Recusan al juez Inchausti en una causa por juego online

• Edictos Judiciales
• 26-08-2026

“La justicia debe no solo ser imparcial, sino también parecerlo”. Esa máxima, asociada a uno de los principios más arraigados del derecho procesal contemporáneo, atraviesa la nueva embestida judicial contra el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, denunciado ante el Consejo de la Magistratura y recusado en la causa 16.997/2023 por Guillermo Pinarello, uno de los imputados en una investigación por explotación de juego online clandestino y lavado de activos.

Pinarello acusó al magistrado de haber difundido información reservada cuando regía el secreto de sumario, de aplicar criterios diferenciados entre imputados y de haber intervenido en la ejecución de una resolución de la Cámara Federal que le había concedido la prisión domiciliaria a otro acusado. Además, solicitó formalmente que sea apartado del expediente por considerar que existen elementos de “enemistad manifiesta” y “pérdida objetiva de la imparcialidad”.

El imputado es investigado como presunto organizador de una asociación ilícita dedicada a operar casinos online sin autorización e introducir las ganancias en el sistema financiero a través de distintos mecanismos, entre ellos cuentas y billeteras virtuales. Este tipo de maniobras se volvió un foco central de la criminalidad económica en los últimos años, en un contexto en el que el juego clandestino digital se expandió aprovechando la masificación de plataformas, la intermediación tecnológica y la dificultad de control estatal.

Entre los argumentos principales de la recusación aparece un episodio que, según Pinarello, se remonta a 2016 y tuvo como protagonistas al juez y al padre del acusado, Elías Guillermo Pinarello, entonces Director de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata. De acuerdo con el escrito, ambos mantuvieron una fuerte discusión en el despacho del magistrado por diferencias de criterio institucional.

Pinarello afirma que en esa reunión Inchausti le dijo a su padre que en la ciudad se investigaría lo que él dispusiera y que, si no se adecuaba a sus directivas, “duraría poco tiempo en el cargo”, en una frase que —según la presentación— proyectaría sus efectos sobre el expediente actual.

La recusación sostiene que aquel conflicto nunca se cerró y que terminó influyendo en el tratamiento de la causa que hoy involucra al imputado. Como respaldo, enumera distintas medidas adoptadas contra su padre, entre ellas una inhibición general de bienes ordenada en noviembre de 2025, que se mantiene vigente, y el bloqueo temporal de la cuenta sueldo en la que percibía sus haberes, pese a que hasta el 6 de agosto de 2026 no había sido citado a indagatoria.

Pinarello también cuestionó el modo en que fue tratado en comparación con otro imputado de la misma causa, Joaquín Otero Cao. Según su presentación, Inchausti había concedido en primera instancia la prisión domiciliaria a Otero Cao y rechazado la suya; luego, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó ese criterio y terminó otorgándole el beneficio.

En ese punto, el imputado sostiene que Otero Cao pudo salir del penal sin tobillera electrónica previa, mientras que en su caso el juzgado condicionó la libertad a la colocación del dispositivo. Esa exigencia lo habría mantenido casi diez días más en prisión, aun cuando la Cámara ya había dispuesto la domiciliaria. También denunció que se le impuso una caución de $100 millones, el doble de los $50 millones fijados para su coimputado.

Otro eje del planteo se relaciona con las circunstancias en las que quedó a disposición de la Justicia. Pinarello asegura que se entregó de manera voluntaria tras enterarse del pedido de captura y que esa decisión había sido comunicada por escrito en el expediente. Sin embargo, afirma que desde el juzgado y la fiscalía se instaló la versión de que había sido detenido cuando intentaba escapar, relato que después fue replicado por distintos medios de comunicación.

Las filtraciones periodísticas constituyen uno de los capítulos más sensibles de la denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura. Pinarello señaló que el secreto de sumario fue levantado el 13 de noviembre de 2025 a las 14, pero que antes de ese momento diversos medios ya habían difundido detalles de la investigación, hipótesis acusatorias y aspectos personales de los involucrados. Por eso pidió que se investigue el origen de esas filtraciones.

En su escrito, el imputado invocó además doctrina de la Corte Suprema sobre la imparcialidad judicial, al sostener que no basta con que el juez sea imparcial en los hechos, sino que esa condición debe ser objetivamente verificable para las partes. A su criterio, los episodios descriptos conforman una secuencia de conductas que se proyecta desde el conflicto personal de 2016 hasta las decisiones adoptadas en la causa actual.

La presentación se da sobre un magistrado que ya había recibido otras denuncias y cuestionamientos a lo largo de su trayectoria. Inchausti es titular del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata y también subroga el Juzgado Federal N° 1, los dos únicos juzgados penales federales de la ciudad, lo que le otorga un peso institucional decisivo en ese fuero. En sus 15 años como juez fue acusado por abuso de autoridad, mal desempeño e imparcialidad, y ganó notoriedad con el apodo de “el juez encarcelador”, asociado a su presunta tendencia a ordenar detenciones antes que avanzar en la investigación.

Análisis y proyecciones: La recusación de un juez federal en una causa de alto impacto suele tener dos efectos inmediatos: tensiona la validez percibida de las decisiones adoptadas y puede ralentizar el trámite del expediente si el planteo escala a una instancia superior. En causas complejas como las vinculadas al juego online clandestino y al lavado de activos, la discusión sobre imparcialidad, filtraciones y trato desigual entre imputados no solo afecta a las partes, sino también a la confianza pública en el sistema judicial. Si la objeción prospera, el expediente podría redistribuirse o quedar sujeto a revisión de actos previos; si es rechazada, el caso probablemente profundice el debate sobre el estándar de independencia exigible a los magistrados penales federales.

Evolución del caso y de sus protagonistas: La relación entre Pinarello e Inchausti aparece marcada por un antecedente que, según la denuncia, se arrastra desde 2016 y hoy reaparece en una investigación penal distinta pero atravesada por la misma desconfianza. En los últimos años, las discusiones sobre juego clandestino digital y activos de origen ilícito se volvieron cada vez más frecuentes, impulsadas por el crecimiento de plataformas virtuales y nuevas herramientas de pago. En paralelo, el rol del juez federal de Mar del Plata ha quedado bajo una lupa más intensa por su centralidad en un distrito con una estructura judicial acotada, donde cada decisión tiene un impacto particularmente visible. La postura de Pinarello, que ahora pide el apartamiento del magistrado, refleja una estrategia defensiva orientada a cuestionar no solo la prueba sino también el terreno institucional en el que se tramita la causa.

En esta oportunidad, Pinarello pidió que Inchausti sea apartado de la causa “en resguardo de la garantía constitucional del juez imparcial”. Y, en caso de que el magistrado no acepte inhibirse, solicitó que las actuaciones sean elevadas de inmediato al tribunal superior para que resuelva el planteo.