectos de engorde a corral, un segmento clave para abastecer tanto el mercado interno como la exportación de carne vacuna. Al mismo tiempo, deja más claramente delimitadas las responsabilidades: el Senasa concentrado en sanidad, trazabilidad y bioseguridad; provincias y municipios, en uso del suelo, ambiente y habilitaciones locales. Si la implementación resulta uniforme, la medida podría ordenar un mapa regulatorio históricamente disperso y favorecer inversiones en infraestructura ganadera. Sin embargo, su impacto final dependerá de que las jurisdicciones subnacionales mantengan criterios claros y de que no se reabran conflictos por competencias en zonas periurbanas, donde el crecimiento de los feedlots suele convivir con mayores exigencias ambientales y sociales.
La unificación del trámite a nivel nacional busca agilizar las inversiones en infraestructura ganadera, reducir la carga de trámites en las oficinas de campo y concentrar la labor del organismo en su misión primaria: velar por la sanidad animal, el bienestar del ganado y la inocuidad de los alimentos que llegan a la mesa de los consumidores.
Evolución reciente del tema: en los últimos años, la discusión sobre los feedlots fue ganando intensidad por el aumento de la producción intensiva y por la necesidad de compatibilizar el crecimiento de la actividad con el cuidado ambiental. Mientras el sector productivo insistió en aliviar la burocracia para competir mejor, las autoridades sanitarias buscaron preservar controles clave para evitar riesgos epidemiológicos y garantizar trazabilidad. Esta nueva disposición aparece como un intento de equilibrio: menos papeles en la órbita nacional, pero sin resignar los controles esenciales ni desplazar las potestades locales.
