Kast bajo presión por sus nexos con Cerimedo y una investigación en el Congreso
La oposición chilena consiguió las firmas para activar una Comisión Especial Investigadora sobre los vínculos de José Antonio Kast con Fernando Cerimedo. El caso ya derivó en una denuncia ante la Fiscalía y tensiona a la derecha chilena.«La democracia empieza donde termina la manipulación», advertía con otra formulación uno de los grandes debates de la política contemporánea, y en Chile ese dilema vuelve al centro de la escena a partir de la investigación sobre los nexos de José Antonio Kast con Fernando Cerimedo.
La oposición consiguió reunir las 62 firmas necesarias para impulsar una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados, una señal política que deja al líder de la derecha chilena en una posición delicada. La instancia deberá votarse esta semana en la Cámara y, si prospera, avanzará a la conformación de la comisión, la definición de sus autoridades y la lista de funcionarios que serán citados.
La iniciativa fue promovida por el diputado del Partido Por la Democracia (PPD), José Montalva, quien sostuvo que la medida no apunta contra un sector político en particular, sino a resguardar la salud democrática. «Esto no va en contra de un sector político. Todos debiéramos tener la misma mirada frente a la salud de nuestra democracia», afirmó. En esa línea, agregó que el objetivo es garantizar que los procesos electorales estén libres de «contaminación digital», la cual —según planteó— incluso podría ser financiada por intereses extranjeros.
Montalva también remarcó que la comisión no busca poner en duda el resultado de una elección, sino investigar antecedentes que considera preocupantes. «Nadie está poniendo en duda una elección. Hay antecedentes serios que nos preocupan y tenemos que investigar cómo el ambiente digital puede contaminar la democracia», señaló.
Por su parte, Kast negó que Cerimedo haya trabajado en alguna de sus campañas o que mantenga actualmente una relación de asesoría con su administración. «En ninguna de mis campañas trabajé con este señor y el Gobierno tampoco tiene asesorías con él», aseguró en una entrevista.
No obstante, el propio Kast reconoció que conoce a Cerimedo y que han coincidido en distintas instancias políticas junto a otros dirigentes. Además, sostuvo que Cerimedo habría asesorado a personas vinculadas a la campaña del Rechazo de 2020, aunque marcó distancia entre ese trabajo y el Partido Republicano.
En el contexto de la política chilena reciente, el episodio se suma a una etapa marcada por el uso intensivo de redes sociales, campañas segmentadas y la discusión sobre la influencia de consultores digitales en los procesos electorales. Desde el plebiscito constitucional de 2020 y la polarización que siguió al proceso constituyente, la disputa por el terreno digital se volvió una pieza estratégica central para oficialismo y oposición.
Sin embargo, lo que Kast no aclaró es cómo cuatro integrantes del equipo que lideró Cerimedo en la campaña por el Rechazo a la reforma de la Constitución de 2022 terminaron siendo nombrados funcionarios del gobierno. Según reveló la investigación de El Mostrador, se trata de Alejandro Irarrázaval, Ignacio Dülger, Felipe Costabal y Teresa Zañartu.
El caso, además, no se agota en el Congreso. El asunto también generó una denuncia formal ante la Fiscalía General, lo que amplía el frente político e institucional en torno a la presunta influencia digital en campañas y cargos de gobierno.
Análisis y proyecciones: En términos políticos, la presión sobre Kast puede crecer si la comisión logra instalar la idea de que hubo una zona gris entre asesorías, campañas y designaciones en el gobierno. En América Latina, las controversias por desinformación, bots y segmentación opaca suelen tener un efecto doble: erosionan confianza pública y obligan a los bloques aliados a tomar distancia para proteger su propia competitividad electoral. En este caso, el costo podría sentirse en la cohesión de la derecha chilena, especialmente si la oposición consigue transformar la investigación en una narrativa más amplia sobre ética digital y financiamiento político.
La evolución del caso muestra también un cambio de clima en la derecha chilena. En los últimos años, el sector pasó de capitalizar el malestar social y la crítica al proceso constituyente a convivir con mayores cuestionamientos sobre sus estrategias de comunicación y sus vínculos con asesores externos. En paralelo, la discusión pública ya no se limita al contenido ideológico de las campañas, sino a los métodos utilizados para influir en la opinión pública y a la trazabilidad de esos apoyos. En ese escenario, las críticas de Evelyn Matthei y la distancia adoptada por Revolución Nacional —uno de los partidos de Chile Vamos junto con la UDI y Evópoli— evidencian que el costo político del caso podría extenderse más allá del entorno directo de Kast.
El tema, así, sigue creciendo y amenaza con abrir una fractura más amplia entre los sectores de derecha que respaldan al gobierno en el Congreso y aquellos que prefieren despegarse de cualquier sospecha asociada al uso de redes, campañas y eventuales apoyos externos.
