Alerta por delivery y taxis por aplicativo en Lima
Un informe en Lima encendió las alarmas sobre la movilidad digital: detectó que uno de cada diez servicios simulados de delivery aceptó trasladar pasajeros en moto de forma ilegal. El estudio también expone vacíos regulatorios, fallas de fiscalización y riesgos para los usuarios.
“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, reza el refrán, y en materia de transporte urbano la advertencia vuelve a tomar vigencia: cuando la regulación no alcanza a una actividad en expansión, la informalidad encuentra espacio para consolidarse. En Lima, donde la movilidad por aplicaciones ya forma parte de la rutina diaria de millones de usuarios, un nuevo informe vuelve a poner en el centro el debate sobre seguridad, control estatal y responsabilidad empresarial.
Uno de cada diez servicios simulados de delivery en Lima accedió a trasladar ilegalmente pasajeros en moto, según un informe elaborado por el Observatorio de Plataformas-Perú, ASPEC e Ipsos.
El hallazgo surge de 30 pruebas de cliente incógnito realizadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, y revela la persistencia de prácticas prohibidas, así como la debilidad de los mecanismos de control en el sector de movilidad digital. En términos prácticos, el problema no se limita a una infracción aislada: expone una dinámica que puede multiplicarse en un mercado de enorme escala y con supervisión fragmentada.
Prácticas informales y exposición al riesgo
Durante la presentación del informe, Alejandra Dinegro, vocera del Observatorio de Plataformas-Perú, explicó que el vacío legal vigente permite que las plataformas digitales operen sin estándares homogéneos. Esa ausencia de reglas claras facilita que convivan servicios formales con prácticas que se apartan de la normativa, especialmente en segmentos de alta demanda y baja fiscalización.
En las simulaciones, 3 de cada 30 conductores aceptaron llevar pasajeros en moto tras la insistencia del usuario, pese a que el Decreto Supremo 035-2019 prohíbe expresamente esta práctica en el transporte público de personas. El dato no solo confirma la existencia de conductas irregulares, sino también la facilidad con que pueden normalizarse cuando no hay controles sostenidos.
La magnitud del fenómeno se aprecia al considerar que en Lima se realizan entre 37.000 y 50.000 servicios de delivery diarios por plataforma. Si la proporción detectada en el estudio se replicara, miles de viajes ilegales podrían concretarse a diario. Sumado al volumen anual proyectado de 34,2 millones de entregas solo en Lima y 42,7 millones a nivel nacional, el problema deja de parecer marginal para convertirse en una preocupación de seguridad ciudadana y de política pública.
Brechas en seguridad y control
El informe también encontró diferencias importantes en los estándares de seguridad. En los servicios de taxi por aplicativo evaluados, solo el 18% de los vehículos tenía el SOAT visible, mientras que el 95% de los conductores confirmaba el nombre del pasajero y el 100% en paquetería. Sin embargo, no todos los conductores utilizaban el cinturón de seguridad, y en el sector de reparto se detectaron discrepancias frecuentes entre la placa registrada y la que finalmente llega al usuario.
Dinegro subrayó que el reparto presenta la mayor brecha de control, porque las plataformas no exigen actualizaciones frecuentes de datos ni verifican de manera sistemática el modelo o el color del vehículo. “El usuario queda expuesto a riesgos y sin una protección efectiva”, advirtió. En un mercado digital, la trazabilidad es clave: cuando la identidad del vehículo o del conductor no es clara, también se debilita la capacidad de respuesta ante un incidente.
Críticas a la ATU y al MTC por falta de fiscalización
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aparecen señalados en el estudio como las entidades responsables de la fiscalización y regulación del sector. No obstante, el informe cuestiona la superposición de competencias y la falta de reacción efectiva frente al crecimiento acelerado de la movilidad digital.
La ausencia de una norma sectorial específica y la fragmentación institucional han generado una “zona gris” en la que las plataformas operan sin exigencias claras sobre licencias, seguros, antigüedad de vehículos o mecanismos de sanción. Ismael Sutta, exviceministro de Transportes, sostuvo que la falta de acción coordinada ha permitido que la informalidad y el riesgo se normalicen.
“El Estado carece de herramientas para fiscalizar y sancionar efectivamente. El vacío regulatorio y la pasividad institucional dejan al usuario desprotegido”, indicó. Sutta recordó además que en Lima existen cerca de 300.000 taxis, de los cuales solo entre 88.000 y 90.000 son formales, y que más de 100.000 conductores usan plataformas digitales.
Contratos, reclamos y protección al consumidor
El estudio identificó también importantes vacíos en materia de defensa del consumidor. Dos de las plataformas más importantes no cuentan con libro de reclamaciones virtual; tres de cinco no tienen domicilio legal en el país; y al menos dos se someten a jurisdicciones extranjeras, lo que dificulta cualquier contingencia judicial local.
Además, la mayoría puede modificar las condiciones de servicio sin aceptación previa del usuario y carece de políticas claras sobre cancelaciones y reembolsos. En paralelo, el 80% de los limeños utiliza habitualmente apps de movilidad, y el 50% del presupuesto de transporte en la ciudad se destina a estos servicios, según datos de IPE. El informe concluye que la falta de regulación permite que prácticas ilegales y riesgosas se consoliden, mientras la fiscalización estatal sigue siendo insuficiente.
Análisis y proyecciones
El caso refleja un dilema que varios países han enfrentado en la última década: las plataformas de movilidad crecen más rápido que la capacidad del Estado para regularlas. Cuando eso ocurre, la discusión ya no es solo tecnológica o comercial, sino de seguridad vial, derechos del consumidor y responsabilidad administrativa. Si no se corrigen las brechas detectadas, el escenario más probable es una profundización de la informalidad, con mayor exposición del usuario a fraudes, incidentes y disputas difíciles de resolver.
También puede anticiparse una presión creciente para que el Estado peruano unifique criterios entre sus entidades y establezca reglas específicas para delivery, taxi por aplicativo y otros servicios similares. En la experiencia internacional, la tendencia ha sido avanzar hacia registros más estrictos, trazabilidad de conductores, seguros obligatorios y canales efectivos de reclamo. Sin medidas de ese tipo, la asimetría entre la velocidad del negocio y la lentitud regulatoria seguirá favoreciendo a los actores con menor control.
Evolución reciente del debate
En los últimos años, el debate sobre movilidad digital pasó de centrarse en la comodidad y la innovación a enfocarse en la seguridad, la informalidad y la protección del usuario. Al inicio, muchas plataformas fueron presentadas como soluciones modernas frente a un transporte tradicional insuficiente; con el tiempo, sin embargo, se hizo más evidente que la expansión sin reglas claras genera tensiones con el sistema formal y deja vacíos en la supervisión.
En ese contexto, la postura de los actores principales también fue cambiando. Mientras el sector empresarial ha defendido la flexibilidad del modelo y la conveniencia para el usuario, organizaciones de consumidores y especialistas comenzaron a exigir controles mínimos, transparencia contractual y responsabilidad ante incidentes. La evolución del debate en Lima muestra justamente ese desplazamiento: de la innovación como promesa, a la regulación como necesidad impostergable.
