Denuncian al FGS por pérdidas millonarias con Albanesi
La presentación judicial apunta a determinar si funcionarios responsables del FGS actuaron con negligencia o abuso al mantener la exposición del fondo de los jubilados al Grupo Albanesi. La causa investiga pérdidas millonarias y decisiones tomadas cuando la crisis financiera ya era pública.“Las crisis de deuda rara vez sorprenden de un día para el otro: casi siempre avisan”. La frase resume con precisión el caso Albanesi, una saga financiera que terminó en default y que ahora escaló a Comodoro Py por la exposición del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, administrador de los ahorros previsionales de los jubilados.
La denuncia penal quedó radicada en el Juzgado Federal N° 9 y tramita bajo el expediente CFP 4246/2026. Fue presentada por Virginia Marta Cassola y apunta contra Fernando Omar Bearzi, José Luis Daza y Carlos Guberman, entre otros denunciados.
La causa investiga los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, defraudación, defraudación contra la administración pública y administración fraudulenta.
El expediente se originó a partir de una revelación de LPO sobre la exposición del fondo de los jubilados a Generación Mediterránea (GEMSA), la principal empresa del Grupo Albanesi. El eje de la pesquisa es determinar qué hicieron los funcionarios a cargo de administrar los activos del FGS mientras la energética acumulaba incumplimientos, ingresaba en default y avanzaba hacia una reestructuración de deuda de enorme magnitud.
El punto más sensible del caso es que el FGS no era un acreedor menor. Figuraba entre los principales tenedores de deuda de GEMSA y continuó expuesto aun cuando las señales de insolvencia ya eran evidentes.
Los primeros incumplimientos se registraron en abril de 2025. Luego, el 31 de julio de ese año, FIX rebajó la calificación de Generación Mediterránea a categoría de default, una señal técnica contundente de deterioro financiero. Sin embargo, siete meses después de esa advertencia, el FGS seguía sosteniendo su posición.
Albanesi necesitaba cambiar las condiciones de sus bonos para avanzar con la reestructuración y pidió el consentimiento de la Anses, que lo otorgó. Las modificaciones alcanzaron incluso cláusulas vinculadas con eventos de incumplimiento y supuestos de quiebra, concurso preventivo, acuerdo preventivo extrajudicial, liquidación y acciones judiciales contra la compañía.
Las áreas técnicas del FGS justificaron la decisión con el argumento de preservar la continuidad operativa de las centrales. Sostuvieron además que los cambios no alteraban los términos financieros ni los flujos de los instrumentos. Sin embargo, la discusión abrió un fuerte debate interno, no sólo dentro de la propia Anses sino también en el equipo económico.
La denuncia ahora busca establecer las responsabilidades detrás de una decisión adoptada cuando el deterioro financiero de Albanesi ya era público y verificable. En términos regulatorios y financieros, ese tipo de decisiones suelen quedar bajo la lupa cuando la línea entre administración prudente y exposición excesiva se vuelve difusa.
La magnitud del agujero ayuda a explicar la preocupación. Generación Mediterránea cerró 2025 con 1.510 millones de dólares de deuda financiera y apenas 20 millones entre caja e inversiones corrientes. El 93% de sus compromisos estaba concentrado en obligaciones negociables. La reestructuración posterior alcanzó casi la totalidad de los USD 1.500 millones de pasivos locales e internacionales.
La historia, de todos modos, venía de antes. Entre 2019 y 2024, Albanesi expandió con fuerza su parque de generación y financió buena parte de ese crecimiento con deuda en pesos y dólares, bajo legislación local y extranjera. Ese proceso siguió el patrón observado en varias compañías energéticas de la última década: expansión acelerada, apalancamiento alto y fuerte dependencia del crédito para sostener inversiones intensivas en capital.
En febrero de 2025, cuando la situación financiera ya estaba tensionada, la empresa colocó incluso una nueva obligación negociable por más de 6.000 millones de pesos, con vencimiento a un año y tasa TAMAR más 5%. Dos meses más tarde dejó de pagar. El 29 de abril de 2025 llegó el quiebre y, al día siguiente, la compañía informó que no abonaría los intereses de sus bonos internacionales con vencimiento en 2031. El 6 de mayo, el incumplimiento quedó formalizado.
La firma reconoció problemas financieros y falta de líneas de crédito. Después vinieron los canjes, las modificaciones contractuales y una negociación cada vez más cerrada entre la compañía y sus principales acreedores.
La reestructuración también dejó diferencias marcadas entre acreedores. Los tenedores de bonos garantizados obtuvieron mejores cupones y condiciones de amortización, mientras que para parte de la deuda no garantizada se plantearon extensiones hasta 2036, tasas que podían caer hasta 2,25% anual y devolución de capital concentrada hacia el final del nuevo cronograma.
Mientras se negociaba la salida financiera, el conflicto también llegó a los tribunales comerciales. Entre fines de 2025 y las primeras semanas de 2026 se multiplicaron las demandas contra compañías del Grupo Albanesi. El default alcanzó las obligaciones de Generación Mediterránea y Central Térmica Roca y dejó a cientos de inversores con tenencias de obligaciones negociables afectadas.
En este contexto, el caso del FGS vuelve a poner sobre la mesa un debate de larga data: el de la transparencia en la gestión de los fondos previsionales y el grado de control político y técnico sobre sus inversiones. Desde la creación del FGS, su misión formal fue preservar valor y garantizar sustentabilidad intertemporal, pero su utilización también quedó atravesada por discusiones sobre exposición a activos privados, criterios de riesgo y capacidad real de fiscalización.
Análisis y proyecciones: si la Justicia encuentra indicios de decisiones adoptadas sin el debido resguardo patrimonial, el caso podría derivar no sólo en responsabilidades penales sino también en reclamos administrativos y en un endurecimiento de los controles sobre el FGS. En el plano financiero, una eventual confirmación de pérdidas significativas reforzaría la tendencia de los organismos públicos a reducir exposición a deudores con señales tempranas de estrés, aunque eso implique aceptar renegociaciones menos favorables. También podría reabrir la discusión sobre cuánto riesgo debe asumir el Estado cuando administra activos previsionales en mercados cada vez más volátiles.
Hoy, la gran incógnita es cuánto dinero tenía efectivamente invertido el FGS en Albanesi al momento del default, cuánto valían esos títulos antes de la crisis, qué instrumentos recibió después de la reestructuración y cuál es su valor económico actual.
La opacidad en torno al FGS agrava el cuadro. La dimensión de su exposición a Albanesi no puede reconstruirse de manera inmediata, en parte por los meses de atraso en la presentación de estados contables y documentación complementaria.
Evolución del caso y de los actores principales: en los últimos años, Albanesi pasó de expandirse con deuda y crecer en capacidad instalada a quedar atrapada por el aumento del costo financiero y la falta de refinanciamiento. En paralelo, el FGS mantuvo un perfil de inversión que en este caso terminó en una exposición cuestionada por su continuidad pese a las alertas de mercado. La postura oficial, que inicialmente se apoyó en la defensa de la continuidad operativa y en la idea de preservar valor, quedó ahora bajo revisión judicial. La evolución del expediente será clave para definir si predominó una estrategia de administración razonable o una decisión que expuso innecesariamente recursos previsionales a un riesgo ya materializado.
La opacidad del manejo del FGS por parte del Gobierno profundiza las dudas. La magnitud real de la exposición del Fondo a Albanesi no puede reconstruirse con precisión de manera inmediata, justamente por el retraso en la presentación de balances y documentación complementaria.
