Procesan al exalcalde de La Granja y archivan la causa al actual regidor
El tribunal decidió seguir adelante con la investigación contra el exalcalde José Luis Vázquez por presunta prevaricación y malversación, mientras archivó la causa respecto del actual intendente, Samuel Alonso. La resolución no es firme y aún puede ser apelada.“Nadie está por encima de la ley”, suele recordarse desde el célebre aforismo atribuido al Derecho romano, una idea que vuelve a cobrar relieve cada vez que la Justicia examina la gestión de un cargo público. En ese marco, el Tribunal de Instancia número 5 de Segovia resolvió continuar las diligencias previas contra el exalcalde de La Granja de San Ildefonso, José Luis Vázquez, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, al tiempo que dispuso el archivo de la causa abierta contra el actual alcalde, Samuel Alonso, por los mismos hechos.
La magistrada instructora consideró que los hechos bajo análisis podrían estar vinculados con nombramientos de empleados municipales, asignación de funciones y retribuciones, contratación de determinados servicios, órdenes de pago dictadas pese a reparos de la Intervención municipal y otras decisiones adoptadas durante la etapa en que Vázquez estuvo al frente del Ayuntamiento. Así lo informó el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en una comunicación recogida por Europa Press.
En el auto, el tribunal sostuvo que, a la luz de las diligencias practicadas, “procede continuar el procedimiento y dar traslado al Ministerio Fiscal para que este solicite la apertura de juicio oral mediante escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias”. Se trata de un paso procesal relevante: en la práctica judicial española, el procedimiento abreviado suele funcionar como una fase de filtrado en la que el juez valora si existen indicios suficientes para sostener una acusación penal.
La causa se originó en 2023, cuando el entonces Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia abrió una investigación para esclarecer una pluralidad de hechos presuntamente irregulares producidos durante el prolongado mandato de Vázquez, que se extendió entre 2007 y 2019. La instrucción alcanzó también a su sucesor en la Alcaldía, Samuel Alonso, y a una funcionaria municipal, en un expediente que puso bajo la lupa decisiones administrativas adoptadas a lo largo de más de una década.
En octubre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se declaró competente para asumir la instrucción de la parte del procedimiento referida a Vázquez, al ostentar entonces la condición de aforado como procurador socialista en las Cortes regionales. Poco después, el exalcalde renunció a ese acta, lo que permitió que la causa continuara su trámite en la jurisdicción ordinaria, ahora ante el Tribunal de Instancia de Segovia, órgano que heredó las competencias del antiguo juzgado de instrucción tras la reforma de la organización judicial.
Respecto de Samuel Alonso, la magistrada resolvió el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones. En relación con la presunta falsedad documental inicialmente investigada, concluyó que no existen indicios de que los informes emitidos por el regidor contuvieran afirmaciones contrarias a la realidad ni de que hubieran servido para materializar los nombramientos bajo sospecha.
Además, sobre los posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, el tribunal entendió que no quedó acreditado que Alonso hubiera suscrito los contratos investigados ni que conociera una eventual ilegalidad cuando, ya bajo su mandato, se efectuaron los pagos derivados de esas contrataciones. En otras palabras, la resolución separa con claridad la eventual responsabilidad de quien impulsó o adoptó las decisiones cuestionadas de la de quien las recibió ya en curso de ejecución.
Este desenlace tiene una lectura política y administrativa de primera magnitud para La Granja de San Ildefonso. En municipios de tamaño medio o pequeño, donde la gestión cotidiana concentra gran parte del poder de decisión, los procedimientos por presuntas irregularidades administrativas suelen impactar de lleno en la legitimidad institucional. En este caso, el archivo para Alonso despeja, al menos por ahora, el frente penal que pesaba sobre su gestión y concentra el foco judicial en las decisiones atribuidas a Vázquez.
Cómo evolucionó el caso y qué cambió en los últimos años
La secuencia del expediente muestra una evolución típica de las causas por presunta corrupción administrativa: primero una investigación amplia sobre varios responsables y actos de gobierno; luego, la depuración de responsabilidades individuales a medida que avanza la prueba; y finalmente, la posible separación entre quienes tomaron las decisiones y quienes solo continuaron su ejecución. En los últimos años, la Justicia española ha endurecido su examen sobre contrataciones, pagos y reparos de Intervención, especialmente cuando aparecen indicios de reiteración o de desprecio por los controles internos.
En paralelo, la situación de Vázquez cambió de forma significativa al pasar de alcalde a procurador, condición que le otorgó aforamiento y trasladó temporalmente el expediente al TSJCyL. Su renuncia posterior reencauzó la causa hacia el juzgado ordinario competente. Para Alonso, en cambio, la evolución fue inversa: de estar bajo sospecha junto a su antecesor, pasó a quedar desvinculado penalmente por falta de indicios suficientes, al menos en esta etapa procesal.
Análisis y proyecciones
La resolución no cierra el capítulo judicial, pero sí redefine el escenario. Si el Ministerio Fiscal opta por acusar, la causa podría avanzar hacia juicio oral contra Vázquez, con el consiguiente impacto político e institucional. Si, por el contrario, solicita el sobreseimiento o diligencias complementarias, el expediente podría ganar tiempo o incluso perder impulso. En este tipo de procesos, la prueba documental, los informes internos y la trazabilidad de los pagos suelen ser determinantes para acreditar si hubo una actuación arbitraria o un mero desacuerdo administrativo. Hasta que exista una decisión firme, el caso seguirá siendo una referencia local sobre cómo la Justicia distingue entre la responsabilidad de firmar, la de supervisar y la de ejecutar.
El auto, además, no es firme. Cabe recurso de reforma ante el propio tribunal y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Segovia, o bien apelación directa. De ese modo, tanto la defensa de Vázquez como las eventuales acusaciones podrán impugnar la decisión antes de que el procedimiento avance, eventualmente, hacia la apertura de juicio oral.
En definitiva, la resolución supone un nuevo paso procesal en una investigación que sigue abierta y cuyo desenlace dependerá ahora de la posición que adopte el Ministerio Público y de la eventual revisión de las instancias superiores. Por el momento, la causa queda acotada a las actuaciones atribuidas al exalcalde, mientras el actual jefe del Ejecutivo municipal queda fuera del foco penal.
