Amín respalda la ofensiva contra las fotomultas en Bogotá
Papo Amín respaldó la propuesta de Abelardo de la Espriella para modificar el sistema de fotodetección y reducir el costo de las multas de tránsito. El debate reavivó las críticas sobre el presunto carácter recaudatorio de las cámaras en Bogotá.«Las multas deben ser proporcionales y no convertirse en una condena económica»: la discusión sobre las fotomultas en Bogotá volvió a tomar fuerza con esa premisa, que revive un debate de larga data en América Latina sobre si estos sistemas realmente salvan vidas o si terminan siendo, en la práctica, una fuente de recaudo. En ese contexto, el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, expresó su apoyo público a la iniciativa impulsada por Abelardo de la Espriella para transformar el sistema de detección vial mediante cámaras de fotomultas en la capital colombiana.
La controversia se intensificó luego de que De la Espriella afirmara que impulsará cambios de fondo en el régimen de tránsito. Según dijo, buscará poner freno a los “abusos y sobrecostos” que, a su juicio, golpean el bolsillo de millones de conductores en Colombia. También adelantó que propondrá al Congreso una reducción de hasta el 50% en el valor actual de las multas de tránsito, al sostener que una infracción debe recibir una sanción proporcional y no derivar en una carga económica excesiva para una familia.
Amín recogió ese planteo y lo convirtió en una bandera política que viene sosteniendo desde hace años. A través de su cuenta oficial en la red social X, aseguró que las cámaras de detección de infracciones no contribuyen a la seguridad vial, sino que buscan recaudar dinero a costa de los ciudadanos. “El fin de las cámaras de fotomultas NO es salvar vidas, están para recaudar y abusar de TODOS los colombianos. 4 años dando esta lucha, defendiendo los conductores y lo seguiré haciendo. Gracias al gobierno del Presidente @ABDELAESPRIELLA se les acabará el negocio (sic)”, escribió.
En una intervención ante el Concejo, el cabildante insistió en esa línea crítica y apuntó directamente contra la Secretaría de Movilidad. “Las cámaras de foto comparendo no están salvando vidas, son cámaras de recaudo. Este tema no es nuevo. Llevo más de cuatro años en esta misma lucha”, sostuvo el presidente del órgano legislativo local.
También cuestionó la mirada de las autoridades sobre quienes conducen y señaló que muchas decisiones se toman sin ponerse en el lugar de los usuarios de las vías. “Lo que sí no puedo creer, secretaria, es que si usted, que no maneja, no sea capaz de ponerse en los zapatos de los que sí manejamos. Pongámonos en los zapatos de los que sí manejamos, porque muchas veces vamos en un carro, secretaria, y hoy los carros tienen tanta tecnología que con acelerarlo un poquito se va a más de cincuenta kilómetros por hora”, afirmó.
Los límites de seguridad según Amín: “Ridículos”
Amín también calificó como desproporcionados los límites de velocidad fijados para los principales corredores viales de Bogotá. A su juicio, el tope de cincuenta kilómetros por hora resulta excesivamente bajo para vías de alto flujo y termina favoreciendo un esquema de sanción masiva más que de prevención.
“El límite de cincuenta kilómetros por hora en los principales corredores viales de Bogotá es completamente ridículo. Oigan esto, colegas, que es importante. De ese 94% —del total de comparendos impartidos—, un poco más del 60% son comparendos por ir a velocidades entre 56 kilómetros y 60 kilómetros por hora”, expuso ante los miembros del Concejo.
En esa misma intervención, el presidente del órgano legislativo local afirmó que la política de fotomultas deja ver un supuesto ánimo recaudatorio por parte de la Secretaría de Movilidad. “Ahí vemos el ánimo de la Secretaría de Movilidad de multar realmente a todo el que medio se pasa un poco del límite de velocidad, secretaria. Bogotanos y amigos, seguiré dando la lucha para detener este injusto recaudo que nos hacen a todos”, agregó.
Conviene recordar que las cámaras de fotodetección han sido defendidas históricamente por las autoridades de tránsito como herramientas para reducir la accidentalidad y ordenar la circulación en puntos críticos. Sin embargo, en muchas ciudades de la región —incluida Bogotá— su implementación ha estado acompañada por críticas recurrentes sobre calibración, señalización, proporcionalidad de las sanciones y uso fiscal de los recursos obtenidos, un dilema que suele reaparecer cada vez que suben los comparendos o se endurecen los controles.
Lo que comunicó De la Espriella
Más allá del debate sobre las cámaras, De la Espriella también planteó una reforma amplia del sistema de tránsito. Entre sus anuncios figura la eliminación del requisito de la llamada “casa cárcel” para habilitar los Centros Integrales de Atención, así como una reducción de 25% en el costo de los cursos para acceder a descuentos en multas, con la idea de que puedan ser impartidos directamente por las autoridades de tránsito.
Además, aseguró que revisará el costo de las licencias de conducción, buscará eliminar trámites y gastos innecesarios asociados a su expedición y propondrá extender su vigencia a ocho o diez años. Sobre el sistema de fotomultas, prometió controles más estrictos para su autorización y para la calibración de los equipos involucrados. “Endureceré los controles para su autorización porque para mí primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo”, afirmó.
Su plan incluye también una revisión integral del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), con el objetivo de detectar duplicidades o reducir de manera sustancial las tarifas que pagan los ciudadanos. En cuanto a la revisión técnico-mecánica, indicó que evaluará los costos y la periodicidad del trámite.
“No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano. Donde encuentre monopolios, sobrecostos, trámites absurdos o negocios montados alrededor de la necesidad de la gente, voy a actuar. Menos burocracia, menos abusos y más plata en el bolsillo de los colombianos”, concluyó.
Análisis y proyecciones
El eje del conflicto ya no parece estar solo en la velocidad o en la seguridad vial, sino en la legitimidad del modelo de sanción. En términos políticos, una eventual reducción de multas o un endurecimiento de controles sobre fotodetección podría reordenar el debate entre quienes priorizan la disuasión y quienes denuncian una lógica de caja. En términos institucionales, cualquier reforma de este tipo obligaría a revisar no solo los montos, sino también la señalización, la calibración de equipos, la trazabilidad de los comparendos y la transparencia de los convenios con operadores.
Si el discurso de De la Espriella llegara a traducirse en iniciativas legislativas o administrativas, es probable que encuentre apoyo entre conductores y sectores críticos del modelo actual, pero también resistencia desde autoridades de tránsito y defensores de la seguridad vial, que suelen advertir que relajar controles puede aumentar el riesgo de siniestros. En Bogotá, donde el debate por la movilidad ha sido históricamente sensible, el tema podría convertirse en un punto de fricción entre recaudación, control y cultura ciudadana.
Cómo evolucionó el debate en los últimos años
En los últimos años, la discusión sobre fotomultas y comparendos ha pasado de centrarse en la reducción de accidentes a discutir con más fuerza la proporcionalidad de las sanciones y la forma en que se administran los recursos. Antes predominaba una defensa más técnica del control automatizado; luego, a medida que se multiplicaron las quejas por multas percibidas como excesivas o por fallas de información, la conversación se desplazó hacia el uso de las cámaras como herramienta de fiscalización.
En ese recorrido, las posturas también se endurecieron. Mientras las autoridades han intentado sostener que la tecnología ayuda a ordenar el tránsito, líderes como Amín adoptaron un discurso más confrontativo, con foco en la defensa del conductor común. Del otro lado, la propuesta de De la Espriella combina alivio económico, simplificación burocrática y mayores controles, una mezcla que busca capitalizar el malestar ciudadano sin abandonar por completo el lenguaje de la seguridad vial. Esa tensión define hoy el centro del debate y anticipa que la discusión seguirá abierta en el escenario político colombiano.
