Cuando el poder convierte al periodismo en enemigo
El Presidente tiene derecho a cuestionar noticias, señalar errores y denunciar prácticas deshonestas. Pero la descalificación sistemática desde la máxima autoridad del país excede una disputa personal: deteriora la conversación democrática y puede legitimar formas más graves de violencia.
Opinión | Identidadcorrentina
El periodismo puede equivocarse.
Puede publicar información insuficientemente verificada.
Puede responder a intereses políticos, económicos o empresariales.
También existen periodistas honestos y periodistas que no honran su profesión.
Nada de esto constituye una novedad.
La libertad de prensa nunca significó infalibilidad.
Tampoco impunidad.
Los periodistas deben responder por sus errores, corregir información falsa y asumir las consecuencias legales cuando actúan con conocimiento de la falsedad o con un desprecio temerario por la verdad.
Pero existe una diferencia fundamental entre criticar al periodismo y convertirlo en enemigo.
Esa frontera parece desdibujarse cada vez que Javier Milei utiliza su palabra, sus redes sociales y la enorme capacidad comunicacional de la Presidencia para lanzar descalificaciones generalizadas contra quienes informan o interpretan la realidad de una manera que le resulta incómoda.
EL PRESIDENTE NO ES UN CIUDADANO MÁS
Milei tiene libertad de expresión.
Puede responder.
Puede desmentir.
Puede cuestionar una investigación periodística y exhibir sus errores.
Puede señalar contradicciones y reclamar que se presenten pruebas.
Pero cuando habla el Presidente no habla solamente una persona.
Habla el jefe del Estado.
Sus palabras poseen una potencia que ningún periodista individual puede igualar.
Cuenta con los canales institucionales del Gobierno, una estructura de comunicación, funcionarios, legisladores, militantes y millones de seguidores en las redes sociales.
Por eso su responsabilidad es mayor.
Cuando un Presidente coloca a determinados periodistas en el lugar de enemigos, corruptos o mentirosos sin presentar pruebas concretas, no está participando en una discusión entre iguales.
Está utilizando la autoridad de su cargo para señalar adversarios ante una multitud.
Y una multitud digital puede trasladar muy rápidamente la violencia de las pantallas a la vida cotidiana.
CRÍTICA NO ES HOSTIGAMIENTO
Una democracia necesita que los gobernantes critiquen al periodismo cuando consideran que una información es falsa o injusta.
También necesita que lo hagan con precisión.
Qué noticia es falsa.
Qué dato está equivocado.
Qué documento la contradice.
Qué periodista actuó de manera incorrecta.
Las acusaciones generales contra “los periodistas”, “los ensobrados” o “los pauteros” no esclarecen nada.
Solamente construyen una categoría de enemigos.
Si existen periodistas que reciben dinero para ocultar o deformar información, corresponde identificarlos y demostrarlo.
Si hubo mecanismos de pauta oficial destinados a comprar voluntades, deben investigarse.
Si empresas estatales canalizan publicidad de manera discrecional para premiar adhesiones, la sociedad tiene derecho a conocerlo.
Pero las sospechas no pueden aplicarse selectivamente.
Si se cuestiona la independencia de los periodistas críticos por sus posibles intereses económicos, también debe preguntarse por la independencia de quienes elogian sistemáticamente al Gobierno.
La ética periodística no cambia según la orientación del medio.
Un periodista oficialista puede ser tan honesto o deshonesto como uno opositor.
Y ninguno debería recibir un certificado de pureza o una condena moral extendida por el Presidente.
NO SOMOS ÁNGELES
El periodismo cometería un grave error si respondiera a los ataques presentándose como una actividad integrada solamente por profesionales valientes e incorruptibles.
No es así.
Existen medios que confunden información con operación.
Periodistas que no verifican.
Comunicadores que convierten los rumores en noticias.
Opiniones presentadas como hechos.
Titulares exagerados.
Silencios interesados.
Dependencias económicas que deberían transparentarse.
También existe una peligrosa tendencia a exigir rigor a los demás y concederse indulgencia cuando el error pertenece al propio espacio.
La defensa de la libertad de prensa no puede transformarse en una defensa corporativa de cualquier conducta periodística.
Precisamente porque reclama independencia frente al poder, el periodismo debe aceptar controles profesionales, rectificaciones públicas y responsabilidades legales.
Pero esos controles no pueden quedar en manos del Gobierno.
El poder investigado no puede convertirse en juez de quienes lo investigan.
LAS FORMAS TAMBIÉN GOBIERNAN
Existe una vieja tentación política de considerar que las formas son adornos.
Que lo único importante son los resultados.
Que estabilizar la economía, reducir el déficit o impulsar reformas estructurales autoriza a descuidar el lenguaje institucional.
Es una equivocación.
Las formas determinan cómo convive una sociedad.
La democracia no consiste solamente en votar cada determinado número de años.
También implica aceptar límites, respetar al adversario, garantizar la crítica y ejercer el poder sin convertir toda diferencia en una guerra.
Un Presidente puede tener razón en una discusión económica y equivocarse profundamente en la manera de ejercer su autoridad.
Puede obtener resultados valiosos y, al mismo tiempo, deteriorar instituciones necesarias.
No existe contradicción entre reconocer los avances económicos de un Gobierno y cuestionar su hostilidad contra el periodismo.
Una cosa no cancela la otra.
DE LA PALABRA A LA AGRESIÓN
La violencia verbal no produce automáticamente violencia física.
Pero puede preparar el terreno.
Cuando una autoridad repite que determinados periodistas son delincuentes, corruptos o enemigos de la sociedad, sus seguidores pueden interpretar que cualquier hostigamiento contra ellos está moralmente justificado.
Primero aparece el insulto.
Después la amenaza.
Más tarde, alguien empuja, escupe o golpea convencido de que está actuando contra una persona indigna de respeto.
El Presidente no controla individualmente a quienes reciben sus mensajes.
Precisamente por eso debe medirlos.
No se trata de pedirle silencio.
Se trata de reclamarle responsabilidad.
Convocar a estudiantes o simpatizantes a abuchear periodistas puede parecer un gesto menor.
Sin embargo, contiene una enseñanza problemática:
que frente a una voz incómoda no corresponde escuchar, responder o discutir, sino acallarla colectivamente.
Ese aprendizaje resulta especialmente grave cuando se transmite a los jóvenes.
¿QUIÉN DEFINE LA VERDAD?
El Gobierno tiene derecho a defenderse de las noticias falsas.
Pero una ley destinada a “castigar” periodistas por publicar información “sin sustento” abriría una discusión peligrosa.
¿Quién determinaría qué información posee sustento?
¿Un funcionario?
¿Un organismo dependiente del Poder Ejecutivo?
¿Una comisión política?
¿Un juez?
El ordenamiento jurídico argentino ya contempla mecanismos para proteger el honor y sancionar daños provocados por informaciones falsas.
Existen acciones civiles.
Existen figuras penales.
Existe el derecho de rectificación o respuesta.
Y existe una jurisprudencia que intenta equilibrar dos derechos fundamentales: la protección de la reputación y la libertad necesaria para investigar a quienes ejercen funciones públicas.
Los funcionarios se encuentran especialmente expuestos al escrutinio porque administran poder y recursos del Estado.
Eso no significa que puedan ser calumniados libremente.
Significa que la crítica sobre sus actos debe contar con una protección amplia para evitar que el temor a una condena termine silenciando investigaciones de interés público.
Crear nuevas herramientas punitivas sin definir cuidadosamente sus límites podría producir un efecto inmediato:
la autocensura.
Un periodista podría decidir no publicar información relevante por temor a las consecuencias económicas o judiciales.
Y el principal perjudicado no sería el periodista.
Sería el ciudadano, que dejaría de conocer aquello que el poder preferiría mantener oculto.
LA ERA DE LA CONFUSIÓN
La discusión se vuelve todavía más compleja en tiempos de redes sociales e inteligencia artificial.
Circulan imágenes fabricadas.
Audios falsos.
Videos manipulados.
Declaraciones recortadas.
Cuentas anónimas capaces de instalar acusaciones sin presentar una sola prueba.
La velocidad con que se distribuye la información es mucho mayor que la capacidad de verificarla.
En este escenario, el periodismo profesional debería adquirir más importancia, no menos.
Su tarea esencial consiste en separar hechos de rumores, confirmar documentos, consultar fuentes, corregir errores y ofrecer contexto.
No siempre lo consigue.
Pero destruir su credibilidad de manera indiscriminada no ayuda a esclarecer la realidad.
Al contrario.
Cuando toda información es presentada como mentira y toda crítica como operación, desaparece la posibilidad de construir una base común de hechos.
Cada sector queda encerrado en su propia versión.
La verdad deja de depender de las pruebas y comienza a depender de la pertenencia política.
EL SILENCIO DE LOS ALIADOS
También resulta preocupante la escasa reacción de dirigentes que durante otros gobiernos defendieron activamente la libertad de prensa.
Los principios democráticos pierden valor cuando solamente se invocan frente al adversario.
Si el hostigamiento contra periodistas era inaceptable bajo una administración anterior, continúa siendo inaceptable cuando proviene de un gobierno aliado.
No existe una violencia verbal correcta porque coincide con nuestras ideas.
Tampoco una censura aceptable porque perjudica a quienes no nos agradan.
Los dirigentes oficialistas que reconocen la importancia de la libertad de expresión deberían decirlo públicamente.
No para debilitar al Presidente.
Para evitar que el Gobierno confunda respaldo político con obediencia silenciosa.
La lealtad democrática también consiste en señalar los límites.
EL PERIODISMO DEBE SEGUIR TRABAJANDO
¿Cómo debería responder el periodismo?
No mediante una guerra contra el Gobierno.
Tampoco devolviendo insultos.
Ni convirtiendo cada agresión presidencial en el centro absoluto de la agenda.
La mejor respuesta es trabajar.
Verificar.
Investigar.
Publicar.
Corregir cuando corresponde.
Diferenciar la información de la opinión.
Mostrar documentos.
Identificar fuentes cuando sea posible.
Y resistir la tentación de transformarse en una fuerza partidaria.
El periodista no debe buscar la derrota ni la victoria de un gobierno.
Debe procurar que la sociedad conozca aquello que necesita saber para evaluar a quienes la gobiernan.
Eso incluye reconocer aciertos.
También exponer errores, contradicciones y posibles irregularidades.
NO SE TRATA DE LOS PERIODISTAS
La defensa de la libertad de prensa no se realiza para proteger la sensibilidad de los periodistas.
Quien ejerce la profesión debe estar preparado para recibir críticas, cuestionamientos y respuestas severas.
El problema no es que un periodista se sienta ofendido.
El problema es el derecho de la sociedad a recibir información sin que el poder determine qué puede investigarse y quién está autorizado a preguntar.
No se trata de defender una corporación.
Se trata de impedir que cualquier gobierno, presente o futuro, pueda construir un sistema en el cual solamente sobrevivan las voces complacientes.
La prensa libre puede ser incómoda.
Puede ser injusta.
Puede equivocarse.
Pero una prensa domesticada siempre resulta más peligrosa.
UNA RESPONSABILIDAD PRESIDENCIAL
Milei llegó al poder desafiando consensos, cuestionando privilegios y denunciando prácticas que una parte importante de la sociedad estaba cansada de tolerar.
Ese mandato no lo obliga a moderar sus convicciones.
Sí lo obliga a ejercerlas dentro de las reglas democráticas.
Puede discutir con los periodistas.
Puede exponer sus errores.
Puede exigir rigor.
Pero no debería utilizar el poder presidencial para degradarlos colectivamente ni para alentar el escarnio público.
La autoridad no se debilita cuando habla con firmeza y respeto.
Se fortalece.
Gobernar también consiste en comprender que las palabras pronunciadas desde la cima del poder tienen consecuencias.
La crítica pertenece a la democracia.
El hostigamiento la deteriora.
Y cuando el Presidente convierte al periodismo en enemigo, el riesgo no recae solamente sobre quienes trabajan en los medios.
Recae sobre todos los ciudadanos que todavía necesitan preguntar, disentir y conocer aquello que el poder preferiría no responder.
