Proyecto busca sancionar con cárcel a quienes usen capuchas en protestas vandálicas
Un proyecto radicado en el Congreso propone penas de cárcel y fuertes multas para quienes, ocultando su identidad, cometan actos vandálicos en protestas. La iniciativa también apunta a endurecer las sanciones por bloqueos y ya generó una fuerte polémica política y de seguridad.“El anonimato en la protesta ha sido, históricamente, una doble cara: puede proteger frente a represalias, pero también encubrir la violencia”, es una tensión que atraviesa desde hace décadas los debates sobre orden público en América Latina y que ahora vuelve al centro de la discusión en Colombia. En ese marco, el 1 de septiembre de 2026, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para sancionar con cárcel a manifestantes que usen capuchas para ocultar su identidad y participen en actos vandálicos, una iniciativa presentada junto a otros congresistas de la colectividad.
La propuesta plantea que quien “cometa acto vandálico aprovechándose del ocultamiento de su identidad” durante una manifestación, reunión, movilización o concentración pública reciba una pena de prisión de 54 a 96 meses y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El articulado también prevé un agravante: la condena aumentará en dos terceras partes si se emplean artefactos o elementos peligrosos de fabricación artesanal, explosivos, sustancias corrosivas u otros medios con capacidad de causar daño a personas o a bienes públicos y privados. En la práctica, la discusión se inscribe en una tendencia regional y global de endurecimiento frente a conductas que, bajo el paraguas de la protesta social, derivan en daños a infraestructura, alteraciones masivas de la movilidad o ataques directos contra bienes y personas.
Además, la iniciativa contempla sanciones para quien, por medios ilícitos, incite, dirija, constriña o proporcione recursos para obstaculizar de manera temporal o permanente vías de infraestructura o transporte que afecten la humanidad, la salud pública o la seguridad alimentaria. En esos casos, se propone prisión entre 54 y 96 meses, junto con la pérdida de la inhabilidad de derechos y de funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.
En rueda de prensa, el congresista Julio César Triana defendió que el proyecto busca endurecer las penas contra quienes cometan hechos violentos durante protestas con el rostro cubierto y planteó que la condena sea “no excarcelable”, al sostener que el sistema actual permite que los detenidos recuperen la libertad con rapidez.
El coautor explicó que la iniciativa “tiene un espíritu esencial distribuido en dos modificaciones de nuestro ordenamiento penal”. Según detalló, la primera apunta a “crear un tipo penal en Colombia” para que “el ocultamiento de la identidad, cuando ese ocultamiento es utilizado para actos vandálicos”, tenga consecuencias penales más severas.
Además, sostuvo que el proyecto incorpora definiciones para facilitar su aplicación. “Da unas definiciones que le van a permitir al intérprete o al operador jurídico hacer más viable la aplicación de la norma”, afirmó, al justificar el alcance del articulado. Ese tipo de precisión legal suele ser clave en debates penales, porque reduce márgenes de interpretación y busca evitar que conductas semejantes reciban tratamientos dispares en distintos despachos judiciales.
El segundo eje, según el congresista, se enfoca en los bloqueos. Triana argumentó que, aunque el legislador ya los tipificó, “dejó que fuera de dos a cuatro años”, lo que, en su opinión, ha derivado en que algunos casos terminen con libertad inmediata.
En ese punto, señaló que durante los bloqueos se pueden producir afectaciones graves. Dijo que en esas situaciones “se terminaba afectando la prestación de servicios públicos” y “se terminaba afectando la vida misma de los ciudadanos”.
Triana cuestionó la respuesta judicial vigente para ese tipo de conductas y aseguró que actualmente “terminaban con excarcelación. Una sola audiencia y se fueron”. A su juicio, la propuesta introduce un cambio central: “Extendemos ya de cuatro a ocho años y, por tanto, este delito no volverá a ser excarcelable”.
Análisis y proyecciones: La discusión sobre “anticapuchas” refleja un dilema clásico entre el derecho a la protesta y el deber estatal de garantizar la seguridad y la movilidad. En Colombia, como en otros países de la región, las reformas penales asociadas al orden público suelen polarizar el debate: sus defensores las presentan como herramientas contra la impunidad y los actos violentos; sus críticos advierten que pueden terminar impactando el ejercicio legítimo de la movilización social, especialmente si la redacción es demasiado amplia. Si el proyecto avanza, el punto decisivo será cómo se definen en la práctica conceptos como “acto vandálico”, “ocultamiento de identidad” y “medios ilícitos”, porque de ello dependerá si la norma se aplica de manera focalizada o si abre la puerta a controversias constitucionales y judiciales.
Evolución reciente del debate: En los últimos años, el tratamiento de las protestas en Colombia ha oscilado entre intentos de diálogo y episodios de mayor endurecimiento institucional. Tras el ciclo de movilizaciones masivas de 2019, 2021 y sus réplicas posteriores, la conversación pública pasó de centrarse casi exclusivamente en la contención policial a incluir con más fuerza la discusión sobre los daños a la infraestructura, los bloqueos prolongados y la presencia de actores violentos dentro de marchas legítimas. En ese contexto, sectores del Congreso han impulsado fórmulas más punitivas, mientras organizaciones sociales han insistido en que no debe confundirse la protesta con el delito. La iniciativa de Arizabaleta y Triana se ubica precisamente en esa nueva etapa: más presión para castigar a quienes cometen abusos en las movilizaciones, y más exigencias para que el Estado distinga con claridad entre manifestación pacífica y violencia organizada.
Congresista del Centro Democrático denunció haber sido perfilado y amenazado por el ELN por promover la ley ‘anticapuchas’ en la Cámara
El representante a la Cámara, Jaime Arizabaleta, denunció que fue amenazado y perfilado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por impulsar en el Congreso un proyecto de ley “anticapuchas”. En entrevista con Infobae Colombia, Arizabaleta relató que la primera alerta surgió cuando fue informado de un panfleto difundido en la Universidad de Antioquia en el que aparecía su nombre como promotor de la ley. En un primer momento, no presentó una denuncia formal porque la información le llegó a través de un tercero.
“La persona que lo expuso me dijo: ‘Jaime, ¿te puedo hacer una llamada?’. Yo le dije: ‘Sí’. Me llamó y me dijo: ‘Ve, eso es una agrupación clandestina de la Universidad de Antioquia que se denomina FUR, y eso es del ELN’. Pero yo no hice ninguna denuncia”, contó al medio.
“Más que un perfilamiento, yo considero que es una amenaza, porque si se leen las últimas líneas de esa columna, hablan de tomar acciones y, pues, digamos que es una organización que se dedica a matar”, dijo Arizabaleta. Explicó además que llevó el tema a la corporación porque el calendario legislativo entra en una etapa decisiva para su propuesta.
