Petro convoca a estudiantes contra borrador de decreto educativo
Gustavo Petro rechazó el borrador de decreto que habilita la contratación de particulares para administrar establecimientos educativos oficiales en casos excepcionales. El expresidente llamó a una movilización nacional de estudiantes, docentes y familias para defender la educación pública.“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”, dijo Nelson Mandela, una idea que vuelve a cobrar fuerza cada vez que un país discute quién debe administrar sus escuelas públicas. En Colombia, ese debate reapareció con el borrador de decreto que, según Gustavo Petro, podría abrir la puerta a la intermediación privada en el servicio educativo oficial.
El expresidente Gustavo Petro convocó este martes a una movilización nacional del estudiantado de colegios públicos tras conocerse el borrador de decreto que prepara el Ministerio de Educación, a cargo de Vivian Morales, para modificar el Decreto 1075 de 2015 y abrir la puerta a la contratación de particulares en la prestación del servicio educativo oficial.
El borrador del documento oficial, aún sin número asignado, lleva la firma del presidente de la República e introduce cambios al Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, especialmente en lo referido a la administración del servicio educativo por parte de las entidades territoriales certificadas.
El texto autoriza que esas entidades celebren contratos con particulares, comunidades organizadas u otras entidades para administrar establecimientos educativos estatales cuando se evidencie insuficiencia en la oferta oficial.
La comparación con el sistema de salud
Petro trazó un paralelo directo entre esta iniciativa y el modelo de intermediación que, a su juicio, contribuyó al deterioro del sistema de salud colombiano. En su lectura, trasladar esa lógica al campo educativo implicaría reproducir los mismos problemas que han acompañado a los esquemas de tercerización: fragmentación de responsabilidades, presión por la rentabilidad y menor control estatal sobre la calidad del servicio.
“Abelardo plantea por decreto establecer el sistema de salud con intermediarios privados en el sistema de la educación pública”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.
A eso sumó una advertencia política y social: “La consecuencia sería la misma: negociados y empobrecimiento de la educación”.
El decreto en borrador establece que la contratación con privados tendrá carácter excepcional y solo procederá cuando las entidades territoriales certificadas demuestren previamente su incapacidad para prestar el servicio en los establecimientos estatales de su jurisdicción.
El texto también fija obligaciones para los contratistas: no subcontratar el objeto del contrato, no cobrar a los estudiantes por componentes de la canasta educativa y no vincular personal mediante cooperativas de trabajo asociado.
Quiénes serían los nuevos operadores, según Petro
El exjefe de Estado fue más allá de la crítica técnica y apuntó contra los actores que, a su juicio, se beneficiarían de la reforma. “En vez de más estudiantes y profesores, el dinero se volvería ganancia particular de iglesias del evangelismo sionista y de la politiquería mafiosa”, afirmó.
Para Petro, el resultado no sería educación en sentido estricto. “Lo que tendríamos no sería una educación, sino un sistema de embrutecimiento, ahí sí ideológico. Un formateo para seres esclavos”, sostuvo en la misma publicación.
El llamado a la movilización
La reacción del exmandatario no se limitó al diagnóstico. Petro convocó de forma explícita a tres sectores: el estudiantado de secundaria, el profesorado y los padres y madres de familia. “La respuesta debe arrancar ya del estudiantado de los colegios públicos: hora de moverse”, escribió.
El llamado incluyó una propuesta organizativa concreta: “Invito a los estudiantes de secundaria a configurar los comités estudiantiles por colegio para organizar la gran movilización por la educación pública”.
El borrador del decreto, cuyas páginas circularon en redes sociales, modifica artículos del capítulo 2.3.1.3 del Decreto 1075 de 2015 y se ampara en el artículo 27 de la Ley 715 de 2001, que ya contempla la contratación con privados cuando se acredite insuficiencia en la oferta estatal. El Ministerio de Educación no había emitido pronunciamiento público sobre el texto al momento de la publicación de esta nota.
Análisis y proyecciones
El trasfondo del debate remite a una tensión histórica en América Latina: hasta dónde puede llegar la participación de privados en servicios sociales sin que ello implique una sustitución del deber estatal. En educación, los modelos de concesión o administración tercerizada suelen defenderse como una salida para cubrir vacíos de oferta, pero también generan sospechas cuando no existen controles robustos sobre calidad, cobertura y transparencia.
Si el borrador avanzara, el eje del conflicto probablemente se trasladaría a dos frentes: la legitimidad política del decreto y la interpretación jurídica de sus alcances frente a la ley vigente. Al mismo tiempo, la movilización estudiantil podría convertir el tema en una bandera de oposición más amplia, en especial si docentes y familias asumen que la medida representa una puerta a la privatización gradual del servicio.
En el plano comparado, la discusión recuerda experiencias donde la tercerización educativa terminó profundizando desigualdades territoriales, sobre todo en zonas rurales o periféricas, donde la capacidad de supervisión del Estado suele ser más débil. De allí que el punto crucial no sea solo quién administra, sino qué estándares, financiamiento y mecanismos de control acompañan cualquier eventual contratación.
Evolución del debate en los últimos años
En los últimos años, la discusión sobre educación pública en Colombia ha girado cada vez más en torno a la financiación, la infraestructura escolar y la forma de ampliar cobertura sin perder control estatal. Las posturas, además, se han polarizado: mientras algunos sectores plantean alianzas con operadores externos como respuesta a la insuficiencia de oferta, otros ven en esas fórmulas una amenaza a la gratuidad, la equidad y la rectoría pública.
La posición de Petro también se ha endurecido con el tiempo frente a cualquier esquema de intermediación en servicios esenciales. Desde su discurso político, la defensa de la educación pública se ha convertido en un eje central, en sintonía con su rechazo a modelos que, según él, priorizan la ganancia privada por encima del acceso universal y la calidad.
En ese contexto, el borrador de decreto amenaza con reabrir un debate estructural sobre el papel del Estado en la educación y podría anticipar una nueva pulseada entre el Gobierno, la oposición y las comunidades educativas, con la calle como escenario principal de presión.





















