Cuando la Justicia discute quién investiga y nadie investiga
Las causas vinculadas con la administración de la AFA plantean interrogantes sobre movimientos millonarios, sociedades en el exterior y bienes de difícil justificación. Pero el problema institucional más grave es otro: mientras los tribunales disputan la competencia, la verdad continúa esperando.
Opinión | Identidadcorrentina
En una investigación penal debería existir una secuencia relativamente sencilla.
Aparece una denuncia.
Se reúnen los documentos.
Se identifican las operaciones.
Se escucha a los involucrados.
Se determina si existió un delito.
Y finalmente, si las pruebas lo permiten, se establecen responsabilidades.
En las causas relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino esa secuencia parece haber sido reemplazada por otra:
antes de investigar qué ocurrió, la Justicia discute interminablemente quién debe investigarlo.
La diferencia no es menor.
Cuando están en juego millones de dólares, estructuras societarias, operaciones internacionales y posibles titulares ocultos de bienes, el paso del tiempo puede convertirse en una forma indirecta de impunidad.
PREGUNTAS QUE NECESITAN RESPUESTAS
Las investigaciones abiertas alrededor de la AFA contienen interrogantes suficientemente importantes como para exigir una actuación judicial rápida y rigurosa.
Una sociedad constituida en Estados Unidos habría recibido el derecho a percibir un porcentaje considerable de los ingresos comerciales generados por la entidad en el exterior, además de pagos relacionados con servicios logísticos.
La Justicia debe determinar qué tareas se realizaron efectivamente.
También debe establecer si las remuneraciones guardaban relación con los servicios prestados y cuál fue el destino final de los fondos.
A esto se suma la investigación sobre una propiedad de extraordinario valor ubicada en Pilar.
La titularidad formal del inmueble aparecería vinculada con personas cuya capacidad económica declarada debe ser contrastada con el patrimonio encontrado.
El interrogante judicial es inevitable:
¿los propietarios registrados son también los verdaderos dueños o actuaron en representación de otras personas?
Ninguna de estas preguntas permite declarar culpable a nadie.
La presunción de inocencia no es una formalidad molesta.
Es una garantía fundamental.
Pero esa misma garantía no puede convertirse en una excusa para no investigar.
La única manera de proteger realmente a los inocentes y responsabilizar a quienes pudieran haber cometido delitos es esclarecer los hechos.
UN EXPEDIENTE QUE VIAJA
La causa fue desplazándose entre juzgados, cámaras, fueros y jurisdicciones.
La Justicia Penal Económica.
La Justicia Federal de Campana.
La Cámara Federal de Casación.
La Corte Suprema.
Cada intervención puede tener una explicación procesal.
Las reglas de competencia importan porque aseguran que ninguna persona sea juzgada por un magistrado elegido arbitrariamente.
El juez natural constituye una defensa contra los abusos del poder.
Pero cuando las discusiones se prolongan durante meses y el expediente parece viajar más de lo que avanza, el ciudadano comienza legítimamente a desconfiar.
No porque las garantías deban eliminarse.
Sino porque las garantías fueron creadas para asegurar justicia, no para impedirla.
Mientras los tribunales discuten dónde debe tramitarse una causa, pueden modificarse sociedades, transferirse bienes, perderse documentos y debilitarse testimonios.
En una investigación patrimonial, el tiempo nunca es neutral.
LA IMPARCIALIDAD TAMBIÉN DEBE PARECER
Otro aspecto delicado es la información sobre posibles relaciones previas entre magistrados intervinientes y dirigentes o estructuras vinculadas con la AFA.
Una relación social, una participación institucional o una coincidencia en determinados ámbitos no demuestra por sí misma la existencia de una conducta irregular.
Tampoco permite afirmar que un juez haya actuado de manera parcial.
Sin embargo, la Justicia no solamente necesita imparcialidad.
También necesita generar confianza en su imparcialidad.
Cuando existen circunstancias objetivas que pueden despertar dudas razonables, corresponde extremar la prudencia.
La excusación no necesariamente constituye una admisión de culpa o favoritismo.
Puede ser una manera de proteger el proceso, al magistrado y a la propia institución judicial.
Un juez debe preguntarse si puede resolver con independencia.
Pero también debe preguntarse si la sociedad cuenta con razones suficientes para confiar en esa independencia.
EL PODER DEL FÚTBOL
La AFA no es una institución cualquiera.
Administra la actividad deportiva más popular del país.
Organiza competencias.
Maneja contratos comerciales.
Negocia derechos internacionales.
Recibe ingresos extraordinarios.
Y posee una influencia social que pocas organizaciones argentinas pueden igualar.
El fútbol atraviesa identidades políticas, económicas y culturales.
Presidentes, gobernadores, empresarios, sindicalistas y magistrados comparten tribunas, celebraciones y relaciones alrededor de él.
Precisamente por eso, las investigaciones relacionadas con su administración requieren una independencia especialmente visible.
El fútbol puede despertar pasiones excepcionales.
Pero no constituye un territorio separado de la República.
Sus dirigentes tienen derecho a defenderse, a ser juzgados por el magistrado competente y a no ser condenados anticipadamente.
También deben someterse a los controles correspondientes cuando aparecen operaciones que necesitan explicación.
Ni privilegios.
Ni persecuciones.
Investigación.
CUANDO EL EXPEDIENTE CRUZA LAS FRONTERAS
La dimensión internacional agrega un elemento incómodo.
Autoridades estadounidenses habrían solicitado información relacionada con una sociedad radicada en ese país y con determinados movimientos financieros que podrían resultar relevantes en investigaciones sobre posibles maniobras de fraude o lavado de activos.
Eso tampoco demuestra delitos.
Pero obliga a actuar con mayor seriedad.
Sería profundamente dañino para las instituciones argentinas que operaciones vinculadas con una entidad nacional terminaran siendo esclarecidas en el extranjero porque nuestros tribunales no consiguieron resolver quién debía investigarlas.
Argentina ya atravesó demasiadas experiencias en las cuales la información decisiva sobre patrimonios, cuentas o sociedades apareció primero en tribunales extranjeros.
No debería naturalizarse esa dependencia.
La Justicia argentina tiene los instrumentos legales y técnicos necesarios.
Lo que debe demostrar es decisión para utilizarlos.
LA CONFIANZA QUE SE PIERDE
Los tribunales piden diariamente que los ciudadanos respeten sus resoluciones.
Que acepten sus plazos.
Que comprendan sus procedimientos.
Que confíen en la independencia de los magistrados.
Pero la confianza no puede ser exigida solamente desde un estrado.
Debe construirse mediante conductas.
Cuando una persona común enfrenta una causa, rara vez dispone del poder necesario para trasladar expedientes, promover conflictos de competencia o sostener durante meses una batalla entre jurisdicciones.
Por eso la sociedad observa con especial atención qué ocurre cuando los investigados pertenecen a estructuras poderosas.
Si la Justicia actúa con rapidez frente al ciudadano corriente, pero se vuelve lenta, dubitativa y enredada frente al poder, aparece una sospecha devastadora:
que la igualdad ante la ley existe solamente mientras no haya demasiados intereses en juego.
Quizás esa sospecha sea injusta.
Pero corresponde a la propia Justicia despejarla.
No mediante comunicados.
No mediante discursos.
Mediante una investigación seria, independiente y transparente.
NADIE DEBE ELEGIR A SU JUEZ
El verdadero problema no consiste únicamente en determinar quién es competente.
Consiste en impedir que cualquiera de las partes pueda influir, directa o indirectamente, sobre la elección del magistrado que habrá de intervenir.
El poder político no debe seleccionar al juez que investigará a sus adversarios.
El poder económico tampoco debe seleccionar al juez que examinará sus negocios.
Y quienes se encuentran bajo investigación no pueden recorrer el sistema judicial hasta encontrar el tribunal que consideren más conveniente.
Una República funciona cuando no importa demasiado qué juez recibe una causa porque todos aplican la ley con la misma independencia.
Cuando comienza a importar excesivamente el nombre del magistrado, el fuero o la jurisdicción, significa que la confianza institucional ya está dañada.
INVESTIGAR NO ES CONDENAR
La AFA y sus dirigentes no deben ser sometidos a una condena mediática.
Las sospechas publicadas no reemplazan las pruebas.
Las investigaciones periodísticas no sustituyen las sentencias.
Y los interrogantes, por graves que sean, no habilitan a destruir reputaciones sin debido proceso.
Pero respetar esas garantías no significa cerrar los ojos.
Significa investigar correctamente.
Si las operaciones fueron legales, los servicios existieron, las comisiones estuvieron justificadas y los patrimonios tienen un origen demostrable, la investigación permitirá establecerlo.
Si ocurrió algo diferente, corresponderá determinar responsabilidades.
La verdad también protege a quienes no cometieron delitos.
Por eso resulta tan preocupante una Justicia que parece consumir sus energías en discutir quién debe abrir la puerta, mientras nadie entra verdaderamente a la habitación.
LA PREGUNTA FINAL
En esta causa están en juego millones de dólares, contratos internacionales y propiedades de enorme valor.
Pero existe algo todavía más importante.
Está en juego la capacidad del Estado argentino para investigar a una de las organizaciones más poderosas del país.
La discusión ya no se limita al dinero de la AFA.
Alcanza a la credibilidad de los tribunales.
Porque si el poder consigue demorar una investigación, condicionar su recorrido o convertir la elección del juez en la principal batalla del expediente, el daño excede largamente a sus protagonistas.
La Justicia todavía tiene la oportunidad de responder.
Debe definir rápidamente la competencia.
Asegurar la imparcialidad.
Preservar las pruebas.
Seguir la ruta del dinero.
Y permitir que todos los involucrados ejerzan plenamente su defensa.
Después podrá determinar si existieron delitos o si las sospechas carecían de fundamento.
Pero primero debe demostrar que realmente quiere llegar.
Porque si los tribunales no consiguen esclarecer qué ocurrió alrededor de la AFA, la pregunta más grave ya no será dónde terminó el dinero.
Será dónde quedó la Justicia.
