Grecia Quiroz exige pruebas por acusaciones sobre Samuel “N”
La alcaldesa de Uruapan pidió que se exhiban las pruebas sobre el supuesto aumento salarial a Samuel “N” y las acusaciones que lo vinculan con filtraciones de información. La Fiscalía de Michoacán ya realiza diligencias para esclarecer su eventual relación con el caso.
En un escenario marcado por la violencia política que ha golpeado a Michoacán durante años, las acusaciones contra funcionarios y allegados a víctimas de homicidio suelen abrir una segunda batalla: la de la credibilidad pública y la prueba judicial. En ese marco, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, pidió que se presenten las pruebas del supuesto aumento que le habría dado a Samuel “N”, detenido por presuntamente filtrar la agenda de Carlos Manzo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La edil fue señalada recientemente por Yesenia Méndez, exsecretaria particular de Manzo, de haber recomendado a Samuel “N” para obtener un cargo dentro del ayuntamiento y de darle un nuevo puesto luego del asesinato de su esposo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
Las acusaciones fueron planteadas como parte de la ampliación de su testimonio ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), lo que derivó en que las autoridades confirmaran que ya realizan las diligencias correspondientes para investigar la relación que Quiroz tendría con el sujeto. En casos de esta naturaleza, la indagatoria suele concentrarse en documentos administrativos, cadenas de mando y eventuales comunicaciones internas que permitan distinguir entre nombramientos legítimos, recomendaciones políticas o eventuales actos de encubrimiento.
A los señalamientos también se sumó Juan Daniel Manzo, hermano del exedil de Uruapan, quien aseguró que la ahora alcaldesa le subió el sueldo a 70 mil pesos a Samuel “N” cuando regresó a trabajar al ayuntamiento tras el asesinato de Carlos Manzo.
Análisis y proyecciones: el caso puede escalar más allá de una controversia laboral o administrativa, porque involucra presuntas filtraciones de información sensibles en un entorno donde los grupos criminales han buscado aprovechar estructuras municipales para obtener ventajas operativas. Si la FGE logra sostener sus líneas de investigación con evidencia documental y testimonial, el expediente podría derivar en responsabilidades políticas y penales; si no, el caso quedará como un nuevo episodio de disputa interna en torno al legado de Carlos Manzo y al control institucional de Uruapan.
Evolución reciente del caso: en los últimos años, la discusión en torno a Uruapan ha estado atravesada por el deterioro de la seguridad y por una creciente presión sobre autoridades locales para transparentar nombramientos, movimientos de personal y vínculos con excolaboradores. Tras el asesinato de Carlos Manzo, el foco se desplazó hacia la continuidad administrativa de su equipo y hacia las decisiones tomadas por la nueva gestión, lo que explica que cada designación o ajuste salarial sea observado con especial suspicacia por parte de actores políticos y familiares.
*Información en desarrollo...
