Moción de censura por bombardeo en Guaviare sacude al Gobierno

• Politica
• 01-09-2026

“En la guerra, la primera víctima es la verdad”, escribió Esquilo hace más de 2.400 años, y la frase vuelve a cobrar vigencia en medio de la controversia por el operativo militar del 27 de agosto de 2026 en la zona rural de El Retorno, Guaviare, que dejó diez muertos, entre ellos tres menores de edad, en un ataque contra disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

El episodio abrió un frente político y jurídico de alto impacto, porque reavivó uno de los debates más sensibles del conflicto colombiano: hasta dónde puede llegar la acción militar cuando existen indicios de reclutamiento forzado e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras armadas ilegales. En Colombia, este dilema ha sido recurrente durante décadas, especialmente en operaciones contra grupos que han usado a menores como combatientes, informantes o escudos humanos.

En un primer momento, el ministro de Defensa, Jorge Mora, defendió la ofensiva y sostuvo que se ejecutó bajo los estándares legales vigentes. Al mismo tiempo, insistió en que las organizaciones criminales continúan reclutando menores y utilizándolos de manera prohibida por el Derecho Internacional Humanitario, lo que agrava aún más la responsabilidad de esos grupos en el conflicto.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar desde el Congreso. El representante a la Cámara Oscar Benavides anunció que presentará una moción de censura contra Mora, con el objetivo de exigir explicaciones sobre cómo se planificó y ejecutó el operativo que terminó con la muerte de los tres menores de edad. Aunque el ministro lleva menos de 30 días en el cargo, la posibilidad de una citación parlamentaria ya empezó a tensionar al Gobierno.

En un video difundido en sus redes sociales, el congresista de la circunscripción afro cuestionó lo que definió como indiferencia oficial frente a la muerte de menores y reprochó que estas tragedias se reduzcan a cifras para justificar decisiones militares. Su postura apunta directamente a la necesidad de esclarecer qué información de inteligencia tenía el Estado antes de ordenar el bombardeo y quién evaluó el riesgo para la población menor de edad.

“Tanto Abelardo (De la Espriella) como su ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, se están lavando las manos con esta situación (...) Por eso radicamos una moción de censura en Cámara de Representantes contra el ministro Mora, que debe responder qué información de inteligencia tenía el Estado antes de lanzar las bombas, quién evaluó el riesgo para la población menor de edad”, cuestionó.

Las críticas de Benavides también alcanzaron al presidente Abelardo de la Espriella, quien respaldó la actuación de las Fuerzas Militares en Guaviare, y a la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, a quien reprochó su posición frente al bombardeo. El congresista recordó que, en el pasado, ese tipo de acciones eran vistas como inaceptables cuando afectaban a menores, pero que ahora —según su interpretación— se intenta presentarlas como inevitables.

“El Superman de Vicky Dávila, para quien antes bombardear menores era inaceptable, pero ahora resulta necesario, justifica la falta de planeación y de inteligencia militar en las operaciones. Después del bombardeo en Guaviare, donde fueron asesinados tres menores de edad, Abelardo de la Espriella respaldó la operación asegurando que los grupos armados utilizan a los menores como escudos humanos”, indicó.

Benavides aclaró además que no hay discusión posible sobre la responsabilidad penal de quienes reclutan a niños, niñas y adolescentes, pero remarcó que el Estado debe priorizar su protección y no convertirlos en víctimas colaterales de operativos armados. Para el legislador, la obligación institucional es rescatar, prevenir y judicializar, no normalizar la muerte de menores en bombardeos.

“Aquí hay algo que nadie puede discutir: todo el que recluta niños y niñas y adolescentes debe responder ante la justicia”, afirmó, aunque sostuvo que el Estado “debe garantizar la protección de los menores que son víctimas de ese delito, no bombardearlas sin pena ni gloria”.

Análisis y proyecciones: el caso podría escalar más allá del debate coyuntural y convertirse en un nuevo test para la doctrina de seguridad del Gobierno y para la supervisión política sobre el Ministerio de Defensa. En Colombia, las mociones de censura rara vez prosperan, pero sí pueden erosionar la legitimidad de un ministro, ordenar el debate público y obligar a revelar detalles operacionales, especialmente cuando hay menores de edad entre las víctimas. A nivel político, la controversia también reaviva la discusión sobre inteligencia militar, proporcionalidad del uso de la fuerza y verificación previa de objetivos, tres elementos decisivos cuando el Estado combate a grupos armados que mezclan combatientes con población vulnerable.

La evolución reciente del tema muestra un cambio importante en los últimos años: mientras en distintos momentos las operaciones contra cabecillas armados solían ser respaldadas con mayor rapidez por sectores de opinión y por los gobiernos, el aumento de la sensibilidad pública respecto de los derechos de la niñez ha elevado el costo político de cualquier error. Hoy la exigencia ciudadana y parlamentaria no se limita a combatir a las disidencias, sino a demostrar que cada acción fue planeada con criterios de necesidad, proporcionalidad y protección reforzada de menores. De cara a los próximos días, el foco estará puesto en si Mora comparece ante el Congreso, si el Gobierno sostiene sin matices la operación y si surgen nuevos elementos sobre la inteligencia previa al bombardeo.

Finalmente, el congresista llamó a no tolerar la impunidad ni la falta de rendición de cuentas en hechos que golpean de manera directa a la infancia. A su juicio, cuando mueren menores de edad en un bombardeo, primero aparecen las explicaciones y solo después las víctimas, una lógica que —según advirtió— debe revertirse si realmente existe compromiso con la protección de la niñez.

“Cuando mueren menores de edad en un bombardeo, primero buscan justificar la operación y después, si acaso, preguntan por las víctimas. No disfracen las cosas y tengan algo de vergüenza, no justifiquen la muerte. Esto no se trata de ideología política, se trata de la protección de la niñez de la que tanto se ufanan”, puntualizó.