Testimonio sacude un litigio en Ciudad de México
Una declaración notarial de 20 páginas incorporada a una investigación de la Fiscalía capitalina abrió una nueva línea en el litigio que involucra a Maha Schekaibán Tohmé. El testimonio describe presuntos pagos y maniobras para influir en valoraciones psicológicas y actuaciones judiciales.“La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”, escribió Platón, y esa vieja tensión entre poder y legalidad vuelve a asomar en un litigio que ahora suma un testimonio notarial de alto impacto en la Ciudad de México.
Un ex empleado del despacho que representó a Maha Schekaibán Tohmé sostuvo, en una declaración de 20 páginas, que habrían existido entregas de dinero para favorecer la estrategia jurídica de la clienta. El documento, incorporado a una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, menciona entre esos movimientos un pago de 80 mil pesos vinculado con una valoración psicológica.
La declaración, ratificada ante notario por un ex integrante del despacho que asistió a Schekaibán Tohmé, abrió una nueva línea en el conflicto judicial que se sigue en tribunales capitalinos. De acuerdo con el testimonio, se habrían realizado pagos a funcionarios y particulares para obtener resoluciones favorables, entre ellas una supuesta entrega de 80 mil pesos relacionada con una evaluación psicológica que, en un primer momento, no habría logrado acreditar afectación emocional.
La defensa de Bernardo Vogel Fernández de Castro presentó el escrito ante la Fiscalía capitalina, donde quedó agregado a la carpeta de investigación CI-FIDVF/75/UI-7 S/D/0369/01-2024 D01. Según el declarante, en julio de 2024 el despacho enfrentaba un obstáculo concreto: las evaluaciones practicadas a Schekaibán no reflejaban la afectación emocional que se buscaba acreditar dentro del procedimiento.
En ese contexto, el documento atribuye a la titular de la firma una instrucción directa sobre el resultado que se esperaba de la evaluación: “Sí tiene que salir con afectación, o sea, no puede salir sin afectación”. A partir de allí, el testimonio reconstruye, mediante mensajes y una nota de voz, la forma en que presuntamente se habría gestionado la modificación del dictamen.
Las conversaciones incluidas en la declaración muestran el uso de términos como “chocolates”, “oficios” y “recursos” como claves para referirse al dinero. Según explicó el exempleado, cada chocolate equivalía a mil pesos. Ese código habría sido utilizado en distintas gestiones: 30 chocolates para lograr que una carpeta regresara del área de judicialización, 60 para que una investigación fuera determinada como archivo y 100 por la elaboración del dictamen psicológico, aunque finalmente se habrían autorizado 80, es decir, 80 mil pesos.
El testimonio agrega que los mensajes fueron intercambiados el 19 de julio de 2024, mientras la valoración psicológica seguía en curso. En una de las comunicaciones se lee: “Amiga, ya estamos en el búnker. Maha sigue en valoración. ¿Podrías hacerme llegar los chocolates?”. La respuesta habría confirmado que el dinero iba en camino y, horas más tarde, otro mensaje aseguró: “Ya se entregaron los chocolates”. El intercambio concluyó con un agradecimiento, según la transcripción incorporada al escrito.
La declaración también reproduce una nota de voz que, siempre de acuerdo con el testimonio, anticiparía el contenido del informe antes de que fuera formalmente emitido: “Acabo de ver a mi contacto y me dice que nos va a hacer un súper chingón dictamen, sí, súper chingón, en donde ahí, aparte de que va a salir como víctima de violencia por parte de este sujeto, violencia vicaria, aparte sí, nos va a poner ahí un apartado en donde va a decir que ella no es generadora de violencia”, señala el audio citado.
El ex empleado afirma además que participó en las entregas de dinero y que decidió renunciar cuando advirtió las posibles implicaciones de esas prácticas. También sostiene que Maha Schekaibán conocía los movimientos porque supervisaba directamente la estrategia jurídica. Ese punto será clave para la valoración de la eventual responsabilidad penal, ya que la fiscalía deberá contrastar si los mensajes, audios y referencias económicas coinciden con actuaciones concretas dentro del expediente.
Análisis y proyecciones: Este tipo de señalamientos suele tensionar dos planos simultáneos: por un lado, la credibilidad de las partes en un litigio de alta conflictividad; por otro, la capacidad institucional para verificar si existieron presiones, pagos irregulares o manipulación de peritajes. En casos donde aparecen referencias a violencia vicaria, valoraciones psicológicas y posibles influencias sobre funcionarios, el impacto procesal puede ser significativo porque esos elementos suelen incidir en medidas cautelares, imputaciones y estrategias de defensa. Si la Fiscalía logra corroborar la trazabilidad de los pagos y la autenticidad de los mensajes, el caso podría derivar en nuevas imputaciones; si no, la controversia quedará circunscripta al terreno de la prueba testimonial y pericial.
Evolución del caso y de las posiciones: En los últimos años, los litigios vinculados con disputas familiares y alegatos de violencia vicaria han ganado mayor visibilidad pública y judicial en México, en paralelo a un debate más amplio sobre el uso de peritajes psicológicos en causas de familia y penal. En ese escenario, la versión del ex empleado introduce un giro: ya no se discute solo el fondo de la disputa, sino también la forma en que se habría construido la evidencia. La defensa de Vogel Fernández de Castro intenta ahora trasladar el eje hacia posibles irregularidades de procedimiento, mientras que la contraparte queda bajo la presión de responder a acusaciones que podrían afectar tanto la estrategia legal como la interpretación de los dictámenes cuestionados.
El documento fue ratificado ante notario y presentado ante la Fiscalía capitalina el 30 de junio. La intervención notarial acredita la comparecencia, la firma y la autoría de las 20 páginas, pero no convalida por sí sola el contenido de las afirmaciones. Corresponderá al Ministerio Público verificar la autenticidad y el contexto de los mensajes y audios, rastrear las presuntas entregas de dinero, revisar las actuaciones mencionadas y determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales.






















