Sánchez Berzain alerta sobre la impunidad del castrochavismo en América Latina
Un análisis político sostiene que la impunidad de los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia sigue siendo el principal obstáculo para la libertad y la seguridad en la región. La mirada también repasa el avance y la evolución del llamado socialismo del siglo 21 en las últimas dos décadas."La historia demuestra que cuando la concentración de poder se combina con impunidad, la democracia entra en crisis": esa premisa atraviesa el duro diagnóstico del abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzaín sobre el llamado socialismo del siglo 21 en América Latina. Su planteo ubica a Cuba como el núcleo de una arquitectura política y criminal que, según su visión, se expandió durante más de un cuarto de siglo y aún proyecta efectos sobre la región.
Sánchez Berzaín afirma que durante más de 25 años se consolidó una dinámica de corrupción, narcoterrorismo, violaciones judicializadas de derechos humanos, masacres, torturas, asesinatos, persecución de inocentes, migraciones forzadas, tráfico de personas, abuso de menores, terrorismo de Estado y otros delitos. En ese marco, sostiene que el fenómeno descrito como “grupo delictivo organizado” tiene como objetivo sostener la impunidad de quienes ejercen el poder en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, además de sus aliados o satélites en el resto del continente.
El texto remite a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocida como Convención de Palermo, cuyo artículo 2 inciso a define como grupo delictivo organizado a una estructura de tres o más personas que actúe concertadamente durante cierto tiempo para cometer delitos graves y obtener un beneficio material. A partir de esa definición, el autor sostiene que el entramado político impulsado por Hugo Chávez, Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva encaja en ese concepto, y que desde 1999 fue ampliándose hasta alcanzar influencia en gran parte de Latinoamérica.
En su reconstrucción, ese proceso derivó en la instalación o consolidación de regímenes de fuerte control estatal en Venezuela, con Chávez y Maduro; en Nicaragua, con Ortega y Murillo; en Bolivia, con Morales y Arce; y en Ecuador, con Correa. También menciona gobiernos y liderazgos regionales a los que atribuye rasgos “para dictatoriales” o afinidad con ese esquema, entre ellos los Kirchner en Argentina, Toledo en Perú, Lugo en Paraguay, Boric en Chile, Lula y Rousseff en Brasil, López Obrador y Sheinbaum en México, Petro en Colombia y otros. El señalamiento reproduce una lectura política que asocia distintas experiencias de izquierda latinoamericana con la expansión de un mismo proyecto regional.
El autor plantea que, bajo ese esquema, la política fue desplazada por la delincuencia organizada transnacional y revestida con el rótulo de socialismo del siglo 21, al que identifica como “comunismo del siglo 21”. Según su análisis, el proceso no se limitó a la disputa electoral: también habría implicado reformas constitucionales, cambios legales, alteraciones de códigos y procedimientos, y la colocación de operadores o cómplices en áreas clave del Estado, la justicia y las instituciones públicas.
En ese recorrido, Sánchez Berzaín describe un cambio cultural más amplio: una progresiva sustitución de la libertad por el sometimiento, del mérito por el facilismo y de los principios por la tolerancia al delito. Esa transformación, sostiene, habría facilitado que la corrupción y la captura institucional se volvieran mecanismos de supervivencia y de éxito económico para redes vinculadas al poder. En términos históricos, este tipo de debate se enmarca en una disputa regional que se intensificó desde la llamada “marea rosa” de comienzos del siglo XXI y que luego se reconfiguró con ciclos de alternancia, crisis económicas y polarización.
Como síntesis de la evidencia que, a su juicio, prueba la existencia de ese grupo organizado en el poder, enumera la situación de narcoestados en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador; la presencia de territorios, estados o provincias con rasgos narcos en México, Argentina, Colombia, Brasil y otros países; el caso Lava Jato en Brasil y su supuesto impacto regional; la riqueza injustificable atribuida a gobernantes y entornos del socialismo del siglo 21; la existencia de presos y exiliados políticos; asesinatos como los del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador y del teniente Ronald Ojeda en Chile; masacres represivas; muertes en prisiones de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua; y expropiaciones de bienes, empresas y recursos.
En su visión, el contexto geopolítico reciente abrió una etapa de cambios importantes: menciona la captura de Nicolás Maduro, el aumento de la ofensiva contra el narcoterrorismo, la presión para que gobiernos para dictatoriales extraditen criminales, la coordinación internacional para desmantelar narcoestados y la identificación pública del “grupo delictivo organizado”. El planteo, sin embargo, no da por cerrada la disputa y subraya que la cabeza del esquema permanece intacta.
Análisis y proyecciones: Más allá del tono acusatorio del texto, el tema central apunta a un dilema persistente en la región: cómo enfrentar redes de poder que combinan control político, uso selectivo de la justicia y debilitamiento de contrapesos institucionales. En América Latina, los ciclos de expansión del estatismo, las crisis económicas y la polarización han favorecido tanto la consolidación de liderazgos fuertes como la reacción de sectores que reclaman mayor cooperación internacional contra el crimen transnacional. Si ese péndulo continúa, el escenario más probable es una región todavía fragmentada, con democracias bajo tensión, mayor presión por sanciones, extradiciones y juicios, y una discusión cada vez más intensa sobre la legitimidad de los proyectos políticos identificados con el socialismo del siglo 21.
Evolución reciente del tema: En los últimos años, la conversación regional cambió de eje. Lo que durante mucho tiempo fue presentado como un debate ideológico entre izquierda y derecha pasó a leerse también en clave de seguridad, corrupción y captura del Estado. Tras los escándalos de corrupción, el deterioro económico en varios países y el endurecimiento de la crisis en Venezuela y Nicaragua, crecieron las críticas a los modelos de poder concentrado. Al mismo tiempo, algunos gobiernos antes asociados a esa ola moderaron discursos o buscaron nuevos equilibrios, mientras otros mantuvieron alianzas y estructuras similares. En ese marco, la narrativa sobre el “castrochavismo” o el “comunismo del siglo 21” ganó centralidad entre sus críticos como una forma de describir la continuidad de ciertos métodos de control político en la región.
La conclusión del autor es tajante: mientras persista la impunidad de quienes detentan el poder en Cuba y Nicaragua, y mientras se mantengan estructuras afines en Bolivia y Venezuela, no habrá democracia plena ni seguridad para los pueblos de las Américas. Desde esa perspectiva, la lucha contra la impunidad aparece como la condición indispensable para cualquier reconstrucción institucional en la región.
* Abogado y Politólogo. Director el Interamerican Institute for Demodracy
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