Caso Carlos Manzo: la FGE vuelve a pedir los celulares a Quiroz

• Policiales
• 28-08-2026

“La noche es más oscura justo antes del amanecer”, decía Thomas Fuller en el siglo XVII. En una investigación marcada por tensiones, sospechas y reclamos de justicia, la Fiscalía de Michoacán volvió a colocar bajo la lupa los dispositivos móviles de Carlos Manzo, en una causa que desde su origen exhibe la complejidad de los asesinatos de alto impacto político en México.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán requirió por tercera vez los celulares de Carlos Manzo a Grecia Quiroz García para someterlos a peritajes dentro de la investigación por el homicidio del exalcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, en una diligencia que también incluyó la notificación de avances a la alcaldesa en su calidad de víctima indirecta y que volvió a revisar una línea vinculada al entorno cercano de la víctima.

La solicitud buscó que uno o ambos equipos fueran descritos y analizados pericialmente para integrarlos a la carpeta de investigación. La Fiscalía de Michoacán sostuvo que esa medida formó parte de las actuaciones ministeriales y técnicas abiertas para esclarecer de manera integral el crimen.

Quiroz, viuda del exedil y actual alcaldesa de Uruapan, ya se había negado en dos ocasiones anteriores a entregar los dispositivos, al argumentar desconfianza en la fiscalía local. En esta ocasión, la dependencia volvió a notificarle formalmente el requerimiento y le informó sobre las diligencias realizadas y las líneas que seguían en desarrollo.

La investigación revisó teléfonos, entorno cercano y posible filtración de información

El homicidio de Manzo ocurrió durante un evento público del Festival de las Velas, en el centro de Uruapan. Desde entonces, las autoridades detuvieron a personas presuntamente relacionadas con la planeación y ejecución del ataque y mantuvieron abiertas distintas líneas para establecer tanto la participación de una estructura criminal como posibles responsabilidades dentro del círculo cercano del exalcalde. Sin embargo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que van 31 detenidos y que el crimen fue ordenado por Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los puntos que siguieron bajo análisis estuvo la seguridad que rodeaba a Manzo y la posible filtración de información sobre sus movimientos. En ese contexto, la fiscalía mantuvo abierta una línea sobre el posible vínculo entre Quiroz y Samuel García Rivero, exfuncionario municipal procesado por su presunta participación en el asesinato.

Una exsecretaria particular de Manzo, Yesenia Méndez Rodríguez, declaró en una ampliación de denuncia que García Rivero habría llegado al Ayuntamiento por recomendación de Quiroz y que mantenía una relación cercana con ella. También señaló un presunto vínculo entre la alcaldesa y ese exfuncionario, por lo que la autoridad debía corroborar esos dichos y determinar si guardaban relación con el homicidio.

De acuerdo con autoridades federales, García Rivero habría proporcionado al Cártel Jalisco Nueva Generación información sobre las actividades y movimientos de Manzo. Esa hipótesis se sumó a las indagatorias sobre la forma en que fue posible ejecutar el ataque durante un acto público.

En términos de contexto, los homicidios de figuras municipales en México suelen tensionar dos ejes de investigación: el autor material y la posible red de apoyo o filtración. Por eso, el análisis de teléfonos, comunicaciones y vínculos personales suele ser central en causas donde la víctima administraba seguridad, agenda pública y relaciones políticas de alto riesgo.

Quiroz cuestionó la tardanza de la declaración y pidió que la FGR atraiga el caso

Frente a los señalamientos de la exsecretaria, Quiroz cuestionó que la ampliación de declaración se presentara varios meses después del crimen. La alcaldesa preguntó: “¿Por qué después de nueve meses se le ocurrió o por qué se le despertó la imaginación?”.

También emplazó a Méndez Rodríguez a explicar por qué esperó tanto tiempo para aportar la información que decía tener. En otra declaración, sostuvo: “Hay que preguntarle por qué esperó tanto tiempo si, como dice ella, tenía la información de primera mano y los argumentos”.

La presidenta municipal reiteró su disposición a colaborar con las investigaciones y volvió a solicitar que la FGR asumiera la conducción del caso. A la par, aclaró que sus encuentros con servidores públicos federales respondieron únicamente a tareas de coordinación en beneficio del municipio.

Un día antes del nuevo requerimiento, Juan Manzo Rodríguez, hermano del exalcalde, pidió a Ernestina Godoy Ramos que la FGR atrajera la indagatoria e incluyera a integrantes del círculo cercano de su familiar, entre ellos Grecia Quiroz. Sostuvo que la carpeta cumplía con tres condiciones para la atracción: conectividad con la delincuencia organizada, falta de exhaustividad de la fiscalía local e irregularidades en la escena del crimen.

En su exposición, afirmó que había varios detenidos que ya habían vinculado su participación con células criminales. También sostuvo que funcionarios municipales obtuvieron de manera ilegal los teléfonos de Carlos Manzo y que esos equipos no fueron presentados ante la fiscalía.

El móvil que planteó la SSPC apuntó a una represalia del crimen organizado

El pasado 31 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que, con base en testimonios de algunos detenidos, el móvil del asesinato fue que una organización criminal consideró que las acciones de Manzo representaban una “provocación”. Esa declaración se conoció después de la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como presunto autor intelectual y financiero del crimen.

La Fiscalía de Michoacán indicó que tanto el requerimiento de los teléfonos como la comunicación de avances se sustentaron en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Añadió que continuaría con las diligencias ministeriales y periciales necesarias, bajo principios de legalidad, objetividad y respeto al debido proceso.

Análisis y proyecciones

La causa por el asesinato de Carlos Manzo refleja una dinámica ya conocida en expedientes de alto perfil en México: cuando la hipótesis criminal se cruza con posibles omisiones, filtraciones internas y disputas políticas, la investigación suele ampliarse hacia el círculo inmediato de la víctima. En ese escenario, los peritajes sobre teléfonos pueden resultar decisivos para reconstruir comunicaciones, trayectorias y eventuales contactos previos al ataque.

Si la Fiscalía logra sostener la cadena de indicios que vincula a operadores locales con la estructura criminal atribuida al CJNG, el caso podría fortalecerse en los tribunales y abrir responsabilidades penales más amplias. En cambio, si no logra corroborar los señalamientos sobre el entorno cercano, la investigación quedará expuesta a cuestionamientos públicos y a la presión de que intervenga la FGR, algo que la familia de Manzo ya viene reclamando para asegurar mayor imparcialidad.

Cómo evolucionó el caso en los últimos meses

Desde el crimen, la narrativa oficial pasó de una investigación centrada en autores materiales a una línea más amplia sobre coordinación criminal, posibles filtraciones y responsabilidades indirectas. La detención de múltiples personas y la mención de un presunto autor intelectual reforzaron la idea de una operación planificada, mientras que la familia del exalcalde endureció su reclamo por una pesquisa federal.

Al mismo tiempo, Quiroz pasó de responder a un duelo personal y político a convertirse en una figura clave dentro del expediente, tanto por su rol institucional como por las sospechas que la fiscalía mantiene abiertas sobre su entorno. Ese viraje explica por qué cada avance procesal, incluido el pedido de los celulares, no solo tiene impacto judicial sino también una fuerte lectura política y simbólica en Uruapan y en Michoacán.

• La FGE pidió por tercera vez a Grecia Quiroz los teléfonos de Carlos Manzo para peritarlos e integrarlos a la investigación por su homicidio.

• La indagatoria mantuvo abierta una línea sobre Samuel García Rivero, exfuncionario municipal, y la posible filtración de información sobre los movimientos del exalcalde.

• Quiroz cuestionó la declaración tardía de la exsecretaria Yesenia Méndez y reiteró su pedido para que la FGR atraiga el caso.