LA MOROSIDAD ENTRÓ EN LA CAMPAÑA Y EXPONE LAS CONTRADICCIONES DEL GOBIERNO
Milei niega que exista una crisis y rechaza cualquier rescate estatal. Bullrich reclama herramientas preventivas, la oposición consiguió abrir el debate en Diputados y el equipo económico impulsa créditos hipotecarios con fondos de la Anses. Detrás de la discusión financiera ya aparece la disputa electoral de 2027.
Política | Identidadcorrentina
La morosidad dejó de ser un problema reservado a bancos, billeteras virtuales y estadísticas del sistema financiero.
Entró en el Congreso.
Se instaló dentro del Gobierno.
Y comenzó a formar parte de la campaña electoral.
Javier Milei sostiene que no existe una crisis generalizada y que las deudas constituyen contratos entre particulares. Patricia Bullrich considera que deberían adoptarse medidas preventivas. La oposición reunió 133 diputados para forzar el tratamiento del tema.
Mientras tanto, el ministro Luis Caputo anunció un programa destinado a facilitar créditos hipotecarios para miles de familias.
El Gobierno niega la necesidad de intervenir, pero comienza a buscar respuestas.
MILEI: NO HAY CRISIS
La posición presidencial parte de un principio conocido.
Quien solicita un préstamo asume una responsabilidad y debe responder por ella. El Estado no debería utilizar recursos públicos para rescatar decisiones económicas privadas.
Bajo esa premisa, Milei descartó que la Argentina atraviese una crisis de morosidad y rechazó la posibilidad de organizar un salvataje general para los deudores.
Dentro del oficialismo sostienen que todavía no existen razones suficientes para aprobar nuevas leyes o modificar las regulaciones del Banco Central.
También recuerdan que hay bancos, entre ellos el Banco Nación, que ofrecen alternativas de refinanciación.
La discusión, sin embargo, no termina allí.
Una cosa es rechazar una cancelación colectiva de deudas.
Otra muy distinta es preguntarse si los consumidores recibieron información suficientemente clara antes de endeudarse, si los intereses fueron explicados de manera comprensible y si existe un mecanismo razonable para evitar que una dificultad transitoria termine en embargo.
EL AVANCE DE LA OPOSICIÓN
La oposición logró reunir 133 diputados alrededor de la problemática.
El acuerdo atravesó espacios políticos muy diferentes. Legisladores peronistas, dirigentes de izquierda, exintegrantes de Pro y otros bloques coincidieron en la necesidad de abrir la discusión.
El número alcanzado obliga al oficialismo a prestar atención.
Aunque todavía no exista un proyecto único, la Comisión de Finanzas deberá debatir posibles respuestas para los tomadores de créditos que no logran cumplir con sus obligaciones.
La amplitud del respaldo revela que el asunto posee una sensibilidad social considerable.
El endeudamiento no afecta solamente a quienes compraron productos prescindibles.
Muchas familias recurrieron al crédito para pagar alimentos, medicamentos, servicios, alquileres o gastos acumulados durante meses de pérdida del poder adquisitivo.
Tratar a todos los morosos como consumidores irresponsables podría resultar económicamente simplista y políticamente costoso.
BULLRICH PIDE PREVENCIÓN
Patricia Bullrich volvió a marcar una diferencia dentro del oficialismo.
No propone necesariamente que el Estado pague las deudas privadas. Pero considera que el Banco Central debería establecer herramientas que permitan a cada persona conocer con claridad cuánto terminará pagando antes de aceptar un préstamo.
La propuesta parece elemental.
No alcanza con informar una tasa entre decenas de números pequeños y condiciones difíciles de interpretar. El consumidor debería poder observar de manera directa:
cuánto dinero recibe;
cuánto deberá devolver;
cuál será el valor de cada cuota;
cuánto representan los intereses;
qué consecuencias tendrá un atraso.
Bullrich también habría advertido dentro del oficialismo que una multiplicación de embargos podría profundizar el problema social y afectar el consumo.
Las afirmaciones surgidas de conversaciones privadas deben mantenerse como versiones atribuidas a quienes participaron de ellas. Pero la posición pública de la senadora muestra que intenta construir un perfil propio dentro del espacio gobernante.
No rompe con Milei.
Tampoco acepta acompañar en silencio cada una de sus definiciones.
EL “MILEÍSMO CRÍTICO”
Bullrich conserva equipo político, estrategia comunicacional y capacidad para instalar asuntos propios.
Sus intervenciones sobre la velocidad de la recuperación económica, la morosidad y otras cuestiones sociales comenzaron a generar incomodidad entre dirigentes que consideran que invade áreas ajenas a sus responsabilidades.
La senadora parece buscar una ubicación particular.
Defiende el rumbo general del Gobierno, pero reclama correcciones.
Acompaña al Presidente, aunque intenta demostrar que puede advertir problemas antes de que estallen.
Esa posición podría adquirir valor a medida que se acerquen las elecciones.
Si los indicadores macroeconómicos mejoran pero una parte importante de la sociedad continúa sin percibir alivio, el oficialismo necesitará voces capaces de hablar con esos sectores sin renunciar a la identidad libertaria.
CRÉDITOS CON DINERO DE LA ANSES
La mayor contradicción no aparece en las declaraciones de Bullrich.
Surge dentro del propio equipo económico.
Mientras Milei sostiene que el Estado no debe intervenir en contratos privados, Luis Caputo impulsa un programa para utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses en el financiamiento de créditos hipotecarios.
El mecanismo previsto no consistiría en prestar directamente a las familias. Los fondos servirían para aportar financiamiento a los bancos, que posteriormente otorgarían los préstamos.
La diferencia técnica existe.
Pero también existe una pregunta política:
¿Puede el Gobierno condenar la intervención estatal mientras emplea recursos administrados por el Estado para estimular el crédito privado?
El oficialismo responde que no hay contradicción porque los préstamos serán concedidos por entidades financieras y el programa fue conocido previamente por el Presidente.
Aun así, resulta evidente que el mercado no estaba produciendo por sí solo el volumen de crédito que el Gobierno considera necesario.
Por eso aparece el Estado.
Quizá no para reemplazar a los bancos, pero sí para crear las condiciones financieras que permitan activar el sistema.
CUANDO APARECE LA “JUSTICIA SOCIAL”
Caputo utilizó una expresión particularmente incómoda para el vocabulario libertario.
Asoció el acceso a la vivienda con la “justicia social”, una idea cuestionada reiteradamente por Milei.
La frase podría haber sido simplemente una manera de describir el efecto de los créditos.
Pero expone una tensión más profunda.
La doctrina presidencial rechaza determinados conceptos por considerarlos asociados al intervencionismo y al populismo. La gestión cotidiana, en cambio, necesita hablarle a familias que desean comprar una casa, mejorar sus ingresos o encontrar una salida a sus deudas.
El problema no consiste en utilizar una expresión.
Consiste en determinar hasta dónde puede llegar el pragmatismo gubernamental sin admitir que la realidad obliga a introducir matices.
KARINA MILEI Y UN ENCUENTRO INESPERADO
La expresión volvió a aparecer durante una reunión encabezada por Karina Milei para coordinar aspectos de la eventual visita papal.
Allí participó Carlos Bianco, ministro del gobierno bonaerense y uno de los principales colaboradores de Axel Kicillof.
Fue el primer encuentro personal entre ambos.
Según trascendió, la reunión se desarrolló en buenos términos. Bianco destacó el legado de justicia social asociado al papa Francisco, utilizando precisamente una de las expresiones más resistidas por el Presidente.
La escena tuvo algo de paradoja política.
El mismo concepto rechazado por Milei apareció casi simultáneamente en boca de un ministro de su Gobierno y de un representante del kirchnerismo bonaerense frente a su hermana.
No produjo una crisis.
Pero mostró que las palabras prohibidas por la doctrina presidencial siguen apareciendo cuando la política necesita construir puentes.
RUIDOS EN EL PODER
La morosidad no es la única discusión interna.
También persisten diferencias sobre la comunicación oficial y la distribución de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo.
Las versiones sobre un supuesto desplazamiento del asesor en la estrategia digital fueron confirmadas inicialmente y luego relativizadas por el propio Gobierno.
Santiago Caputo conservaría influencia en áreas sensibles y relación directa con el Presidente, aunque algunas fuentes lo describen menos interesado en discusiones que terminan chocando con las decisiones de Karina Milei.
La secretaria general, por su parte, aparece cada vez más activa en la organización política, las alianzas electorales y la coordinación de asuntos institucionales.
No se trata solamente de una disputa entre nombres.
Detrás aparece una discusión sobre cómo debe prepararse el Gobierno para 2027:
profundizando la confrontación;
ampliando acuerdos;
moderando el discurso;
o combinando todas esas estrategias según las necesidades del momento.
EL SALARIO Y LOS LÍMITES DEL ESTADO
Otra controversia surgió alrededor de una versión según la cual el secretario de Trabajo, Julio Cordero, habría impulsado salarios de convenio superiores al millón de pesos.
La reacción interna fue inmediata.
Desde Capital Humano aclararon que el Gobierno no pretende intervenir en las negociaciones paritarias entre empresas y sindicatos.
El episodio muestra nuevamente la sensibilidad oficialista ante cualquier medida que pueda interpretarse como una intervención estatal en relaciones privadas.
Pero esa rigidez doctrinaria se enfrenta con una dificultad concreta.
Cuando los salarios, las deudas y el consumo comienzan a afectar el funcionamiento general de la economía, la frontera entre un problema privado y uno público se vuelve menos nítida.
NO HAY “PLAN PLATITA”, PERO HAY URGENCIA
El Gobierno asegura que no repetirá las políticas de distribución electoral de dinero aplicadas por administraciones anteriores.
No habrá, sostienen, un “plan platita”.
Sin embargo, existe una búsqueda evidente de medidas capaces de mejorar las expectativas antes de 2027.
Créditos hipotecarios.
Refinanciaciones.
Incentivos para adelantar inversiones.
Negociaciones con gobernadores.
Señales hacia la clase media.
El objetivo es acelerar la llegada de los resultados sin abandonar el equilibrio fiscal.
La diferencia entre una política pública legítima y una maniobra electoral no depende únicamente del calendario.
También depende de su sustentabilidad, transparencia y capacidad para resolver problemas reales.
EL PROBLEMA QUE NO DESAPARECE AL NEGARLO
Quizá la Argentina todavía no atraviese una crisis sistémica de morosidad.
Pero eso no significa que no exista un problema.
Si la cantidad de familias atrasadas continúa creciendo, podrían aumentar las refinanciaciones, los embargos, la caída del consumo y las dificultades para recuperar el acceso al crédito.
Esperar hasta que la situación se transforme en crisis tampoco parece una política prudente.
El Gobierno tiene razón al rechazar soluciones irresponsables que premien indiscriminadamente el incumplimiento y transfieran las pérdidas a toda la sociedad.
Pero la oposición y Bullrich también señalan una cuestión atendible: prevenir puede resultar menos costoso que rescatar.
ENTRE LA DOCTRINA Y LA REALIDAD
Milei intenta conservar intacto su discurso.
El Estado no debe intervenir.
Las deudas deben pagarse.
No existe una crisis.
Pero dentro de su propio espacio comienzan a aparecer propuestas, advertencias y programas que reconocen una realidad más compleja.
El Gobierno no quiere hablar de asistencia.
Habla de crédito.
No quiere hablar de intervención.
Habla de financiamiento.
No quiere hablar de rectificación.
Habla de acelerar los resultados.
Puede ser una diferencia conceptual.
También puede ser la manera de adaptarse sin reconocerlo.
La morosidad ya ingresó en la agenda política porque toca directamente el bolsillo de miles de familias. Y todo asunto que alcanza el bolsillo termina llegando a las urnas.
El oficialismo podrá discutir cómo llamarlo.
Lo que difícilmente podrá hacer es ignorarlo.
